Este martes se conocieron los resultados provisorios del Censo 2022 y uno de los datos que generó más polémica es el de las personas que están en situación de calle: según las cifras oficiales, de los 46.044.703 habitantes del país, solo hay 2962 que no tienen techo, y de ese total, casi el 63% están en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Aunque los especialistas en la problemática y las organizaciones que dan asistencia a esta población destacan la importancia de que por primera vez se haya realizado un operativo específico para contabilizarlas (un reclamo que llevaba muchos años), sostienen que los números del Indec están lejos de retratar la realidad.
“Se cuenta mal”, sentenció Jorgelina Di Iorio, psicóloga e investigadora del CONICET, y que criticó: “Así como es clave que se contabilice a estas personas, si el Estado cuenta mal, el número no sirve. Ese es el primer punto a tener en cuenta”.
Según los resultados, las jurisdicciones con mayores números de personas en situación de calle son la provincia de Buenos Aires con 961 (32,44% del total), de las cuales 797 viven en el Gran Buenos Aires y otras 164 en el interior de la provincia. Luego aparecen Salta con 244 personas, Santa Fe con 209, Entre Ríos con 139, Córdoba con 91 y Jujuy con 82. Mientras que hubo cinco jurisdicciones que no registraron personas en situación de calle: Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En el caso de Misiones, solo 26 personas fueron registradas como población en situación de calle, encontrándose todas en el departamento Capital.
Por otro lado, el Censo contabilizó a 273.883 personas que se encuentran en “viviendas colectivas”, que incluyen refugios, paradores, geriátricos y prisiones, entre otras instituciones.
“Estar en un parador o refugio, según la ley de personas en situación de calle, es estar en la calle, porque no es una vivienda permanente. Es decir, estar en la calle abarca tanto a quienes están en espacios públicos como a los que viven en estos dispositivos, pero en el censo aparecen dentro de la categoría ‘vivienda colectiva’”, detalla Di Iorio en diálogo con La Nación.
Disponer de cifras correctas que den cuenta de la magnitud del fenómeno es la base para definir presupuestos e implementar políticas públicas dirigidas a esta población, permitiéndoles acceder a derechos elementales que les están siendo vulnerados. “Sino se cuenta a estas personas, se las invisibiliza”, dice Di Iorio.
Fuente: Medios Digitales
