Entrados ya de lleno en el último trimestre del año, todo indica que el Congreso dejará en la columna del debe una nueva Ley de Alquileres que modere el daño que viene sufriendo el mercado y todos sus implicados desde la sanción de la que sigue vigente.
Durante estas semanas y luego de interminables audiencias en las que inquilinos, propietarios, inmobiliarias y corredores dejaron expuesta la urgente necesidad de cambiar las reglas, había surgido un consenso inicial en el arco opositor de la Cámara de Diputados de la Nación que estipulaba cambios en los plazos de los contratos y otras modificaciones.
Sin embargo y a partir de la disidencia de algunos legisladores, el consenso se rompió y con ello se diluye rápidamente la posibilidad de contar con una nueva norma este año. Con todo, la disidencia de los que primero apoyaron esos cambios se habría producido por cláusulas muy desfavorables para los inquilinos como el de ajustes de precios trimestrales.
Así las cosas y frente a la disparidad de opiniones en el Congreso, durante estos meses los que debieron renovar contratos lo hicieron con valores muy superiores a los esperados, con actualizaciones de entre el 60 y el 70%. El daño económico para las familias con poder adquisitivo recortado por la inflación es brutal a estas alturas. La oferta de inmuebles, por otra parte, también se vio retraída por cláusulas que los propietarios consideran desfavorables.
En un país con creciente emergencia habitacional como el nuestro, no haber madurado en estos años una Ley de Alquileres equitativa y equilibrada raya lo vergonzoso.
La dinámica política argentina, es cierto, se devora los temas y las urgencias, pero también lo es que apenas días después de haber sancionado la ley de alquileres vigente, en junio de 2020, notaron que era horrible y necesitaba cambios. Los mismos, al parecer, quedarán para 2023… con suerte.
