El diputado Héctor “Cacho” Bárbaro fue citado por la Justicia Federal para prestar declaración testimonial el 1 de noviembre próximo, tras la denuncia de la Tabacalera Sarandí SA, por supuesto lobby a favor de la afiliada local de Philips Morris International.
Sarandí se presentó como querellante en la causa que quedó en manos del juez Ariel Lijo y pretende que se aclaren reuniones y citaciones que supuestamente mantuvo el diputado Cacho Bárbaro con altos ejecutivos de Massalin Particulares, sobre todo con Matias O’Farrel, vicepresidente de Philip Morris International.
Consultado por PRIMERA EDICIÓN al respecto, Bárbaro aclaró que la citación de la Justicia es “que me presente como testigo”, dijo y a la vez aseguró que se sostiene en “la actitud que siempre toma esa empresa (Sarandí) para amedrentar”.
“Busca asustarnos a quienes reclamamos el derecho justo. En las recientes marchas (del 19 y 20 de septiembre pasado) además de estar apoyando como diputado asistí como productor a reclamar que se cumpla la ley”, enfatizó en diálogo con este Diario.
“Lo que pasa es que ellos (por Sarandí) tienen un equipo de abogados que están para eso y nos convocaron a todos quienes participamos en la resolución de la llamada ‘ley Massalin’ de impuestos aprobada en 2017”, relató Barbaro.
“A mí me citan como testigo de la causa y además me piden explicaciones de lo que hago en la Cámara. Es una barbaridad”, enfatizó el legislador del Frente de Todos.
Las tabacaleras quieren que la Justicia dilucide la relación de Bárbaro con O’Farrell, su posible vínculo con la multinacional y su apoyo bastante llamativo a los ojos de Sarandí hacia Massalin.
Respuestas en el Congreso
En paralelo el diputado Bárbaro debe responder un requerimiento que hizo la misma empresa ante el Congreso de la Nación, con intenciones de removerlo de la banca que ocupa actualmente, y sobre lo cual ya había anticipado medidas en septiembre último.
“Estoy respondiendo las preguntas que me hicieron con respecto a mi trabajo legislativo. Quieren apretar por todos lados”, remarcó.
De hecho, la Unión Tabacalera PyMEs Argentina (Untapya) presentó en septiembre, el mismo día de las marchas en Buenos Aires, una nota a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para exigir que se estudie la participación del legislador del Frente de Todos, ya que a su entender ser parte de los reclamos no es compatible con su investidura.
Según la nota firmada por Osvaldo Trillo, presidente de Untapya, Bárbaro impulsó la movilización de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en contra del juez Enrique Lavié Pico, quien en junio de este año había declarado la inconstitucionalidad de tres artículos de la ley 27.430 y por esa razón eximió del pago del impuesto mínimo obligatorio a la Tabacalera Sarandí.
“Sarandí afirma que yo me fui a la Justicia a presionar para que se levanten las cautelares y la verdad es que los productores le fuimos a reclamar a los jueces que no pueden beneficiar a algunas empresas para que no paguen impuestos mínimos. Estos de Sarandí no van a dejar de presionar por todos lados ni de amedrentar. La verdad es que si ellos quieren mi banca que se la lleven. Si yo voy a tener que ocuparla para obedecer órdenes de una empresa, que se llevan la banca”, finalizó.
Denuncia en plena marcha
Esa disminución en el pago de sus tributos afecta de lleno al FET ya que supone un recorte millonario que dejan de percibir las provincias tabacaleras.
En ese sentido, dirigentes y agricultores de Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco y otras provincias productoras exigieron el cumplimiento de la Ley 24.674 que establece los impuestos mínimos a la venta de cigarrillos un 27%, cuya parte de la recaudación se destina al FET. En los hechos, las empresas que lograron los Amparos abonan sólo 5%.
Mientras se desarrollaban las protestas, en distintos puntos de CABA, el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro era notificado por la Justicia de las causas impulsadas por Sarandí.
De hecho, en declaraciones a los medios, directivos de la empresa habían criticado fuertemente al legislador y aseguraron que iban a pedir su destitución en el Congreso de la Nación, por estar ubicado de un “lado y del otro del mostrador”.
