El juez federal Enrique Lavié Pico dictaminó la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo, que rige para la venta de cigarrillos. Además, de pronunciarse en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se opuso al fallo de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2021.
Con esta decisión, se habilitaría a toda la industria tabacalera a evitar el pago del mínimo de $151 por paquete y a comercializar cigarrillos a precios tres veces más bajos que los actuales.
El polémico fallo del juez se basa en el tamaño y posicionamiento de las empresas que obtienen las cautelares para no pagar los impuestos. Alega en su dictamen que son empresas pequeñas que no podrían hacer frente al pago del impuesto aun cuando este grupo de jugadores ya tiene más del 30% del mercado local y algunas de ellas ya han anunciado alianzas comerciales con otras tabacaleras líderes a nivel global; tal es el caso de Tabacalera Sarandí con Imperial Tobacco, compañía de origen inglés.
Además, esgrime que el impuesto mínimo que fija el precio base por ley afecta en mayor medida a las marcas que comercializan a precios más económicos sin prestar atención a que el impuesto mínimo establecido por Ley en el año 2004 justamente lo que busca es que se eleven los precios de los productos de tabaco para desincentivar su consumo y cumplir con los objetivos de salud pública.
Este tipo de decisiones judiciales conllevan un elevado costo fiscal, afectan severamente la recaudación nacional y provincial proveniente de los impuestos al tabaco, los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) y los objetivos de salud pública.
En un contexto de escasez de recursos fiscales, se estima que el Estado nacional y los gobiernos provinciales dejaron de recaudar USD 1.650 millones en los últimos siete años (2016-2022) y en el 2022, la pérdida de recursos alcanzaría los 580 millones de dólares suponiendo que las grandes empresas continuarán pagando el impuesto mínimo.
De estos 1.650 millones de dólares (2016-2022), Misiones perdió 56 millones de dólares, Salta perdió 61 millones de dólares y Jujuy perdió 58 millones de dólares.
Ayer, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Omar Olsson, diputado provincial y expresidente de la APTM, aseguró que es “realmente vergonzoso. Es como que volvemos a foja cero (…) lamentablemente esto afecta a todos tanto al Estado Nacional, a los Estados provinciales y sin ninguna duda al sector en sí, tanto a los productores como a las entidades que los nuclean“.
Un poco de contexto
Desde el 2016 inclusive, la empresa Tabacalera Sarandí ha eludido sistemáticamente el pago del principal impuesto del sector tabacalero a través de medidas cautelares otorgadas por la Justicia Federal.
Al eludir el mínimo, Tabacalera Sarandí pudo vender sus marcas -entre ellas Red Point- a precios ultra bajos, tres veces más baratos que los de las empresas que cumplían con la regulación fiscal.
Esta ventaja competitiva generó un fuerte crecimiento de la empresa cuya facturación anual alcanzaría los USD 215 millones en 2022, y afecta directamente la recaudación del Gobierno nacional, de los Estados subnacionales, de la ANSeS y de las economías regionales tabacaleras.
Si bien el dictamen de la CSJN se refería a las medidas cautelares y no se expresaba sobre la causa de fondo, resaltaba los fines extrafiscales de los impuestos internos y la capacidad del Poder Legislativo de diseñar cuantitativamente la política fiscal.
