La subadjutor, en disponibilidad del Servicio Penitenciario Provincial tras la seguidilla de estafas con falsas gestiones para adjudicar casas del IPRODHA a cambio de dinero, podrá ser excarcelada hoy si cumple con el depósito de 300 mil pesos de caución real solicitado por el juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, que la investiga desde la semana pasada por la sucesión de denuncias por “estafas”.
El juez de turno decidió otorgarle el beneficio a la imputada aunque la fiscal de Instrucción 3, Adriana Herbociani, opinó en contra de la medida. De acuerdo a las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, entre los motivos del rechazo se baraja la posibilidad de entorpecer la evolución del expediente y respectiva investigación aún en ciernes, que tendrá la imputada en libertad.
Esta sospecha apunta a la facilidad que tendría ahora de contactar a los denunciantes e interferir en sus intenciones de que la Justicia esclarezca lo sucedido. Vale remarcar también que se intenta determinar dónde y cómo pudo haber puesto a seguro los montos de dinero que las víctima denunciaron.
Se estimó un promedio de 350 mil pesos por cada engañado con las promesas de gestión “con el político de peso en el IPRODHA” para acelerar adjudicaciones o de manera directa cambiar de titular o beneficiario de inmuebles ya destinados o preadjudicados.
Las mismas voces agregaron que aún restarían indagatorias por la misma sospecha de delito en el Juzgado de Instrucción 2. En este caso ante el juez Juan Manuel Monte se presentó una denuncia por estafa el mes pasado y tiene a la misma acusada.
Escándalo
La detención de la agente del SPP de 32 años y que prestaba funciones en el Centro de Atención Integral para el Personal Penitenciario (CIAPP) se concretó el jueves 25 de agosto pasado, cinco días después que este Diario publicara de manera exclusiva la primera denuncia.
A partir de la circulación de la noticia se registraron como efecto contagio o “cascada” presentaciones similares pero con la misma protagonista como la autora.
La oficial penitenciaria que se atrevió a “destapar la olla” fue una joven de 27 años quien recurrió a la policía contra una camarada de la fuerza a quien señaló de haberla engañado y birlado poco más de cien mil pesos y documentación valiosa a través de una promesa de vivienda del IPRODHA que se la iba a conseguir a través de “un político amigo de mucho peso”.
La presunta víctima del “cuento de la casa”, radicó la denuncia pertinente en la comisaría Decimocuarta de la Unidad Regional X en el barrio Fátima de esta capital provincial.
En su relato plasmado en la exposición policial, la agente del SPP que la habría estafado la contactó a través de una red social y le ofreció por medio millón de pesos agilizar trámites en el organismo público mencionado para que le otorgaran el inmueble de inmediato. Habría sido engañada en cien mil pesos, el monto total de sus ahorros. Le dio sus papeles completos, documentación privada y depositó el dinero en una cuenta bancaria.
La segunda denuncia se concretó el lunes 22 de agosto en la comisaría Tercera de la UR-I, y sostenía que la agente del SPP convenció a la víctima para que realice un depósito en Mercado Pago.
Obtuvo 70 mil pesos para iniciar el trámite, pero no se detuvo en ese pedido y pocos días después le habría argumentado a la víctima que le firmaría un pagaré en una escribanía por 360 mil pesos. Esto habría ocurrido en julio y la víctima retiró el dinero del banco y se lo entregó a la agente del SPP en la escribanía.
Dos denuncias más se presentaron al día siguiente y trascendieron demandas de embargos en la Justicia Civil a la misma funcionaria.
