Las empresas van a tener que convivir con los límites para la importación por lo menos hasta fines de agosto o principios de septiembre. A partir de ese momento es de esperar que las presiones que ejercen sobre la demanda de dólares la importación de energía disminuyan por una cuestión estacional y con ello, se pueda ir aflojando el cepo.
Esto, más allá de la medida de “emergencia” que debió tomar el BCRA los últimos días al habilitar la entrada de insumos a automotrices y empresas clave del sector energético, luego de que amenazaran con frenar su producción y suspender personal ante la imposibilidad de seguir produciendo.
Este razonamiento corresponde al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien estima que en promedio la compra de gas y de fuel oil para las centrales generadoras se están llevando unos u$s2.000 millones por mes debido al incremento de los precios internacionales a partir de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero pasado.
El titular de la entidad rectora del sistema financiero mantuvo en los últimos días reuniones con empresarios. A ellos les pidió crear un “puente” hasta agosto, por lo menos, para poder sortear el momento de mayor demanda energética.
En qué consiste: es lo que ya hizo de facto el BCRA al obligar a los importadores a patear la compra de dólares por seis meses, en su mayoría, por todo aquello que supere en un 5% de lo importado el año pasado, o el 70% de lo hecho en 2020.
En junio, Pesce reforzó a fondo los controles al obligar a que aproximadamente el 17% de las importaciones del país pase al régimen de financiamiento. Se trata de la mercadería que entra por Licencias no Automáticas (LNA); son productos que tienen un fabricante local. El funcionario dijo en declaraciones radiales que en lo que va del año las empresas ya lograron postergar el pago de u$s3.200 millones. Al respecto, considera que el “puente” hasta agosto debería ser de u$s4.000 millones, que según estima, fue la cifra que las empresas financiaron antes de la pandemia. Es decir, que le quedarían unos u$s800 millones para llegar al objetivo.
Más allá de estas estimaciones, si se comparan los datos del Balance Cambiario del Banco Central con el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en los primeros cinco meses del año el Gobierno ya habría logrado posponer pagos por casi u$s4.000 millones. Según el INDEC, entre enero y mayo se declararon importaciones por unos u$s32.000 millones, pero en realidad, si se mira el Balance Cambiario deL BCRA se abonaron sólo unos u$s28.000 millones.
La lógica de Pesce
El razonamiento de Pesce respecto del tipo de cambio se fundamenta en esa balanza de dólares. Considera que la suba del precio del billete norteamericano se debe al desequilibrio que provocó el incremento del precio de la energía a nivel global. De modo que si llega a pasar el momento en el que hay más demanda, es decir, el invierno, probablemente también aflojen las presiones devaluatorias.
El problema es que en agosto también ya se supone que pasó la etapa de alta liquidación de la cosecha de parte de los exportadores. Esto implica que si bien habrá menos demanda, también será más escasa la oferta, al menos que, tal cual afirman algunos economistas, este año haya cambiado la estacionalidad de la liquidación por diferentes causas, entre ellas, la falta de gasoil y la posibilidad que tienen los productores de resguardar su cosecha en silo bolsa. Si este fuera el escenario, podrían manejar los momentos que más le conviene para vender.
“Tenemos una coyuntura difícil pero no creemos que sea necesario devaluar”, afirmó el funcionario en cuanta entrevista que brinda, aunque a la ecuación le falta una variable. Es la demanda del público por dólares ante el aumento de la inflación como producto también del exceso de pesos, o simplemente, porque el público desconfía del Gobierno y prefiere resguardarse en una moneda dura. Es decir, no toda la cotización del billete verde se define en el intercambio comercial.
La apuesta sobre Daniel Scioli
A todo esto, las empresas de consumo masivo apuestan a la muñeca política del ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, para que el funcionario interceda ante Pesce y le abra un poco la billetera. No resulta sencillo.
El exembajador en Brasil habilitó a algunas entidades de pequeñas y medianas empresas a gestionar una “ventanilla rápida”. Se trata de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) la entidad que preside el dueño de la fábrica de cremalleras Lynsa, Marcelo Fernández. La idea de este grupo fue la de elaborar una declaración jurada con detalles de lo que importa cada PyME para elevar a la Secretaría de Industria para que este acelere el trámite de autorización de la importación.
Scioli, no obstante, no tiene muchas soluciones para ofrecerle a las empresas que necesitan importar para mantener sus procesos productivos. El funcionario les dijo a los directivos que estaban trabajando en un relevamiento de insumos necesarios para evitar que se frene la recuperación. Es decir, casi nada. Cuando terminen de hacer ese trabajo seguramente, la demanda de dólares para energía habrá bajado y será el momento en que el Banco Central aflojará el cepo.
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