La “remarcación preventiva” aplicada en muchos sectores ante la incertidumbre generada hace una semana por la salida de Martín Guzmán y la demorada designación de su sucesora al frente del Ministerio de Economía, sumada a los aumentos de tarifas en los servicios básicos vigentes desde este mes, reconfiguraron el panorama inflacionario en el país, que ya venía “recalentado” desde inicios de 2022 por más que se había atemperado levemente en las dos últimas mediciones.
En ese contexto, realmente asustan las previsiones de las principales consultoras con respecto al IPC de julio, que se conocerá oficialmente el jueves próximo pero que ya muy pocos vislumbran por debajo del 7% mensual y algunos sitúan incluso más cerca del 8%, lo que elevaría -en el mejor de los casos- al 36% en lo que va del año y al 65% interanual.
No en vano los mercados ya recalcularon sus proyecciones para todo 2022 y las elevaron al 76% anual. Y tampoco por casualidad ayer se reunieron el presidente Alberto Fernández y la ministra Silvina Batakis, en busca de medidas que contribuyan a enfriar un poco la escalada de precios en un contexto complicado en general pero agudizado también por una constante y masiva emisión monetaria para no hundir más a las clases necesitadas.
Será difícil compatibilizar las dos visiones económicas que “conviven” (a duras penas) en el Gobierno nacional y eso casi todos lo ven. Pero como se viene repitiendo desde hace tiempo en esta columna, hasta que no haya claridad política difícilmente se pueda arreglar la economía.
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