Rubén González Glaría, fiscal general federal de esta provincia, evitó por quinta ocasión presentarse a indagatoria ante el juez federal de Posadas, José Luis Casals, quien lo citó -por primera vez- en octubre del año pasado para que responda por las acusaciones de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y funciones correspondientes a otro cargo”, imputadas por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien lo investiga desde 2019.
Fue nuevamente Maximiliano Adolfo Rusconi, desde mayo pasado abogado defensor de González Glaría, el que consiguió que la indagatoria no se realice. Estaba citado para el 7 de junio, pero presentó horas antes la recusación al juez Casals y luego la Cámara Federal de Apelaciones de Misiones se inhibió por completo de opinar por lo que la definición a la competencia quedó en manos de la Cámara en Corrientes.
El letrado patrocinante del fiscal misionero es reconocido a nivel nacional como defensor de Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, del empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido o de Diego Lagomarsino, asistente del fiscal federal Alberto Nisman.
Tal como lo adelantó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN, el juez federal Casals, fijó la quinta citación cuando, pocos días antes del 16 de mayo pasado, Rusconi asumió la defensa en reemplazo del penalista local Hugo Zapana.
Vale recordar también, que el quinto llamado a indagatoria fue remarcado como la “última vez” u oportunidad para presentarse y de no poder cumplir González Glaría por inconvenientes en la agenda de debates y actividades de Rusconi, deberían presentar un codefensor.
Rubén Ángel González Glaría (68) es investigado por el juez federal José Luis Casals, a instancias de Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien lo investiga hace tres años por los delitos mencionados.
Debe responder ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas por los pedidos de indagatoria del fiscal Turano remitidos el 21 de agosto y 16 de septiembre del año pasado y que surgieron tras la denuncia de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas quien cuestionó el desempeño de González Glaría como funcionario. Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-2012) fue contratada y, presuntamente, obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
Según Turano, cuando Bogado fue efectivizada en su cargo padeció “malos tratos del fiscal, hasta que dispuso su traslado (…) Tenía su oficina frente a la del fiscal y los días que cobraban llegaba a trabajar desencajada porque debía entregarle el dinero en un sobre a González Glaría”.
Las denuncias por “amenazas” tendrían como víctimas a Marcelo Quiroz y su hija Andrea Quiroz, abogada y prosecretaria fiscal.
Quiroz acusó que su hija fue nombrada en la Fiscalía Federal de Oberá, hasta que en 2017 solicitó su traslado a Posadas. Lo consiguió y fue asignada a la Fiscalía Federal 2. Al enterarse González Glaría habría llamado a su padre y “de manera violenta le ordenó que le dijera a su hija que cancele el traslado. Su enojo apuntó a que lo iba a dejar mal parado frente a un amigo cuyo hijo era prosecretario de la Fiscalía de Oberá y también habría pedido su cambio a Posadas”.
Turano imputa a Glaría de incurrir en “uso irregular” de recursos de la Fiscalía. “Pretendía pasar gastos de combustible de su automóvil y otros gastos a través de la caja de Fiscalía”.
Quiroz también denunció que le quitaron la función de certificar la subrogancia que ejercía González Glaría como Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Posadas. Se le asignó esa responsabilidad a otro secretario sin posibilidad de verificar si efectivamente trabajaba y tenía derecho a cobrar la subrogancia. Según el denunciante, sólo iba “una o dos veces por semana” a cubrir el cargo.
Respecto a la imputación por “ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”, González Glaría es señalado en una causa por “trata y explotación laboral” que involucró a una empresa del exgobernador misionero Federico Ramón Puerta. El expediente correspondía a la Fiscalía 2, de Diego Stehr, pero la acusación sostiene que el fiscal general Glaría tomó la investigación y sobreseyó al exmandatario.
En cuanto al delito de “peculado”, se lo apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta (Nissan doble tracción) asignada a la Fiscalía General, la que habría utilizado para actividades personales, incluso con cruces registrados a la vecina Encarnación, Paraguay.
