Por estos días comienzan a ser frecuentes los mensajes del Gobierno argentino acerca de crecimientos exponenciales y recuperaciones inéditas. Las exhortaciones al optimismo vuelven a intentar enmascarar una realidad que oprime y angustia y de la que convendría hacerse cargo.
Frente a una inflación desbocada e imposible de revertir, la última medición del INDEC reflejó que los salarios registraron en febrero pasado un aumento del 3,1% por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes y en el primer bimestre del año se ubicaron un 1,8 punto porcentual por debajo de la suba de precios minorista de ese período. Vuelve a quedar claro que al discurso del oficial se impone la realidad.
Prueba de ello es la última medición del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella referida a la confianza de los consumidores a nivel nacional, que cayó 3,2% en abril, el nivel más bajo de los últimos diez meses.
Lo prueba también el trabajo del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, una oficina que depende de Presidencia de la Nación, que desarrolló una medición alternativa sobre pobreza en Argentina. El trabajo en cuestión advierte que el 54,9% de la población puede ser considerada pobre al tomar en consideración un criterio monetario y, en simultáneo, una mirada multidimensional, es decir, que cuenta factores estructurales como vivienda, servicios básicos, educación, empleo y salud.
Y también queda expuesto en la encuesta de “Opina Argentina”, la consultora que dirige Facundo Nejamkis. La misma afirma que nunca antes, durante la gestión de Alberto Fernández, el pesimismo de la población estuvo en un nivel tan alto en relación a la situación económica y su situación personal. El 77% de la gente evalúa como negativa la política económica oficial. Y apenas el 9% cree que su situación personal mejorará en los próximos meses.
Frente al relato… los datos duros de la realidad.
