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En la era Guzmán la deuda subió a casi 63.000 millones de dólares

23 abril, 2022

El stock de la deuda bruta de la administración central en situación de pago normal durante la gestión de Alberto Fernández aumentó el equivalente a casi u$s63.000 millones, lo que representa 1,5 veces el préstamo con el FMI.

Y en un contexto de aceleración inflacionaria donde el costo de vida en marzo fue de 6,7%, el mayor valor mensual en 20 años, viene ganando terreno la deuda ajustada por CER.

Según los datos oficiales publicados esta semana por la Secretaría de Finanzas, ese stock de deuda bruta al 31 de marzo de este año alcanza a u$s373.758 millones lo que implica una suba de u$s62.979 millones frente al monto de u$s310.779 millones que registraba a fines de noviembre de 2019 cuando asumió Fernández.

El dato de 4,7% de inflación en febrero, y el 6,7% de marzo acentuó la demanda de los inversores de títulos en pesos ajustados por CER para refugiarse de la suba de precios.

Así, el stock de deuda en pesos ajustado por inflación a fin de marzo llegó al equivalente a u$s71.157 millones frente a los u$s23.791 que sumaba cuando Fernández llegó al gobierno. Es un aumento de u$s47.366 millones, un monto levemente superior a la deuda recientemente refinanciada con el FMI por u$s45.000 millones.

Los analistas de Quinquela Fondos remarcaron que “en los últimos dos años se ha puesto el foco en ir reconstruyendo el mercado de deuda en pesos, y adquirió gran relevancia, porque es el único mercado donde el Tesoro puede financiarse en la actualidad”, y afirmaron que “el desafío era particularmente complejo luego de la experiencia de reperfilamiento de 2019”.

Pero además el programa con el FMI contempla la meta cuantitativa de reducir este año la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro a 1% del PBI, frente al 3,7% registrado en 2021, lo que implica financiarse más en el mercado local para cubrir las necesidades financieras.

En GMA Capital destacaron que “el peaje que Finanzas tuvo que abonar para poder convencer al mercado es emitir crecientemente deuda indexada, es decir no licuable por inflación”.

Nery Persichini, analista de GMA, subrayó a iProfesional que “los bonos CER ya explican el 19% del total de la deuda y el 61% de los compromisos en pesos”.

A fines de 2019, la deuda ajustada por inflación representaba apenas el 8% del stock total, y el 34% de los compromisos en moneda local.

Potenciados por la inflación, los títulos de corto plazo ajustados por CER son los preferidos de los inversores, y se convirtieron en los más demandados en las licitaciones del Tesoro.

Pedro Siaba Serrate, analista de PPI inversiones, puntualizó que “el 76,8% de lo captado en las licitaciones primarias de marzo fue vía activos que ajustan por CER versus 45,1% de enero”. Y recordó que “de hecho en la primera licitación de abril ante la ausencia de opciones de cortas CER, el roll over fue muy por debajo de los meses anteriores”.

 

Prueba de fuego

En ese marco, el analista prevé que en la próxima licitación que se realizará el 27 de abril “cabe esperar que ante la reciente aceleración de los dólares financieros y dada la necesidad de mantener el acceso aceitado al mercado local, el Tesoro vuelva a colocar alternativas más atractivas” para el mercado que demanda cobertura en un contexto de alta inflación.

Al respecto, Siaba Serrate advirtió que “será una prueba de fuego importante” ya que hay que refinanciar “un vencimiento por $395.000 millones”.

“Ante el mercado internacional cerrado, y las limitaciones del acuerdo del FMI sobre la monetización del déficit, el programa financiero dependerá de forma considerable del mercado doméstico”, aseguró.

 

¿Cuáles son los riesgos de la deuda en pesos?

En PPI señalan que “en las últimas semanas la dinámica y el tamaño de la deuda en pesos volvió al centro de las preocupaciones del mercado”. Y es que todavía ronda en la memoria de los inversores el fantasma del reperfilamiento de la deuda en pesos que ocurrió a fines de agosto de 2019 cuando por decreto el gobierno de Mauricio Macri dispuso la postergación de los vencimientos de títulos de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y Lelink).

“Nos resulta lógico que el tema cobre más relevancia en la medida en que nos acerquemos a un potencial cambio de administración en 2023. Un posible levantamiento del cepo cambiario es un riesgo para el refinanciamiento de la deuda en pesos -inflada por el control de capitales de estos años-”, plantearon en PPI.

En ese sentido, Sebastián Menescaldi, director de EcoGo también mencionó el riesgo de transición.

“Decimos que el roll over de la deuda en pesos es el Talón de Aquiles por qué hay dos riesgos de acá en adelante: uno de ejecución que es que se incumpla la meta con el FMI, y un riesgo de transición con un futuro gobierno por si viene alguien de la oposición que diga que como el cepo no te deja crecer diga que hay que sacarlo”, explicó .

“Los debates abiertos sobre los esquemas de política económica en un futura gestión en 2024 (como la dolarización, la economía bimonetaria y/o la salida rápida del cepo) en un contexto de fuerte excedente de pesos no son inocuos a medida que nos adentremos en el año electoral. Es precisamente este riesgo de transición en un contexto por demás agrietado lo que está detrás de las preguntas sobre el riesgo de reperfilamiento”, advirtió un informe de EcoGo.

Al respecto, Menescaldi sostuvo que “hoy lo que vemos es que están todos apostando por los pesos por la rentabilidad del CER, pero puede aparecer un momento en el que digan ojo puede ganar alguien que dice que quiere sacar el cepo, y aunque no lo diga explícitamente, eso puede implicar reperfilar la deuda”.

“El temor que tenés con la deuda en pesos es el riesgo de que todos los que hoy hacen carry trade quizás mañana salen rápido del juego, salen coordinados de una manera que te generan una crisis”, explicó.

Por su parte, Persichini dijo que “el riesgo de la deuda indexada es que la inflación potencia los vencimientos nominales; si el dólar oficial no acompañara a los precios, se daría una apreciación real que encarecería la deuda CER medida en moneda dura”.

El roll over podría complejizarse una vez que el Tesoro busque colocar títulos cortos más allá de 2023 o si éste buscara emitir títulos a tasa fija en un contexto de inflación al alza, el mercado de pesos está en modo “CER o nada”, analizó.

 

¿Es sostenible la deuda en pesos?

El informe de Quinquela Fondos evaluó que entre los inversores “probablemente el principal interrogante pase por el plazo promedio de la deuda y la necesidad de recurrir permanentemente al mercado de capitales para renovar vencimientos”.

“Esto puede generar situaciones de estrés, en particular cuando se atraviesan períodos electorales que puedan derivar en cambio de autoridades y de enfoque con respecto a la administración de esos pasivos”, destacó.

No obstante, el análisis hace hincapié en que “en 2019 se produjo una fuerte salida de inversores no residentes que cobraban los pesos e iban al mercado cambiario oficial a comprar divisas y repatriar sus inversiones”.

“Esas tenencias llegaron a ser de u$s 25.000 millones y se llegaron a registrar flujos de salida de hasta 10% mensual de ese stock. Con el consiguiente impacto sobre el mercado de deuda en pesos donde no se lograba renovar vencimientos y sobre el mercado cambiario por la pérdida de reservas que implicaban”, precisó.

“Hoy ese stock de pasivos es de menos de u$s 5.000 millones y tiene tendencia gradualmente decreciente”, indicó.

El informe alegó que “el segundo factor que genera la diferencia es el esquema de controles cambiarios; bajo la normativa actual, aún si los inversores decidieron no renovar sus tenencias de títulos públicos en pesos, no podrían canalizarlos hacia el mercado cambiario y deberían buscar alternativas de inversión en pesos”, argumentó.

 

Potenciar los riesgos

En Quinquela Fondos evalúan que “la deuda en pesos no tiene todavía una escala que resulte preocupante”.

“La preocupación pasa por lograr estirar el perfil de vencimientos de esa deuda para que no se produzca una concentración de vencimientos en el período preelectoral. Pero aún en ese escenario, las condiciones son muy diferentes a las de 2019, porque la tenencia de deuda en pesos de no residentes es una quinta parte de lo que era y el canal de salida vía mercado cambiario oficial está cerrado y no hay expectativas de que eso cambie en el corto plazo. En definitiva, los riesgos de un reperfilamiento de la deuda en pesos lucen por ahora muy bajo”, concluyó.

En Portfolio Personal Inversiones (PPI) estiman que “el problema de la deuda en pesos es un riesgo que aparecerá el año que viene de la mano de un stock mayor y las dudas respecto del tratamiento que le dará la próxima administración”.

Sin embargo, consideran que “no sería inminente siempre y cuando se respete el marco fiscal del acuerdo con el FMI”.

Fuente: iprofesional.com

Tags: #economíaArgentinaDeudaInflaciónMartín Guzmán
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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