El sector agrario rechazó las ultimas medidas en cuanto a la exportación de productos derivados de la soja y también la creación de un Fondo de Estabilización de Trigo. Aún no descartan una posible protesta.
Para poder “mitigar el impacto de la situación” en Ucrania y evitar que la guerra afecte a los precios locales de alimentos desde el Gobierno se confirmó un aumento de las retenciones para la harina y el aceite de soja, así como la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo y con eso lograr neutralizar “el costo de la tonelada” de dicho producto.
Estas medidas se oficializaron en los decretos 131 y 132, informados este sábado en el Boletín Oficial. Como se previó, el texto establece que desde ahora hasta el 31 de diciembre se incrementará la alícuota del derecho de exportación que pagan determinados alimentos, entre los que se encuentran la harina y el aceite de soja, que se pasaran a abonar del 31% al 33%.
En el informe las autoridades de Nacion sostuvieron que “la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas”.
“Ambas naciones aportan a la seguridad alimentaria total mundial el 28% del comercio internacional de trigo, el 19% del de maíz y el 78% del de aceite de girasol, afectando, particularmente, a dichos mercados, impactando sus precios internacionales y alcanzado alzas históricas”, señaló el Gobierno.
“Siendo la República Argentina un relevante proveedor global de estos productos, se hace necesario alentar a los productores para que continúen creciendo en la producción de estos cereales y esta oleaginosa que el mundo demanda”, agregó.
Aunque esto provocó una evidente furia dentro del sector agrario la decisión de la Casa Rosada sostiene que “era necesario dictar una medida transitoria y temporal” para aumentar las retenciones de otras mercaderías, como la harina y el aceite de soja, “con el fin de que el excedente que se recaude se destine a garantizar políticas tendientes a evitar un costo adicional en los alimentos para la población en general y, particularmente, para los sectores de menores ingresos”.
En el mismo contexto por el Decreto 132/2022 fue creado el “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, un fideicomiso de administración y financiero que tiene el objetivo de “estabilizar el costo de la tonelada” de este cereal “que compran los molinos” a nivel nacional.
Este fondo se financiará con el dinero adicional que ingresará por el aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja. Con la suba del 31 al 33% se va a subsidiar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos que se comercializa a las panaderías.
Desde este programa el Gobierno busca “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto (en Ucrania), de las mercaderías involucradas”.
Horas después del mensaje grabado de Alberto Fernández, que se publicó el viernes, sobre lanzar “la guerra contra la inflación” la noticia explotó sin demasiados rodeos.
“He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento”, expresó Fernández.
Inmediatamente el rechazo a las medidas se sintió en diferentes sectores de la industria. “Esto genera un clima de desconfianza e incertidumbre. Creo que va camino a una protesta nacional”, expresó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), luego de conocer la medida.
La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) rechazó directamente la suba de los derechos de exportación para la harina y el aceite de soja, ya que lo consideran una medida “que no tiene legalidad” porque desincentiva las exportaciones y atenta contra “la industrialización de la soja en el país”.
“Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho derecho”, twitteó CIARA.
Con el fin de combatir la inflación el Gobierno también intervino en los mercados de exportación agrícolas en el 2020. Incluso el año pasado por unas semanas aplicaron cupos a los embarques de maíz, mientras que las ventas al exterior de carne de res siguen teniendo límites.
Fuente: ámbito
