Desde el próximo 1 de abril entrará en plena vigencia la aplicación de la Disposición 323/2019, que suprimirá la patente 101 de tráilers, remolques y casas rodantes. Estos deberán contar con una nueva identificación y un certificado de seguridad mediante trámites de difícil cumplimentación y altos costos.
Los propietarios de vehículos de tracción anunciaron la movilización que, en Posadas, será el próximo viernes 18 de marzo, especialmente por la poca anticipación y por los elevados costos que les implicará tener estos transportes en regla.
“Pediremos que se revise el tema de la homologación, que se pueda correr unos 180 días y sobre todo para revisar el costo total, para que no sea tan caro y que todos tengamos la posibilidad de homologar y cumplir lo que nos exigen” expresó a radio Stop Eldorado Carlos Zapani, uno de los organizadores y afectados por la nueva medida.
En la entrevista, el hombre contó que en muchos casos los tráilers son elaborados de manera casera y resulta imposible cumplir con todo. Queremos que esta normativa quede sin efecto y continúe con la patente 101 siempre cumpliendo con las medidas de seguridad, hasta las empresas forestales que llevan tanques de agua y combustibles tendrán que modificar”.
“La medida afecta a un montón de personas. Gente que trabaja en automovilismo porque llevan los vehículos en carro, la gente que los usa para trabajar, por ejemplo en un carrito de comidas, o que usa un carro para transportar materiales, los trabajadores rurales. Nosotros, los ‘rodanteros’ comenzamos a organizar esto, pero hay mucha más gente que se va a ver afectada por esto”, agregó.
“Te piden freno eléctrico, freno de mano en la lanza para las casillas, cambiar todo el eje… un montón de exigencias muy caras. Además para patentarlo se lo debe hacer homologar por un ingeniero mecánico e ir a la VTV y tramitar el registro para obtener la patente que es exclusiva para un solo vehículo es decir que no se lo puede utilizar para otro o prestarlo. Sin dudas es una medida netamente recaudatoria que afecta a muchas personas”, relató Zapani al explicar cuáles con las razones que los llevan a movilizarse.
Pedidos desde el Congreso
El diputado nacional “Cacho” Bárbaro resaltó la predisposición del titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Julián Martínez Carigliano; y del presidente de la Cámara de Diputados nacional, Sergio Massa, ante quienes planteó los inconvenientes que traerá la aplicación de la normativa en Misiones.
“Solicitamos una nueva prórroga o la revisión de las exigencias que son de difícil cumplimiento para los productores rurales y los emprendedores que usan tráilers para el traslado de su producción; también planteamos la afectación al turismo interno que utiliza tráilers y casas rodantes. Hay buena disposición y comprensión de las implicancias, por lo que confiamos en el trabajo conjunto para encontrar salidas menos engorrosas y que no afecten la seguridad vial”, señaló el legislador, quien también compartió la inquietud con sus pares misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández.
La urgencia, explicaron, es que dentro de apenas dos semanas se comenzaría a aplicar multas a quienes no lleguen a realizar los trámites.
Difícil y caro
En Misiones no existen talleres de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) donde realizar el informe técnico que será requisito previo al otorgamiento del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que ahora se requiere para el nuevo patentamiento.
Como no hay talleres homologados en Misiones, para obtener el certificado habrá que contratar a un ingeniero mecánico, electromecánico o automotor que tenga la matrícula profesional del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones. Una vez que se completó el informe, deberá ser remitido al Consejo Profesional de Ingeniería que tiene sede en Posadas, por lo que el interior quedará limitado por la distancia y los altos costos.
Sólo el informe tendrá un costo de $8 mil, más los gastos administrativos, de readecuación y patentamiento, “suma elevada para las lastimadas economías de nuestros pequeños productores y emprendedores de la economía popular que están atravesando una emergencia agropecuaria por sequía e incendios, reconocida incluso por nuestro Gobierno nacional por Resolución 21/22 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”, agregó el diputado Bárbaro al ampliar los motivos que expuso ante los funcionarios nacionales.
“Encontramos receptividad y seriedad en el análisis de las particularidades que planteamos, por lo que confiamos en que pronto podamos acordar una corrección”, finalizó.
