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FMI: se cerró el acuerdo y la fiscalización comenzaría en julio

2 marzo, 2022

Argentina recibirá la primera misión de fiscalización y control del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre julio y agosto de este año; situación que luego se repetirá cada trimestre durante los doce años que dure el Facilidades Extendidas Reloaded que terminó de negociarse ayer al mediodía entre el ministerio de Economía y los técnicos del organismo.

Según los tiempos que manejan Martín Guzmán y los negociadores del Fondo, la norteamericana Julie Kozac y el venezolano Luis Cubeddu, para fines de marzo el acuerdo habrá pasado por el Congreso Nacional. La directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el responsable del caso argentino cerraron al mediodía su trabajo de discusión de variables y metas financieras, monetarias y económicas, al plantearle a su jefe Illan Goldfjan el texto definitivo de la Carta de Intención que, previa traducción oficial, el director gerente para el Hemisferio Occidental rubricó; para dar vía libre al gobierno argentino para que se tome la estrategia política que decida para presentar en sociedad el acuerdo.

El brasileño esperará ahora a que el proyecto de ley culmine, se supone, con final feliz su trayectoria por la Cámara de Diputados y el Senado argentinos, para una vez que sea aprobado, pueda ser derivado al board del organismo para su aprobación final.

Esto demandará unas semanas, donde se mirará constantemente el reloj diario de un cronograma que culmina el 22 de marzo, día en que el país debe liquidar un total de u$s4.800 millones al FMI. Ahora, en realidad, el tiempo no apremia, ya que las partes entienden que lo mejor es llegar a tiempo para esa fecha. Pero que si eso no sucediera, pero el proceso de cierre del Facilidades Extendidas estuviera en marcha, unos días de retraso en el final de la historia de las negociaciones no provocaría mayores turbulencias. Siempre y cuando, claro, el acuerdo se apruebe.

La presentación del acuerdo la hizo Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, donde anunció al hablar del capítulo endeudamiento externo que “ahora el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del FMI para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad”.

El cronograma que enfrentará ahora la Argentina es el siguiente: el acuerdo general con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será a 12 años y medio. Los primeros dos años serán para que el organismo se haga cargo del auto- pago de los 44.700 millones de dólares correspondientes al Stand By firmado en 2018; comenzando por el trimestre posterior a la firma del tratado.

Si, como se supone, este fuera aprobado por el Board y dado a conocer en abril de este año; la primera liquidación propia del FMI se concretaría en el segundo trimestre del año, con el segundo vencimiento de junio por unos u$s 4.080 millones. Luego habría dos pagos más similares en septiembre y diciembre, y otros cuatro durante el 2023 y un cronograma que terminaría de cerrarse en 2024.

A partir de ese momento comenzaría a operar el Facilidades Extendidas Reloaded de refinanciación del Stand By del 2018; con un primer vencimiento en el segundo semestre del 2026. La intención de Martín Guzmán es que figure el compromiso explícito del FMI que si el país cumple con las metas fijadas entre este año y el primer semestre del 2026, el dinero a liquidar en septiembre de ese año (primer pago), se prorrogue hasta el final del mandado.

En lo posible, con una reducción de la tasa de interés, que en el acuerdo que se presentará en sociedad esta semana no bajará del 4,05% anual. Se supone que si el país se transforma en un cumplidor del Facilidades Extendidas en sus inspecciones trimestrales por parte del FMI, el organismo debería definir al país como acreedor confiable (y no paria como hoy), y aplicar una nueva tasa de 1,05%.

Con el panorama del Facilidades Extendidas Reloaded que presentará el Gobierno, hasta 2026 la situación de pagos hacia el FMI será controlada y medida sólo a los aportes habituales al organismo y liquidaciones de intereses. La situación comenzará a complicarse entre el segundo semestre del 2026 y el 2034, los siete años y medio que durará el acuerdo. En total serán 12 cuotas iguales, con liquidaciones semestrales; la primera en septiembre de 2024 y la última en diciembre de 2034. Mientras tanto, y contabilizando desde julio de este año (si se firma en abril), deberían comenzar las revisiones trimestrales del FMI, que se repetirían en cada trimestre, lo que acumularía un total de 48 misiones del organismo financiero internacionales; en las que cada una se revisarían la evolución de las principales variables de la economía local.

Un Facilidades Extendidas exige aceptar las misiones; otorgándole a los enviados de Washington la obligación de controlar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí en el organismo internacional definan los pasos a seguir.

Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales

Tags: #economíaAcuerdoArgentinaDeudaFMI
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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