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Acuerdo con el FMI: el entusiasmo sólo duró 48 horas

7 febrero, 2022

FMI

Javier Milei y Máximo Kirchner son ideológicamente distintos. Sin embargo, ambos legisladores ya manifestaron que votarán en contra del acuerdo que el Gobierno se encamina a firmar con el FMI.

Sus motivos son bien diferentes. Para los liberales el compromiso se queda muy corto a la hora de combatir el flagelo que hace décadas sufre la economía argentina, que es alto déficit fiscal y un gasto público que crece descontroladamente.

El kirchnerismo duro, al contrario, cree que se viene un nuevo programa de ajuste que sólo puede llevar a un nuevo fracaso.

Para ambos, el nuevo programa con el FMI llevará a la Argentina a una mayor pobreza. Lo real es que la economía seguirá produciendo cada vez más pobres en 2022 y, esta vez, no será culpa del Fondo Monetario.

El último dato del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que divulgó el Banco Central sobre las expectativas de economistas y consultoras, señala que se espera una inflación del 55%, lo que dejará a cientos de miles de argentinos por debajo de la canasta básica.

Pero además se proyecta una recaída de la actividad económica en el segundo trimestre, que terminaría 0,3% abajo que el mismo período del año pasado. Si bien la expectativa es que la economía crezca 3% este año, casi todo el efecto está explicado por el “arrastre” que dejó el 2021 y un buen arranque del 2022.

 

Rebote corto

En otras palabras, el rebote de 10%, que permitió a la economía dejar atrás el derrumbe de la pandemia, ya está a punto de quedarse sin impulso. Y lo mejor en materia de actividad ya habría quedado atrás y sin motores reales de crecimiento.

La cosecha traccionará menos que el año pasado, el consumo tenderá a decaer por la alta inflación y la inversión seguirá brillando por su ausencia.

El entusiasmo por el “principio de entendimiento” con el FMI duró un fin de semana. Los mercados festejaron que se haya evitado el default con el organismo, lo que hubiera desatado una corrida cambiaria. Pero enseguida comenzaron a “bombardear” el arreglo por demasiado duro o demasiado blando, desde adentro y desde afuera.

Así, el acuerdo con el Fondo corre peligro de seguir el mismo derrotero que la renegociación de la deuda de 2020. Un arranque promisorio, pero que enseguida abrió paso a la desconfianza ante la falta de señales concretas sobre un plan o un rumbo.

 

Movida k

Con su alejamiento como jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner dejó bien en claro que la principal oposición al acercamiento con el FMI está dentro del propio oficialismo, aunque en su salida no propone una sola alternativa razonable si no se acuerda. En los círculos empresarios no hay dudas que detrás de esta decisión está Cristina Kirchner, que busca resguardar su capital político.

De esta forma, supone la vicepresidenta, si la economía empeora tendrá la posibilidad de echarle la culpa al Presidente, al FMI y por qué no a Mauricio Macri, sin hacerse responsable ella de nada. Ya lo hizo cuando habló de “funcionarios que no funcionan” a fines del 2020 y con la carta posterior a las PASO, cuando apuntó contra Martín Guzmán por el ajuste de la primera parte del año, que según ella fue el responsable de la dura derrota electoral.

 

No ajuste

Esta lógica del “no ajuste” se choca con las críticas que apuntan en la dirección contraria, es decir, aquellos que insisten en que se trata de un arreglo demasiado “light” que no arreglará ninguno de los problemas que arrastra la Argentina.

“El Fondo debería pensarlo de nuevo”, concluyó un duro editorial del Financial Times. El diario de negocios más influyente del mundo criticó duramente en el artículo al Fondo por “no exigirle a la Argentina un programa serio que permita a una recuperación sostenida”.

Otros grandes medios internacionales como el Wall Street Journal y el Washington Post también apuntaron sus críticas en esa dirección. “Argentina es un país adicto a las deudas y el FMI es el proveedor”, concluyó este último.

Estos editoriales reflejan además la postura negativa de los grandes bancos y fondos de inversión de Wall Street. Todos ellos tienen grandes cantidades de bonos reestructurados de la deuda y aceptaron ingresar al canje efectuado por Martín Guzmán en 2020.

Las principales condiciones del acuerdo con el Fondo terminaron de confirmar los peores temores: la deuda argentina que tienen en sus manos es impagable. Puesto de otro modo: se “salvaron las ropas” con el FMI, pero se avanza hacia un nuevo default con los bonistas privados.

Moody’s también divulgó un extenso informe que llega a la misma conclusión. La calificadora de riesgo consideró con un “alto grado de probabilidad” que la Argentina no podrá hacer frente al pago de su deuda, aunque no ocurrirá en el cortísimo plazo.

Lo cierto es que aún no está claro cómo se le pondrá el “cascabel al gato”, o sea cuáles serán los pasos para bajar el déficit como exige el FMI, aún cuando de pasar del 3% al 2,5% de rojo primario este año luce cumplible. Y lo mismo el descenso a 1,9% que se propone para 2023.
Por ahora, el Gobierno y el FMI le apuntan casi exclusivamente a los subsidios energéticos.

 

“Aguantar y rezar”

Mauricio Macri le dejó el default servido en bandeja a Alberto Fernández y éste devolverá las gentilezas. El FMI es cómplice: con el acuerdo le tendió un puente para llegar como sea hasta el 2023.

Sin reservas en el Banco Central, una inflación superior al 50%, altísima brecha cambiaria y con la confianza por el piso. Como le gusta repetir al economista Carlos Melconian, se trata apenas de “aguantar” y “rezar” para que no se produzca un estallido.

El acuerdo marca además importantes incongruencias. Una de ellas es que el freno a la emisión monetaria es mucho más violento que la pauta de reducción del déficit fiscal. Esto implica que el endeudamiento del Tesoro deberá acelerarse dramáticamente, a fuerza de suba de la tasa de interés y de desplazar del crédito al sector privado.

 

Fuente: Infobae

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Tags: AcuerdoDeudaEntendimientoFMIFondo MonetarioInflación
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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