Esta semana, durante su estadía en la Cumbre Mundial del Clima en Glasgow, el gobierno del presidente Alberto Fernández firmó, junto a líderes de más de cien países, un compromiso para frenar y revertir la deforestación. La presentación de este acuerdo era, de hecho, uno de los objetivos de la cumbre junto con el compromiso Global de Metano, también firmado por Argentina y otras naciones.
Para reforzar su perfil ambientalista, el mandatario argentino destacó que “la protección y el uso sostenible de los bosques constituyen una prioridad para la Argentina y el cuidado de nuestra casa común”. “Por eso apoyamos la iniciativa y el compromiso de los líderes en el marco de la Declaración sobre bosques y uso de la tierra. En la salud de nuestros ecosistemas está la salud de la humanidad. Por eso necesitamos diseñar un mecanismo de pago por servicios ecosistémicos y repensar los medios de implementación para dar lugar a una nueva economía del cuidado”.
Fernández reforzó su tesis al señalar que “una economía que tenga en su centro al ambiente y a las personas. Actuemos en coherencia con la ciencia y hagamos que la responsabilidad ambiental sea una realidad. El tiempo de actuar es ahora”.
Pero una vez más, como casi siempre, la práctica política se distancia enormemente del discurso y muestra una realidad muy opuesta. Porque a la exhortación presidencial en foros internacionales se opone la realidad interna en la que Argentina volverá a incumplir la Ley de Bosques (26.331) por treceavo año consecutivo.
O dicho más claramente: desde su sanción en 2007, nunca se pudo cumplir con el objetivo de conservar los bosques nativos.
La Ley de Bosques contempla fondos para compensar a los propietarios de las tierras en las provincias y evitar la desforestación que equivalen al 0,3% del Presupuesto Nacional y al 2% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación a productos agroindustriales.
En este caso el fondo para conservar bosques nativos debería ser de unos 45.000 millones de pesos (30.600 millones de pesos del Presupuesto y 15.000 millones de pesos de retenciones).
Sin embargo, el Presupuesto asigna una partida de 1.214 millones de pesos (un 2,6% de lo que corresponde).
