Se acerca uno de los momentos más temidos por el Gobierno: en pocas horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial de pobreza e indigencia, correspondiente al primer semestre del año. Y, aunque se estima que el número podría dar una leve mejora respecto del dato anterior, se descuenta que el indicador se ubicará por encima del 40%.
Desde el punto de vista político, el “timing” de la publicación es de alto daño para la campaña oficialista: deja al desnudo la gravedad de la crisis social y cómo las políticas asistencialistas no lograron compensar los problemas estructurales de la economía, como el desempleo y la inflación.
Es por eso que, a modo de compensación, el Gobierno está embarcado en una ola de anuncios para aliviar la situación de los sectores más golpeados: es allí a donde apuntan la suba del salario mínimo, el bono extraordinario a los jubilados y el refuerzo asistencial a un tercio de los que el año pasado habían sido beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Hablando en números, lo que los expertos esperan es una leve mejoría respecto del registro del segundo semestre del 2020, cuando el INDEC informó un nivel de pobreza de 42%, de los cuales un 10% son indigentes -es decir, no pueden pagar una canasta alimentaria-.
Si se hace el seguimiento por períodos trimestrales, la situación marcó un agravamiento sobre el final del año pasado, cuando el índice superó el 45%, y luego hubo una caída a un nivel de 40% en el primer trimestre del 2021, como consecuencia del “efecto aguinaldo” y las subas salariales que superaron a la inflación.
Pero la situación volvió a deteriorarse en el segundo trimestre. Si bien el sector de empleo formal tuvo la protección de las paritarias, por otra parte se produjo la “mini cuarentena” de abril, que volvió a impactar en el comercio y los trabajos informales. Y, además, fue el momento del año con el mayor nivel de inflación, tras el pico de 4.8% registrado en marzo.
Esto hace que los investigadores privados que siguen el tema -como el Cedlas (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales), el Observatorio Social de la Universidad Católica y la Universidad Di Tella- tengan expectativas de que la cifra arroje entre 41% y 42%.
Los “nuevos pobres” asalariados
En cualquier caso, un número de un impacto emocional innegable en un momento de hipersensibilidad social. La cifra ya no solamente implica la tragedia social de la gente a la que le resulta difícil ingresar al sistema laboral formal, sino que incluso trabajadores asalariados empiezan a quedar por debajo de la línea.
Los números son elocuentes: con una canasta básica que, para una familia tipo ya se ubica en 68.000 pesos, un hogar con dos ingresos mínimos queda todavía un 15% por debajo del límite. Y si a ese monto se le suman dos Asignaciones Universales por Hijo, apenas se estaría llegando a financiar la canasta.
Esto llevó a analistas políticos a fundamentar el revés electoral del Gobierno en el deterioro social de ese segmento que, aún con trabajo asalariado, no logra satisfacer las necesidades básicas.
Artemio López, consultor vinculado al kirchnerismo, señaló que el segmento crítico que llevó a perder las elecciones es el que se ubica entre los deciles tercero y sexto de la pirámide de ingresos, que no llega al promedio nacional de 86.000 pesos pero que tampoco califica para recibir la asistencia directa del Estado. Ese sector, un 40% de la población nacional, recibe un 24% de la renta. Y está enojado.
Así los describe López: “Electores que están muy lejos de ser impactados por la suba del piso de ganancias a 175 mil pesos y sin beneficiarse tampoco de la saga de subsidios del Gobierno ni su trama clientelar. Estos segmentos medios y medios bajos ausentes en las PASO, descansan su ingreso básicamente en jubilaciones, pensiones y salario mínimo complementados por changas y son los más refractarios a ingresar en la polarización creciente y habitual que marcan el comportamiento electoral en las últimas décadas”.
Lo cierto es que este es el dato de fondo que está por detrás de las polémicas que se ven en estos días en la interna de la coalición gobernante, empezando por la que mantuvieron Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre si hubo ajuste fiscal y sobre en quién recayó el costo de la austeridad del ministro.
Los límites a las medidas de “plata en el bolsillo”
Pero los economistas señalan que la clase política subestima dos fenómenos más profundos que el hecho de si hay “plata en el bolsillo” para estimular el consumo.
El primero es la inflación, que en el primer semestre cumplió el clásico rol de “licuación” del gasto en términos reales, algo que se sintió sobre todo en las jubilaciones: según calcularon los economistas de la Fundación Mediterránea, en el primer semestre el gasto previsional promedio cayó 9,4% en términos reales respecto del año pasado. Y si la comparación se hace contra el 2018, la reducción resulta más impactante: un 17,7%.
La inflación es lo que hizo que, pese a las mejoras salariales nominales, en el segundo trimestre se haya producido un deterioro en el plano social.
Un informe de Jorge Colina, economista jefe de IDESA marca que en un período de tres años, mientras que el ingreso laboral de los trabajadores informales subió un 136%, la canasta básica lo hizo a un ritmo de 230%.
Ahí, reside, afirma Colina, la explicación de por qué desde el inicio de 2018 hasta ahora la pobreza haya explotado desde un nivel de 26% hasta situarse por encima de 40%.
“Cuando una sociedad tiene informalidad por baja productividad tiende a tener pobreza relativamente alta. Pero si a esto le suma alta inflación va a tener pobreza muy alta. Esto es lo que la dirigencia política no termina de entender o aceptar. La prueba está en que todas las encuestas ponen en los primeros lugares del ranking de las preocupaciones de la gente a la inflación, pero ningún candidato propone bajar la inflación”, afirma el economista.
Desde su punto de vista, la estrategia de firmar acuerdos de precios con empresas, al tiempo que se hace un esfuerzo por “poner plata en el bolsillo de la gente” resultará equivocada, porque está “en abierta contradicción con lo que dice la propia gente, que lo que más quiere es que la inflación no le licue el dinero que ya tiene en el bolsillo”.
El otro gran punto que están mirando los economistas es el del empleo. La última medición arrojó a primera vista una mejora -se bajó a 9,6%- pero esa baja se relativiza cuando se tiene en cuenta que no es una consecuencia de una mayor creación de empleo sino del “efecto desaliento” que hace que ahora la cantidad de gente que busca empleo es menor a la que lo hacía antes de la pandemia.
Por eso, es más relevante observar el número que el INDEC define como “presión laboral”. Al sumar los desempleados más los subocupados, más otros ocupados que buscan empleo y más otros que están ocupados pero tienen disponibilidad de trabajar mayor cantidad de horas, entonces la cifra asciende a la impactante cifra de 32,4% de la población económicamente activa.
Los expertos en consumo afirman que esa incertidumbre sobre el futuro laboral hace que, aun con más dinero en el bolsillo, la tendencia al consumo sea menor que en otras épocas.
En definitiva, la idea que quedó instalada entre los analistas es que la salida de una parte importante de la población de la pobreza será más lenta que la recuperación del PBI -que según la estimación oficial este año crecerá al 8% y el año próximo al 4%-.
Fuente: iprofesional.com
