Esta semana, las cámaras que agrupan a los bancos dieron a conocer un estudio encargado al IERAL de Fundación Mediterránea, que pone en evidencia la fuerte incidencia que la presión impositiva tiene sobre el alto costo de los créditos en Argentina.
Mientras hubo semanas donde el costo financiero total (tanto en bancos como en financieras) superó el 100%, en estos días quedó apenas por debajo de esa cifra, incluso para quienes buscan créditos para el consumo y siempre que los plazos de devolución sean menores a los cincos años.
Como ejemplo, se puso que “si una persona paga una cuota mensual de un préstamo personal que incluye $1.000 de intereses, pagará $440 de impuestos y $560 de la tasa de interés pura”.
No se trata solamente de impuestos nacionales ya que se puso en la mira a los tributos provinciales como a las tasas municipales.
¿Cómo hace una PyME, un emprendedor o una empresa importante para invertir, ampliarse u obtener oxígeno financiero para seguir adelante, cuando el costo es tan alto? Salvo los créditos que se ofrecen a tasa cero, producto de la pandemia de COVID para las actividades más castigadas, las demás ofertas que están en el mercado público y privado son demasiado elevadas para asumir el reto.
En este difícil contexto económico que vive la Argentina, resulta difícil de entender que el Estado aplique semejante presión fiscal a una herramienta que podría ayudar a la economía a quedar un poco más fortalecida. Desde el consumo, la construcción de viviendas o la compra de una casa ya edificada, por mencionarse ejemplos.
Después, los bancos deberán replantearse las exigencias que tienen para facilitar el acceso a los créditos.
Si todos ponen un poco de su esfuerzo y resignan al menos una pequeña porción de sus ambiciones, habrá más argentinos que podrán hacerse de un crédito, cumplir con las obligaciones y aportar a distintos rubros de actividades que necesitan trabajar y producir.
