Lo que comenzó con un audio del diputado nacional misionero (PAyS-FdT), Héctor “Cacho” Bárbaro, acrecentó el debate público de una problemática largamente discutida: el respeto por la propiedad privada, la tenencia legal de tierras y la ocupación por parte de quienes pretenden un espacio para producir y vivir (que incluso hayan sido engañados con ventas mediante documentos truchos); y del otro lado, los avivados que aprovechan la lentitud judicial para sacar provecho mediante la usurpación con campamentos temporarios.
El duro cuestionamiento, que no es nuevo para ese espacio político -donde ya hubo severas críticas a la actitud similar del diputado Martín Sereno-, terminó movilizando a entidades nacionales, al Gobierno provincial (tratando de conciliar en medio del conflicto) y legisladores de Juntos por el Cambio que pidieron incluso una sanción para Bárbaro en el Congreso. Medida que difícilmente se tome, como tampoco un juicio político, dado que el FdT y aliados cuentan con la primera minoría.
Pero es importante desdoblar la polémica: la problemática en sí y la cuestión política partidaria por el otro.
Un primer tema complejo de resolver, es la legalidad. Boletos de compra venta con participación de escribanos incluso (hubo sancionados y expulsados por su accionar); un Registro de la Propiedad Inmueble en proceso de informatización; los cuestionamientos en casos donde no se presenta la totalidad de papeles que reafirmen la tenencia pero igual se inscriben; por mencionarse algunos ítems muy difíciles de resolver a corto o mediano plazo.
A pesar de la tarea que se realizó en estos años, buscando regularizar decenas de propiedades, queda mucho por hacer.
A su vez, pareciera faltar un enlace más ágil entre Registro y Justicia, para una resolución más mediata de la documental, con un Poder Judicial que de por sí es lento en Misiones. Pero, con una “depuración” del catastro. Si no sucederá lo de San Vicente, donde el juez Gerardo Casco actuó pero tuvo cuestionamientos por parte de los ocupantes, algo que el mismo sistema judicial deberá terminar de clarificar.
Ambos temas no son menores, puesto que sientan las bases legales de la propiedad privada. Y allí, son los Poderes del Estado los que deben ofrecer soluciones.
Transparentada la tenencia, viene el siguiente paso: ayudar a quienes pretenden producir y trabajar en las chacras y se han visto afectados en su buena fe por ventas irregulares de “vecinos que ya no están”, o por quienes les cobraron por tierras que no eran siquiera suyas.
Desde Productores Autoconvocados, Sergio Delapierre propuso “modernizar” y fomentar un plan de colonización, donde el Estado pueda facilitar la entrega de tierras productivas a quienes realmente no cuentan con propiedad alguna. Así como defienden a los colegas de las ocupaciones e intrusiones, este grupo es promotor de ayudar a los que realmente no son movilizados con fines políticos o negocios turbios.
Las elecciones y el oportunismo
A trazos gruesos, el panorama ya es complejo. La responsabilidad de dar soluciones está no sólo en el Ejecutivo y la Justicia sino también en los mismos legisladores. ¿Está el marco legislativo y jurídico necesario para avanzar en una resolución sólida aunque el camino sea largo?
Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que las soluciones llegan con protestas y movilizaciones que presionan a la generación de “parches”, pero no van al fondo del problema. Esta repetida situación, se exacerba en tiempos electorales con espacios políticos partidarios que pujan por el poder en lugar de poner esa misma energía en transparentar el tema. Vale esto para oficialismos y oposiciones, que no mostraron hasta ahora un espacio común que tienda a generar medidas por una tenencia segura de la propiedad privada.
Hoy, en la práctica, le han tirado toda la responsabilidad a la Policía de Misiones, que es un auxiliar y no un actor protagónico de las soluciones reales.
Hace falta una actitud diferente de muchos sectores para encontrar un camino definitivo a la transparencia. Mientras tanto, seguirán apareciendo ocupaciones y usurpaciones con el constante riesgo que termine en un enfrentamiento entre dueños y ocupantes, convertido en tragedia no deseada. Un riesgo que se acrecienta cuando hay discursos equivocados o motivados por el oportunismo, interesados por sacar provecho de una necesidad.
Mensajes que disparan antagonismos en la sociedad entre quienes creen tener la razón y luchan por defenderla.
Turismo en crisis
Tal como se anticipó el domingo pasado en PRIMERA EDICIÓN, se puso en marcha un paquete de 200 millones de pesos de recursos provinciales, para asistir a una actividad que atraviesa una fuerte crisis con la llegada de la pandemia: el turismo.
En Misiones, en especial en Puerto Iguazú, mueve decenas de puestos de trabajo que hoy peligran con la movilización de la economía local que pierde a la par de la inactividad turística.
En ese contexto, la semana próxima arrancará la temporada invernal, donde Misiones espera recibir turistas nacionales, en particular del NEA y Litoral. Serán los visitantes que aprovecharán las vacaciones o una escapada de fin de semana para conocer Cataratas, Moconá, Misiones Jesuíticas, Posadas, etc.
Será prioritario que todos los actores del turismo y la gastronomía apliquen los protocolos sanitarios rígidamente, a fin de evitar restricciones mayores a las existentes en medio de la convivencia con el COVID-19 que amenaza con una tercera ola más cruda, a raíz de las variantes del virus que se van instalando en nuestro país.
Mientras tanto, se espera que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, cuyo titular es Matías Lammens, reaccione y gire los recursos necesarios para aportar su parte al sector en crisis. De hecho, parte de esa gestión se ha reafirmado esta semana cuando el gobernador Oscar Herrera Ahuad se encontró con el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, el nexo político entre la Casa Rosada y las provincias.
Sin embargo, como en muchas otras áreas de la administración nacional, parece haber un “muro de concreto” imposible de atravesar entre la firma de convenios, resoluciones y decretos donde se comprometen acciones y la ejecución de los mismos que derive en los pagos a las jurisdicciones. Claro está, con excepciones muy conocidas donde hay un interés presidencial o del Instituto Patria camino a las PASO y las elecciones generales.
Plan de vacunación
Misiones superó las 500 mil dosis contra el COVID-19 aplicadas y se encamina a completar la inmunización de la población considerada de riesgo, con la llegada de AstraZeneca y Sputnik componente 2. Cabe recordar que quienes requieren la segunda vacuna de la vacuna rusa, deberán tener para este tramo 12 semanas de lapso con la primera.
A su vez, a partir de mañana lunes, se empieza a vacunar a mayores de 18 años, siendo la única provincia que tiene tan avanzada la cobertura sobre la población.
En materia sanitaria, la Legislatura provincial sancionó el jueves una ley para crear el Programa Provincial de Abordaje Integral del Cáncer Cervicouterino, con énfasis en la prevención como en la asistencia y control de las lesiones, la reducción de las complicaciones, y la disminución de la incidencia y la mortalidad en las misioneras, en forma gratuita.
En la misma sesión, la Cámara de Representantes también aprobó una ley para fomentar la transición progresiva hacia la energía renovable como fuente de la matriz energética. Fue concretada por proyectos presentados por el diputado Carlos Rovira y exlegislador Waldemar Wolenberg. La finalidad es la incorporación de energía renovable a la matriz energética provincial, mediante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, para su producción, cogeneración y autogeneración.
