Pese a que funcionarios municipales de Garuhapé se acercaron en representación del intendente Gerardo Schimied, no conformó a los ambientalistas y organizaciones sociales que éste no se haya acercado en persona a conocer detalles de la denuncia sobre “destrucción ambiental” en la cuenca del arroyo Garuhapé como consecuencia de la extracción indiscriminada de materia prima para elaborar cerámicos.
Recientemente PRIMERA EDICIÓN había hecho público un informe sobre cómo se estaban violando abiertamente leyes provinciales (Ley 16.105) por extracciones en “zona intangible”.
La normativa prohibe el aprovechamiento en esa particular cuenca, junto con toda la zona roja de Misiones, ya que de acuerdo al Ordenamiento Territorial, a lo largo de ese cauce se alberga una enorme riqueza natural y por lo tanto no se puede tocar ni hacer un uso aprovechable de la madera ni otros recursos.
Aunque se solicitó informe al Ministerio de Ecología y a la Dirección de Minería, todavía no hubo ninguna voz oficial que saliera a explicar qué está ocurriendo y quién lo permitió.
“Se sigue haciendo explotación de las márgenes del arroyo y ya se ha vuelto muy grave la situación, sin embargo todavía no nos han respondido a las denuncias formales hechas hace casi un mes y la cosa sigue como si nada”, denunció el ambientalista Diego Ciarmello, quien, junto con las distintas organizaciones sociales y políticas, salió a reclamar explicaciones y acciones.
“En principio suponíamos que alguna empresa estaba haciendo explotación del suelo y de la selva en galería como un hecho aislado, lo que pudimos evidenciar es que se trata de una práctica sistemática y se viene desarrollando en plena pandemia de una manera general y eso significa que hubo complicidad de las propias instituciones de gobierno”, denunció.
“Al no aportar información solicitada y mucho menos intervenir en la denuncia, hay un vivo interés por ocultar lo que esta pasando. Por ello estamos generando una red de organizaciones para que podamos exponer lo que pasa al país, porque lo que pasa en Garuhapé es de una gravedad extrema”, insistió el ambientalista.
Al finalizar la marcha se entregó el petitorio en la sede municipal para que se intervenga de forma inmediata y se ponga fin a la práctica cuestionada.