El juez de Paz de Bernardo de Irigoyen, Heriberto Götz, que la semana pasada denunció intrusiones y amenazas en grandes propiedades privadas de la zona, fue reemplazado de su cargo por una jueza de paz suplente de Nueve de Julio.
La orden de reemplazo la tomó Inspección de Justicia de Paz que depende del Superior Tribunal de Justicia, que es la autoridad administrativa que dirige a los juzgados de paz. Consultado acerca del motivo, el funcionario explicó que: “Yo soy de Eldorado y la jueza que me reemplaza es de Nueve de Julio, por lo tanto le queda más cerca y genera menos gastos, esa es la explicación que me dieron”.
La reemplazante es Delia Rosalía Martínez, suplente en Nueve de Julio. Götz es juez de cabecera en Eldorado pero estaba ocupando una vacante como suplente en Irigoyen.
Lo llamativo es que su reemplazo llegó a los pocos días de que denunció una usurpación perpetrada por más de 600 familias en tierras de la empresa Puente Alto, al norte de Pozo Azul, y cuando impulsaba todas las acciones correspondientes para concretar las notificaciones y luego dar curso a los desalojos, que deberían realizarse por orden de un Juzgado de San Pedro.
Pero -además- el juez, en declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, explicó que la Policía tampoco le asistió al momento de solicitar ayuda para efectuar las notificaciones a los ocupantes. En la semana pretendía notificar a los ocupantes. “Si yo realizaba unas 15 notificaciones se podía avanzar en el desalojo. Sólo pude realizar cuatro, por mi cuenta”, dijo.
“La facultad para seguir adelante se suspendió porque la Policía no tiene los medios para actuar sobre los intrusos y los daños que causaron. Es raro que la Unidad Regional 12 no tenga medios de infraestructura y logística para volver al lugar del delito, de la intrusión y efectuar las notificaciones”, señaló.
Recordó que “la jueza de San Pedro ordenó la constatación para ver quiénes son los ocupantes”. Y eso se debe hacer con asistencia de la Policía porque “son violentos”, dijo. Yendo más lejos, el magistrado denunció que “buscan sacarme del medio porque yo tendría el impulso personal para trabajar”.
“Es raro lo de la Policía que dice que no tiene capacidad para acompañar al juez en el predio de Puente Alto”, advirtió.
Denuncia inicial
La semana pasada el juez relató a PRIMERA EDICIÓN que “han ingresado personas con camiones, camionetas, tractores, topadoras, cargadoras frontales, motosierras, y se han apoderado de todo el predio a pesar de los reclamos de los dueños que no pudieron evitar el ultraje a la naturaleza, la fauna y flora de la propiedad”.
Denunció que “instalaron aserraderos, campos con vacunos, criaderos de cerdos donde se faena y se vende la producción sin control fitosanitario. Lo peor de todo es la degradación de la naturaleza, todos los animales autóctonos fueron eliminados para comida o para dejarlos a los cuervos”.
Criticó al Ministerio de Ecología porque “parece que miran para otro lado, los dueños fueron a hablar, les contestaron que se iban a ocupar, pero pasa el tiempo y siguen destruyendo el predio”.
“Penalizar” el delito ambiental
El ministro de Ecología, Mario Vialey dijo que “estamos haciendo inteligencia y se percibe que hay una organización atrás que los induce a que hagan esta usurpación”. Recordó que “hace 15 días se paró el ingreso de 10 personas a una propiedad privada. Llegamos con los inspectores de bosques, hicimos seguimiento de 15 días, cuando fueron a tumbar un solo árbol, secuestramos los elementos, que es lo que nos permite la ley”.
En el caso de la propiedad de Puente Alto, dijo que “cuando nos avisan estamos en guardia para secuestrar los elementos pero no podemos constatar lo que dice el juez, que hay matanza de monos, de tapir”.
En declaraciones televisivas, Vialey indicó que “si el juez detectó tendría que hacer una denuncia penal conociendo quienes están atrás”. Contó el problema de no tener una ley penal para delitos ambientales.
“Hoy tenemos sumarios y se tiene que pagar una multa o se hace el secuestro de la maquinaria. Hay muchos que son organizados, si pierden una herramienta obtienen otra y lo siguen haciendo. Hasta que no tenga penalizada la tala del monte, eso no cambia”, aseguró.
