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El Grupo Z pidió a la Justicia no tener que declarar a Trabajo los horarios de choferes

25 agosto, 2020
INTIMACIONES. Desde que el Grupo Z no cumple, el Ministerio de Trabajo las intima, lo que motivó el amparo.

En el largo camino de ausente transparencia, que tiene como principal eje la negación a aplicar la SUBE Nacional que permitiría controlar los boletos vendidos, frecuencias y horarios; el Grupo Z va por más.

Ahora se presentó ante la Justicia para exigir una medida cautelar contra el Ministerio de Trabajo de la Provincia para que lo exima de presentar mensualmente las planillas de control de cumplimiento de los horarios de los choferes.

En algo es coherente: la premisa de funcionamiento es no tener que mostrar números ni datos que transparenten su accionar.

 

La primera

Según la publicación del sitio digital de noticias Misiones Online (MOL), fue Eugenia Ruiz, apoderada de la empresa Nuestra Señora del Rosario, con el patrocinio de Myriam Gauvry, la que presentó la solicitud que permite saber los francos y servicios que tienen asignados los trabajadores.

“Si bien la única firmante es Nuestra Señora del Rosario, el amparo busca beneficiar también a las demás integrantes de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), las empresas Don Casimiro y Tipoka”, indicó MOL en su publicación.

Hay que retrotraerse a un paro de los choferes de 2014, cuando la UTA Misiones y el Grupo Z destrabaron el conflicto mediante la firma de este acta de compromiso de informar horarios a Trabajo provincial.

Todo indica que, tras el acuerdo, empezaron a cumplir pero en los últimos tiempos no, razón por la cual la Provincia envió intimaciones a las empresas.

Nuestra Señora del Rosario sostiene al momento de pedir el amparo judicial que “no existen copias ni registros, ni entre las partes ni en el Ministerio interviniente”, por lo cual sostiene que las intimaciones que recibe son “inconstitucionales, nulas, arbitrarias, contrarias a la buena fe”.

¿Es posible que ni el gremio de los choferes no guarde una copia de una medida tan trascendente?

Siempre se mencionó la “buena relación” entre sindicato y empresas pero: ¿podrá llegar al punto de no preservar copia de un acuerdo tan importante para la defensa de los choferes que se quejaron y llegaron a un paro por los servicios y francos?

 

Siempre urgente

Cuando el Grupo Z necesita desde un “boletazo” hasta una medida cautelar judicial como la mencionada, se presenta a los Tribunales pidiendo una resolución de carácter “urgente”. Deberá creer que el Poder Judicial de Misiones se encuentra trabajando únicamente para sus planteos y no para graves hechos que afectan a los ciudadanos.

Una actitud similar tuvo al momento de presentarse ante el juzgado Civil y Comercial 5 de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Marcelo Adrián Escalante, donde intenta afectar la libertad de expresión, intentando acallar las críticas de usuarios y representantes del pueblo en una demanda a PRIMERA EDICIÓN. Escalante aún no se expidió sobre el pedido Z.

Volviendo al amparo por la declaración de los horarios de trabajo, MOL extractó otro tramo de la demanda: “Bajo el título Hechos-antecedentes fácticos, el escrito firmado por Ruiz relata que ‘a fines del año 2013, inicio del año 2014 en virtud de un conflicto de dimensiones importantes, generado entre el sector de las Empresas de Transporte y la organización gremial, que nuclea a los trabajadores, UTA Unión Tranviaria Automotor, a los fines de dar por terminado dicho conflicto, se acuerda entre las entidades que contienen ambos grupos, EUTA Y UTA, una serie de medidas, las que incluían la presentación por ante el organismo de aplicación, de las planillas de diagramas de francos y servicios”.

Reconoce además que “desde el momento mismo del acuerdo varias empresas se acogieron en un 100% a lo convenido, cumpliendo de inmediato lo pactado”.

¿Tan secreta será el acta o alguien la rescatará de algún archivo?

Tags: Grupo ZMisionestrabajoTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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