En otro tramo de la entrevista por “Aire de Sábado”, el economista José Piñeiro Iñiguez se refirió a uno de los temas que domina la agenda local: el transporte público de pasajeros, los controles que no se ejercen, los subsidios que se manejan y la no implementación de la tarjeta SUBE nacional.
¿Qué reflexión asume frente al actual estado de las cosas?
El monopolio y el funcionamiento del servicio público van de la mano de algo que es básico, el control. ¿Quién debe tener esa llave? El Estado, cuyo rol es arbitrar el control entre el privado que siempre es voraz en su rentabilidad y el usuario, el eslabón más débil de la cadena.
Esto es así desde siempre. Hace muchos programas hablamos de Pericles, inventor de las democracias que no son otra cosa más que un gobierno de las mayorías controlado por las minorías en función de defender el interés del más débil que es el pueblo. Esta definición de hace miles de años aplica en cuanto al rol del Estado sobre controlar un servicio público, debería estar más vigente que nunca.
¿Una posible salida?
Durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo un excelente ministro que fue Florencio Randazzo, quien estableció un mecanismo que fue la tarjeta SUBE nacional.
El objetivo era que la tarjeta sirviera como elemento de control del prestador del servicio, el análisis sobre el flujo de pasajeros, las horas para saber si los servicios eran correctos, quién usaba el servicio y de qué forma.
Pero fundamentalmente se buscaba saber los ingresos de las empresas de transporte por dos motivos fundamentales: uno era que sólo sabiendo el ingreso real de la empresa se podría determinar el impuesto que hasta el momento dependía nada más que de una declaración jurada del prestador; el segundo punto era que el transporte público en todo el mundo tiene un grado de subsidios, una plata de todos los habitantes de la Nación que usen o no el servicio.
El Estado, que es el que arbitra estas pujas, debía controlar y administrar ese flujo de fondos… cómo lo hacía, sabiendo los costos y la recaudación de la empresa.
Ese fue el espíritu de la SUBE nacional y se estableció un cronograma que decía que la tarjeta se debía aplicar a todas las ciudades con más de 200 mil habitantes para que el control fuera homogéneo y total.
Por arte de magia, los legisladores de Posadas resolvieron que la aplicación se postergara por diferentes motivos… y nunca se aplicó. Por el contrario el sistema acá se basa en lo que informa el prestador del servicio que tiene una tarjeta muy diferente en su objetivo.
Para que la gente lo entienda: ¿le darías al zorro la administración de tu gallinero? Esto es igual. Hoy acá el funcionamiento del transporte está siendo controlado y auditado por el prestador del servicio, los datos que emergen no son confiables. Por lo tanto los subsidios que se pagan para suplementar lo que esta empresa recauda no tiene veracidad.
Fue en el pasado y es en el presente, pero no debería ser el futuro. Este o cualquier servicio público debe ser controlado, de otra manera el usuario paga una tarifa que no es un precio. En un servicio público son diferentes los conceptos de tarifa y precio, se establece una tarifa en función de estar regulado por el Estado, el Estado se introduce en esa negociación comercial entre el prestador y el usuario para regular la ganancia de uno y lo que puede pagar el otro e interviene aportando la diferencia para que la empresa siga prestando el servicio.
Al no existir la SUBE nacional no se aplican los criterios que se habían delineado para todo el país. No sabemos bien los criterios por los que se desembolsa un subsidio, ni cómo se mide la cantidad de pasajeros, no sabemos si las frecuencias con correctas ni si la cantidad de coches son los adecuados. Tampoco sabemos las necesidades del usuario. El rol de la prensa es criticar, investigar, decir lo que está mal. Las entidades vecinales tienen que seguir reclamando que el Gobierno haga lo que siempre debió hacer y no hace, controlar.
Mi pregunta y mi reflexión final es ¿por qué razón hay alguien que no quiere que esto se establezca, que el elemento de control tanto del servicio, como de la tarifa, como del subsidio no se conozca? ¿Quién tiene cierto interés en que la SUBE nacional no se establezca en el sistema de transporte de Posadas? Persiste la voracidad indefinida de maximizar la rentabilidad al infinito. El que debería ser el controlador mira hacia otro lado y no controla que no siga siendo el usuario, el más débil, el esquilmado en este proceso.
