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Causa contra “Valdir”: ampliarán la denuncia y presentarán más pruebas

24 julio, 2020

La causa contra el exintendente de San Vicente, Waldomiro “Valdir” Dos Santos, actual vicepresidente del IFAI, por la venta supuestamente irregular de tierras municipales tiene todavía mucha tela para cortar. Ya fueron citados los primeros testigos y damnificados a declarar y se espera que la Justicia continúe acumulando pruebas. Además, en forma paralela, se está generando una puja entre los denunciantes y la defensa del exalcalde por la figura del querellante particular: el actual intendente quiere ser querellante en la causa mientras la defensa busca impedirlo.

Al mismo tiempo, según información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, el Municipio y los concejales denunciantes estuvieron acumulando más pruebas en los últimos días y han tomado la decisión, después que declaren los testigos, de ampliar la denuncia e incorporar la nueva documentación.

“Tenemos más casos de contribuyentes que compraron tierras, tienen los boletos y los recibos originales y eso vamos a llevar a la Justicia con una ampliación de denuncia después que declaren los damnificados y testigos que están siendo citados”, dijo un alto funcionario del Ejecutivo Municipal.

El informante agregó que “los compradores pagaron y tienen recibos originales del Municipio pero esos pagos fueron dados de baja del sistema, quiere decir que no se registró el ingreso de dinero, sin embargo esa plata no se devolvió a los contribuyentes”.

Desde el Municipio, confirmaron a este Diario, que van a insistir en que la Justicia los acepte como querellantes, a pesar de las estrategias de la defensa para impedirlo. Se prevé que este viernes o el próximo lunes podría haber novedades en ese sentido desde el Juzgado.

También informaron, en forma extraoficial, que hasta ahora la venta de tierras, que se encuentra en la mira de la Justicia, representa un negociado por sumas superiores a los 40 millones de pesos.

Las denuncias

El intendente Fabián Rodríguez, por un lado, y un grupo de concejales, por otro, presentaron dos denuncias en forma paralela en contra de la administración anterior, encabezada por Dos Santos, por supuestas irregularidades en las ventas de lotes de tierra, propiedad de la comuna.

En la presentación judicial, que realizó el alcalde Fabián Rodríguez, se detalla que “personas determinadas y/o a determinar realizaron conductas antijurídicas o con reproche penal en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad”.

La denuncia penal recayó en el Juzgado de Instrucción 3, en manos del Juez Gerardo Casco, y también involucran al exsecretario de Hacienda, Hugo Rubén Barovicz; y al exjefe de recaudación, Ladomiro Juan Néstor.

De igual manera, los concejales Elvio Rodríguez, Alejo Rodríguez y Mirta Graciela Rodríguez presentaron otra denuncia contra los mismos apuntados por el presunto delito de “estafas” al Estado municipal y “asociación ilícita” con un pedido de detención inmediata, hecho que fue descartado por ahora por la justicia, que calificó la causa como “malversación de caudales públicos” y “violación de deberes de funcionario”. Ambos delitos son excarcelables. Esta calificación llevó tranquilidad al entorno de Dos Santos.

“La metodología en concreto consistía en que las personas firmaran los contratos con el intendente Waldomiro Dos Santos y luego pasaban por caja y abonaban el monto correspondiente y se le emitía un recibo con todos los requisitos legales para su validez formal”, precisaron los ediles.

Sin embargo, añadieron, “estos recibos eran cancelados en el sistema, es decir que se anulaba el pago, pero el dinero no era devuelto al contribuyente que efectuó el pago, sino que el mismo se quedaba -seguramente entre las personas denunciadas-, ya que se trataban de montos exorbitantes y sólo ellos tenían acceso a tales maniobras”, señalaron.

Los denunciantes creen que, después de que se incorpore la ampliación de la denuncia con nuevas pruebas, todo encuadraría para que el Juez y el Fiscal modifiquen la tipificación y encuadren la causa como “estafa” y “asociación ilícita”, delitos que sí tendrían pena de prisión efectiva.

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Tags: San VicenteValdir Dos SantosVenta ilegal de tierras
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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