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Impulsan un sistema para publicar y controlar los precios en los comercios

17 mayo, 2020
DATOS. La información que los vendedores carguen en el sistema deberá contener varios puntos establecidos.

La Dirección de Comercio Interior de Misiones pondrá en funcionamiento un Sistema de Información de Precios online y exigirá a todos los comercios de la provincia, mayoristas y minoristas, que carguen ahí el valor de sus productos con carácter de declaración jurada, sujeto a sanciones administrativas o penales por su incumplimiento.

El sistema se denomina SIPEM y se encuentra en fase de creación, mediante la Disposición Nº 226, firmada el 5 de mayo y publicada en el Boletín Oficial de Misiones el pasado 7 de mayo.

El artículo 1º crea el Sistema de Información de Precios de Misiones (SIPEM) en el ámbito de la Dirección de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración.

Mientras que el siguiente establece la obligatoriedad de que “todas las personas humanas o jurídicas que desarrollan de manera habitual dentro del territorio provincial la venta minorista y mayorista de los productos que se determinen en la reglamentación y poseen sistema de código de barra o similares de control de stock y registración de precios, informen los precios de venta vigentes en cada punto de venta al consumidor final y de forma mayorista a través del sistema y su registro antes de ser aplicado a los compradores”.

Claramente la intención del Gobierno con este sistema es ajustar el control de precios y evitar que los “especuladores” aprovechen para remarcar los productos de primera necesidad.

La inflación en los últimos años ha sido una constante, principalmente sobre los alimentos, perjudicando a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Es así que con este sistema los clientes también podrán denunciar las “inconsistencias” entre lo que se publica en la web del sistema y lo que realmente se cobra en los comercios.

A la vez, en el artículo 3 determina que todos los precios publicados en el sistema serán de acceso público a los consumidores, mayoristas o minoristas, en forma gratuita, cierta y actualizada.

Además, tienen “carácter de declaración jurada y su falseamiento o adulteración acarrea las sanciones administrativas y penales que correspondan”.

En consecuencia, en el artículo 5 se crea el Registro de Información de Precios de Misiones “a fin de que a través de la plataforma correspondiente los obligados en el artículo 2 carguen la información obligatoria” y se encuentre disponible para que cualquiera lo pueda consultar.

Además, los usuarios podrán “comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de los datos proporcionados por los comercios pudiendo para ello sacar fotografías en el comercio de los productos, precios en góndola, ticket de compra en el comercio y otra información brindada por el comercio referida a los bienes, precios, promociones y demás”.

La información que los vendedores carguen en el sistema deberá contener, como mínimo: Cuit de la empresa, razón social, y nombre o denominación comercial; ubicación de cada punto de venta con domicilio completo y coordenadas para que permita su geolocalización; código EAN o equivalente sectorial del producto; precio de lista de venta minorista y mayorista netos de IVA e ingresos brutos según su caso por unidad, peso o medida, según la forma de comercialización; promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones.

Más adelante, la Dirección de Comercio Interior podrá “reducir o ampliar la nómina de productos, la información requerida y los sujetos obligados”.

 

Argumentos de la medida

Entre las consideraciones, la disposición remarca que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de la salud seguridad e intereses económicos”; y al mismo tiempo adiciona que “a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Asimismo, agrega que “el adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental que la información sea clara y se encuentre disponible para los consumidores y, en virtud de lo previsto en el régimen de lealtad comercial, dicha información también resulta necesaria para los comerciantes”.

“Para instrumentar dicha obligación resulta conveniente servirse de las herramientas propias de las tecnologías de la información a través de las cuales los consumidores y los comercios puedan acceder a los precios de los bienes y servicios en el mercado de manera más eficiente”, se describe en el documento.

Señala también que “persiguiendo estos objetivos resulta esencial la creación de un canal de información que otorgue al Estado provincial una mayor capacidad para la planificación de políticas que tiendan a fomentar la inversión en sectores y rubros donde se observan problemas de ofertas de productos”.

Por último, en el escrito se considera necesario “consolidar la sustentabilidad y previsibilidad del mercado interno para evitar situaciones que lleven la confusión al consumidor y usuario respecto de la oferta de productos y sus condiciones de comercialización”; como así también “a corregir conductas que desalienten la competitividad en una de las cadenas de valor afectando a sus eslabones más débiles y dificultando, en definitiva, el acceso pleno y efectivo a los bienes de consumo por parte de la población”.

 

Los productos que se deben informar

En el anexo de la Disposición se publicó un listado de los productos que se deben informar en todas sus formas de presentación:
•Almacén: aceites, yerbas, arroz, harina de trigo, harina de maíz, fideos, galletitas dulces, galletitas saladas, dulces (mermeladas, de batata, de leche), condimentos, aderezos, azúcar, cereales, legumbres secas (porotos, arvejas, garbanzos, lentejas), enlatados (choclo, arvejas, tomates), vinagre, tapas de empanadas, tapas de pascualina, polvo para preparar jugos, polvo para chocolates, café, té, mate cocido, productos para celíacos, leche líquida, leche en polvo, chocolatada.
•Lácteos: entre los cuales están el yogur, crema de leche, quesos, en todas las presentaciones, manteca, margarina.
•Panificados: pan fresco, pan de horma, facturas, especialidades, pan rallado y rebozador.
•Bebidas: gaseosas, aguas saborizadas, aguas minerales, jugos, bebidas de hierbas, bebidas alcohólicas, cervezas, vinos.
•De limpieza: jabón de tocador, desodorantes, pastas dentrificas, jabones de lavar en polvo, jabón de lavar líquidos, detergentes. Además, se suman la lavandina, los jabones comunes de lavar, el rollo de papel de cocina, papel higiénico, champú, y crema de enjuague.

Tags: AfipControlesemprendedoresMunicipalidadPreciosWeb
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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