“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’ y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, dijo HRW en un comunicado.
La organización recordó que el 25 de marzo pasado, la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, firmó un decreto que prorrogó la cuarentena y estableció que las personas que “inciten” a su incumplimiento “o desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
HRW afirmó que funcionarios de alto nivel en Bolivia mencionaron expresamente a opositores políticos como posibles objetos de procesamiento por “desinformar”, según la agencia de noticias EFE.
Agregó que como el decreto no precisa qué tipo de declaraciones o acciones podrían considerarse desinformativas o generadoras de incertidumbre, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones, por lo que pidió la derogación de la norma.
Fuente: telam
