Por Gabriel Fernández
Tras la declaración de la Emergencia Sanitaria por la llegada del coronavirus a la Argentina, comenzaron a tomarse medidas de seguridad en distintos puntos del país. Uno de ellos comenzó en Misiones con un operativo cerrojo, que inhabilitó el ingreso de personas que no tuvieran residencia en la provincia. Con el cierre de las fronteras y el inicio de la cuarenta hubo aspectos que el Gobierno no tuvo en cuenta: ¿Dónde pasarían las personas el aislamiento? ¿Qué pasaría si están obligadas a permanecer encerradas en hogares con un historial de extrema violencia?
Una situación compleja fue la que se vivió en el ingreso a la tierra colorada, en el puesto centinela de San José, cuando impidieron a los pasajeros de un micro proveniente de Buenos Aires que no fueran misioneros que llegaran a su destino. En medio de ese caos, el chofer relataba con preocupación en su voz: “Una de las pasajeras viene huyendo de su provincia porque en su hogar sufre violencia. Con estas medidas ahora quieren que espere otro micro para que la regresen de donde viene. Realmente esta chica no sabe más qué hacer y ahora le dicen esto”.
Ese testimonio dejó en claro una cosa: comenzaban a ser visibles aristas que escapaban del ámbito de la salud y lo epidemiológico para centrarse en las prácticas sociales. Finalmente nunca supimos qué pasó con aquella pasajera y dónde fue a parar al ser interceptada en su ruta de escape por las medidas de seguridad nacional. Sin embargo, esperamos que haya encontrado la ayuda necesaria para despegarse definitivamente de su agresor o agresores, porque hay tantas otras y otros que no corrieron con la misma suerte.
Primer día de la cuarentena obligatoria y despliegue policial en las calles de todo el país. Un patrullero intercepta a un hombre que caminaba junto a un niño por la noche y al realizar el interrogatorio los policías notan un comportamiento extraño en el menor. Al no estar seguros de si sucedía algo que no se apreciaba a simple vista comienzan las preguntas al pequeño, quien finalmente se quiebra y comienza el relato de las terribles vejaciones a las que era sometido por la persona con quien debía cumplir la cuarentena en su hogar.
Casi de inmediato, comienzan a llegar los informes de llamados, denuncias y por último los casos de femicidios en el aislamiento domiciliario perpetrados en su mayoría por las parejas de las mujeres o familiares cercanos a la víctima.
Mientras tanto, el Gobierno nacional se vio en la necesidad de tomar cartas en el asunto y desde las diversas instituciones comenzaron un plan de contingencia no ya de la enfermedad respiratoria que somete al mundo, sino de las consecuencias que podría acarrear el encierro obligatorio en las familias.
En ese sentido, se extendieron las medidas cautelares para que no tengan un vencimiento inmediato y se asegure que aquellas personas que tienen una orden de alejamiento no vuelvan a estar cerca de sus víctimas. No obstante, esto no significa que la presencia de los victimarios desaparezca, ya que en algunos casos la presencia continúa de manera virtual a través de llamados y amenazas vía redes sociales.
Las líneas de asistencia a la violencia de género como la 144 en el país y la 137 en la provincia reforzaron los canales de atención y se prepararon para un aumento de los casos. Sucede que más allá de los hogares donde, lastimosamente, la violencia es moneda corriente, el cambio de la rutina que obliga a las personas a quedarse en sus casas y compartir interminables horas puede llegar a desarrollar situaciones de estrés extremas. Ahora mismo, en los barrios de Posadas, comienzan a llegar las denuncias policiales por peleas que involucran a familias enteras por discusiones que se salieron de control.
Pero más allá de esto, la sociedad comenzó a darse cuenta que las cosas no marchaban bien en la convivencia y que la violencia de género se vio incrementada, más en contextos donde la víctima es obligada a convivir con el agresor porque no tiene otro lugar donde ir y no puede realizar la denuncia. Es así que clubes deportivos e incluso comercios iniciaron programas colaborativos para generar espacios de contención y ayuda a las mujeres, niños y adolescentes inmersos en contextos sociales tóxicos.
Entre las iniciativas nacionales para contener a las personas, lanzaron el Programa de protección a víctimas de violencia de género llamado “Barbijo Rojo”. La medida fue acompañada por la Confederación Farmacéutica Argentina y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Este Programa tiene como eje a las farmacias, ya que será éste el lugar donde, por medio del procedimiento que se establece en el Protocolo, la víctima o un tercero podrán alertar de su situación de violencia.
A pesar de que concurrir a una farmacia y pedir un barbijo rojo para dar alerta de que “soy una persona violentada” es una herramienta que puede salvar vidas, en Misiones aún es incierta su aplicación. Para esto, las farmacias tendrían que estudiar el Protocolo de acción establecido a nivel nacional y fortalecer al equipo de atención de todos los negocios porque una mujer o cualquier persona podría llegar un día y pedir auxilio. Sin embargo, por el momento no existen mayores novedades al respecto.
La falta de las personas en las calles también generó un impacto en los movimientos feministas y LGBTIQ que durante meses reclamaron en Argentina el crecimiento de los asesinatos y actos de odios. Ante la imposibilidad de manifestarse públicamente, los colectivos se han visto obligados a utilizar las redes sociales para recordar a todo el mundo que, más allá del COVID-19, una pandemia que no da treguas es la violencia patriarcal.
Emergencia Ni Una Menos
ENFOQUE dialogó sobre esta situación con la coordinadora de Misiones de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, Carolina Maidana, quien compartió los detalles de la carta pública dirigida al presidente, Alberto Fernández, enviada este último viernes: “Desde el Observatorio Mumalá contabilizamos 15 femicidios dentro de esta cuarentena por el coronavirus. Además, recordamos el análisis presentado anteriormente -en los meses de enero y febrero- donde remarcamos en los últimos 10 años, el 62% de las víctimas fueron asesinadas en su hogar. El 60% a manos de su pareja”.
Además, añadió que “con esta carta abierta la idea es pedir al presidente que refuercen las medidas de prevención y atención a las víctimas de violencia de género en la situación que atravesamos en el país y el mundo por esta enfermedad. Esta cantidad de femicidios dentro de esta cuarentena da cuenta de lo que tanto venimos planteando, que los hogares no son espacios seguros para muchas que no les queda otra que estar encerradas con su propio agresor”.
Entre los puntos a tener en cuenta, Maidana señaló que “principalmente pedimos tres medidas, una de ellas consiste en facilitar a través de las líneas telefónicas e Internet una forma más rápida y accesible para atender a las víctimas; además del fortalecimiento de los distintos ámbitos públicos que se hacen cargo de esta problemática; también es necesario la asistencia inmediata a los familiares de las mujeres asesinadas”.
Principalmente “queremos que se escuche la demanda pedida desde el 2015 por el movimiento Ni Una Menos por Emergencia de Violencia de género”, remarcó.
Respecto a los datos aportados desde las provincias para el recuento de los hechos de violencia, la coordinadora provincial de Mumalá compartió que “en Misiones tuvimos un nuevo femicidio, el de una mujer de 32 años en Puerto Libertad. Además, se contabilizó el asesinato de la niña de dos años que fue caratulado como femicidio vinculado, ya que la víctima estuvo en medio de una discusión de pareja relacionado con violencia intrafamiliar”.
Asimismo, señaló que “es importante tener en cuenta que así como sucedió en Misiones el caso de esta niña, a nivel país fallecieron otros tres niños en la cuarentena desde el 12 de marzo relacionados con situaciones de violencia. También hubo varios intentos de femicidios y algunos lamentablemente terminaron con la muerte de mujeres tras varios días de agonía, como fue el caso de la mujer que fue quemada en La Plata”.
Carolina Maidana aclaró que “desde Mumalá queremos que se amplíen las redes de protección y alojamiento para las mujeres víctimas. Por otra parte, el colectivo LGBTIQ también compartió que durante el 2019 hubo 190 ataques de odio en todo el país y las disidencias continúan siendo afectadas en esta situación nacional”.
En cuanto a las situaciones con las que han tenido contacto en la tierra colorada, indicó que “al no poder salir también nos ha tocado trabajar con las personas telefónicamente y nos han contado que por más que las vías de restricción legal siguen vigentes, los violentos amenazan y de alguna forma se acercan a las personas. Esto deja en claro que por más que las medidas cautelares se extendieron por 30 días, no es suficiente.Además, es importante que se priorice la atención desde el 911 y la línea 137, la principal de la provincia para tratar a la violencia de género”.
Como ya no pueden salir a las calles a protestar, han tenido que utilizar la creatividad para recordar el reclamo presente por las violencias en la sociedad patriarcal. “El 30 de marzo a las 18 horas hicimos un ‘ruidazo’ que tuvo repercusión a nivel nacional. La idea es trabajar a través de las redes sociales y salir a las ventanas, veredas y balcones, para tratar de hacer ruido desde los movimientos feministas para visibilizar el pedido de emergencia”, precisó.
La violencia en las ausencias
Entre las personas que se han visto afectadas por la cuarentena desde lo laboral, el colectivo de personas trans ha sufrido un nuevo golpe durante la Emergencia Sanitaria nacional. Al ser un sector vulnerable por la imposibilidad de contar con un trabajo formal debido a la discriminación de la sociedad, muchas mujeres trans han recurrido a la prostitución para subsistir.
Sin embargo, ante la prohibición de salir de las casas su método primario de subsistencia se ha cortado y la situación de las personas que dependían de la noche es grave. Además, la falta de políticas de asistencia gubernamental o de alternativas para esta población puso en jaque a todo un colectivo que hoy vive una doble marginalidad.
Ante esto, compañeras trans iniciaron un pedido de donaciones para poder subsistir durante la cuarenta. En una entrevista con ENFOQUE la coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales, y Transgénero de Argentina, ATTTA seccional Misiones, Nazarena Fleitas, contó que “el pedido sigue siendo triste porque la colaboración no llega. Muy pocas personas han acercado donaciones”.
Más allá de la iniciativa que nació desde dentro del propio colectivo, señaló que “creo que es una responsabilidad del Estado acercarse a la gente y ayudar como corresponde. La situación de las compañeras es muy complicada en estos momentos porque al no tener un trabajo fijo depende del día a día y sus salidas por las noches. Ellas necesitan salir a trabajar y en estos momentos no pueden, así que viven en un total abandono”.
En cuanto a la asistencia, explicó que “habíamos pedido módulos de mercaderías y se gestionó 35 de los 40 que pedimos. Lo que pasa es que en eso tampoco venían la cantidad necesario de ciertos alimentos. Fue una vergüenza por parte del Ministerio de Desarrollo Social porque había que cocinar y hacer magia”.
Nazarena Fleitas remarcó que “las chicas siempre fueron personas que salieron a trabajar y hoy tener que depender de un Estado que hace caso omiso de un pedido es muy triste. Llegar al punto de no cubrir la alimentación diaria es lo peor que le puede pasar a una persona”.
Entre los pedidos de programas para las personas trans, recordó que “presentamos el proyecto de inclusión laboral varias veces. En este sentido, la población trans sigue siendo la más rechazada y vulnerable que existe en la sociedad, más teniendo en cuenta que tenemos gobernantes que supuestamente representan a todos”.
Acerca de las principales problemáticas, detalló que “tenemos compañeras que tienen que pagar un alquiler y al no ser por inmobiliaria, contrato verbal, están con un pie en la calle y no saben cómo van a resolver esto. Lo más denigrante sería para una compañera tener su hogar armado y tener que tirar todo para terminar en un refugio. Así que entre las medidas de asistencia se debería considerar el contexto de cada uno de los sectores sociales”.
La coordinadora de ATTTA Misiones apuntó a que “lo único que pedimos es una pequeña ayuda porque con una bolsa de mercadería me parece que no sobrevivís una cuarentena. Si hubiera salido la inclusión laboral y los proyectos de ley se trataran como corresponden, además de tener una decisión política del Gobierno, sería todo muy distinto. La realidad es que la vida de la comunidad trans es algo que nunca importó”.
Por último, compartió que en medio de la cuarentena “entendemos que no somos las únicas que estamos en esta situación pero varias chicas dependen de un trabajo nocturno y lo hacen porque fueron conducidas a ese estado de vulnerabilidad. Ahora es como volver de nuevo a otros tiempos donde había persecución policial, porque hay compañeras que lastimosamente van a romper este protocolo nacional porque tienen que comer. Acá lo cierto es que con la necesidad y el hambre de la gente no se juega”.
