El Vaticano expulsó al cura pedófilo defendido por el obispo Martínez

Ocurrió luego que el sacerdote santafesino Néstor Fabián Monzón (51) fuera condenado por “abuso sexual gravemente ultrajante, calificado, en concurso real” a dos niños.

09/01/2020 12:34

SANCIÓN DURA. La dimisión o expulsión del estado clerical es la pena máxima que puede recibir en el ámbito eclesial un sacerdote. También se le conoce como “laicización” o “reducción al estado laical”.

Durante seis años, Juan Rubén Martínez fue obispo de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, hasta noviembre de 2000 cuando lo designaron al frente de la diócesis de Posadas. En esa localidad santafesina ocurrió un escándalo con el ahora expulsado sacerdote Néstor Fabián Monzón (51), que prestaba servicios en la parroquia “María Madre de Dios”. Monzón fue denunciado por abusar de dos menores en 2015 y condenado en diciembre de 2019 a 16 años de prisión, al ser encontrado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (por las circunstancias de su realización), calificado (por ser el imputado ministro de un culto reconocido) en perjuicio de los dos menores de edad, en concurso real; a un niño de tres y una niña de cuatro años.

A raíz de la denuncia y posterior condena, el Vaticano determinó el martes 7 de enero la “dimisión del estado clerical”, según lo confirmó el Obispado de Reconquista. Se trata de la pena más severa que aplica el derecho canónico.

Monzón estuvo a punto de vivir en Posadas durante un tiempo previo al juicio y condena, ya que monseñor Martínez ofreció la casa del Obispado para la prisión domiciliaria del ahora expulsado pero la Justicia de Santa Fe le negó la petición.

“Gran cercanía”

El vínculo entre el ahora Obispo en Misiones y el condenado sacerdote es muy fuerte, al punto que Juan Rubén Martínez fue hasta Santa Fe para defenderlo cuando ya no era su diócesis: “Vengo para acompañarlo, es alguien con quien tengo una gran cercanía, lo conozco desde hace años. Vengo a manifestar la absoluta certeza de su inocencia”, dijo a los medios de Reconquista en 2016, a pocos días de la denuncia y pedido de detención contra el “padre Néstor”.

En ese viaje, monseñor Martínez terminó denunciado por la Fiscalía santafesina por presunta “coacción” en julio de 2016. Es que su homónimo Rubén Martínez, fiscal de Reconquista, dijo haberse sentido “amedrentado” en una visita que el Obispo le realizó para interiorizarse de la causa contra Monzón.

Pero la historia entre Martínez y Monzón no terminó allí. Concretada la prisión preventiva del sacerdote pedófilo en Avellaneda (Santa Fe), el prelado de Misiones ofreció su casa ubicada en la costanera de Posadas para que el “padre Néstor” no tuviera que vivir tras las rejas y la Justicia le otorgara una detención domiciliaria. Sin embargo, la petición fue rechazada para alojarlo en Misiones pero sí se la facilitaron en Calchaquí, en la casa de un comerciante.

La condena

El tribunal del juicio oral realizado en los tribunales de la ciudad cabecera del departamento General Obligado, dispuso de manera unánime el 18 de diciembre una condena de 16 años de prisión.
Los fiscales Alejandro Rodríguez y Juan Sebastián Marichal solicitaron la realización de forma inmediata de una nueva audiencia para el tratamiento de esa medida cautelar.

Los funcionarios del MPA solicitaron la prisión preventiva del condenado que fue otorgada el 20 de diciembre, por la jueza Norma Senn, quien hizo lugar a la sospecha de la Fiscalía sobre un presunto peligro de fuga por parte del sacerdote.

Rodríguez había solicitado la prisión preventiva por considerar que, ahora que el imputado tiene la certeza de la sentencia, el riesgo de fuga se acrecienta. Más aún considerando las “conexiones” del cura, que le permitirían irse de la provincia e incluso del país. “Tiempo atrás estuvo en Cuba y tiene un amigo obispo en Posadas”, recordó el funcionario del MPA en alusión a su relación con Martínez.

Además, Rodríguez contó que en el proceso canónico que se le sigue a Monzón, éste presentó un certificado médico para no comparecer. Dicho certificado tenía fecha 14 de diciembre, cuando concurrió en perfectas condiciones de salud a los tribunales de Reconquista.

Cabe destacar que la defensa del sacerdote pretendía la prisión domiciliaria y propuso que se le colocara una tobillera o seguimiento por GPS, pero la Justicia no accedió a esas opciones.