De los homicidios más resonantes, tres aguardan la decisión fiscal para ir a juicio

Las causas son del Juzgado de Instrucción 1. La de mayor tiempo transcurrido es la del albañil que murió en un procedimiento policial en julio de 2014. El crimen de la joven hallada en una heladera (2018) aún conmociona.

03/11/2019 09:56

EN NOMBRE DE “LUCIFER”. Carleris invocó al demonio y dejó una nota en la ofrendaba la muerte de Natalia Samaniego el domingo 2 de septiembre de 2018.

Entre los crímenes que provocaron amplia repercusión durante los últimos años en esta capital provincial, tres de ellos, los homicidios del albañil Carlos Guirula y el dirigente gremial de Empleados de Comercio, Pablo Achingo, más el femicidio de Natalia Samaniego, están a un paso del requerimiento formal de elevación a juicio.

La instrucción de los tres está a cargo del juez Marcelo Cardozo, quien ya envió para opinión fiscal los respectivos procesos, paso clave para que los expedientes sean enviados a los tribunales de debate.

Fuentes, de las señaladas como “de largo trajinar” por pasillos judiciales, comentaron a PRIMERA EDICIÓN que ninguna de las tres causas es sencilla para resolver, y destacaron el crimen del albañil como el de mayor complejidad para ser analizado ante un tribunal.
Será la fiscal de Instrucción 1, Amalia Benedicta Spinnato, quien apruebe o no las actuaciones y acusaciones del magistrado Marcelo Cardozo.

 

Terror en el motel

HOMICIDIO Y PATRULLAS. Guirula fue masacrado a golpes en un motel y camino a la comisaría Decimotercera de Posadas.

Transcurrieron poco más de cinco años y tres meses de la madrugada violenta del sábado 19 de julio de 2014. Quedará marcada por la alevosía con que Carlos Raúl Guirula (30) perdió la vida en manos de quienes fueron preparados y prometieron cuidar, precisamente, ese bien considerado el más preciado.

El albañil murió tras ser detenido en el estacionamiento de un albergue transitorio de las avenidas Andresito y Santa Catalina de Posadas, se habría resistido a pagar 104 pesos y una botella de whisky, que aseguraba no haber consumido.

La violencia del procedimiento policial sorprendió, le rompieron nueve costillas, le aplastaron el tórax y provocaron diversos traumatismos en el cráneo.

La golpiza fue cruel, y en la causa hay nueve uniformados acusados. Cinco de ellos enfrentan la acusación por el delito de “tortura seguida de muerte”; que podría conducirlos a una sentencia a prisión perpetua. Otros cuatro acusados por “omisión funcional de denunciar torturas”.

En un principio eran once, pero la Justicia sobreseyó a dos sospechosos de “encubrimiento”. Eran los que estaban en la guardia de la comisaría seccional Decimotercera la noche del homicidio, dependencia a la que Guirula habría llegado sin vida después de ser reducido en el motel.

Los uniformados más comprometidos en la investigación son los que tuvieran directa intervención en el procedimiento: Lourdes Tabárez, la oficial que comandaba el operativo; el sargento Claudio Marcelo Servián, el cabo Ricardo Rafael Escobar, el cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa y el agente Carlos Alberto Da Silva.

Por “omisión funcional de denunciar torturas” están encartados el subayudante Carlos Alberto Sidorak, el cabo primero Sergio Damián Recalde y los agentes Jorge Orlando Barrios y Jorge Marcelo Bogado.

Según las actuaciones de los investigadores y el proceso de la causa, Guirula fue atacado cuando junto a dos amigos intentaban retirarse junto a dos acompañantes femeninas. Se inició una discusión con el encargado del lugar por el reclamo de dinero.

Ante el alerta, tres efectivos de la comisaría Decimotercera llegaron al lugar, pero entonces Guirula se atrincheró en su automóvil.

Los uniformados pidieron refuerzos y llegaron tres móviles del Comando Radioeléctrico.

En esos minutos, el albañil fue salvajemente golpeado, mientras era sacado del vehículo y subido a una camioneta policial. La autopsia reveló que tenía marcas de borceguíes en distintas partes del cuerpo, incluso en la cabeza, y que la causa de la muerte fue por el estallido de uno de sus pulmones.

Al llegar a la Decimotercera, se percataron que Guirula no tenía pulso ni respiraba. Intentaron resucitarlo arrojándole agua y luego habrían actuado para intentar esconder los elementos de prueba, hasta lavaron la patrulla.

Pero la muerte violenta fue descubierta por los investigadores y los nueve policías continúan acusados por un delito que prevé condena de prisión perpetua, al menos 35 años de detención.

 

El diablo y la heladera

REGALO. La heladera se la regaló a Natalia su madre, el mismo día del crimen.

Hace catorce meses (domingo 2 de septiembre de 2018) Juan Martín Carleris, según el expediente, asesinó a Natalia Samaniego en un departamento de la avenida Santa Catalina a pocos metros de López y Planes, a media cuadra del Club Huracán del barrio Rocamora.

La estranguló de acuerdo a los datos de la autopsia y, de la reconstrucción y evidencias mantuvo el cadáver adentro de la heladera durante ocho días, hasta la noche del lunes 10 de septiembre, cuando fue allanada la vivienda porque el olor a cadáver se percibía desde la vereda cruzando la avenida.

A ese dato científico los detectives le sumaron las declaraciones testimoniales de Teresa Gamarra, madre de Samaniego, quien reveló que la última vez que vio con vida a su hija de 25 años fue aquel domingo 2 de septiembre, cuando le entregó un ticket para que retirara una heladera de un hipermercado de avenida Quaranta y Tomás Guido. Era un obsequio de la familia para la pareja, que hace apenas un mes había decidido convivir.

Ese mismo domingo Carleris, hoy de 23 años, habría asesinado a Natalia y, después, envuelto el cuerpo en una frazada y metido en el refrigerador tras quitar los estantes o rejillas. Incluso, como la puerta del refrigerador no cerraba, habría atado la misma con prendas de vestir e incluso “rellenado” los espacios que restaban para evitar que el frío escapara.

La Policía entró al lugar y descubrió el cadáver, a un costado sobre la cama, acostado e intoxicado con clonazepam, fue hallado Carleris.

Al lado, la misiva firmada con su nombre y sus iniciales en sangre: “Señor Lucifer, gran señor de las tinieblas, te ofrezco mi alma cuando muera a cambio de que te lleves el cuerpo de mi novia y que no quede evidencia que fui yo quien la asesinó y tener suficiente dinero para todo el mes y seré otro seguidor y adorador tuyo, gran poderoso señor de las tinieblas”.

Carleris fue acusado con prisión preventiva por femicidio, como autor del delito de “homicidio calificado por la relación de pareja”.

 

Crimen del gremialista

ACCESO OESTE. El Renault Fluence de Pablo Achingo fue calcinado durante la fría madrugada del 7 de julio de 2017.

La investigación apuntó a que una banda de ladrones, bajo efectos de drogas, masacraron a golpes al sindicalista Pablo Sabino Achingo (58) durante la madrugada del miércoles 7 de junio de 2017 y su cuerpo fue abandonado en plena chacra 130, barrio Santa Rita de Posadas.

Achingo habría sido engañado, citado por una joven para robarle a manos de sus cómplices. El Renault Fluence de la víctima fatal apareció totalmente calcinado en el Acceso Oeste a pocos metros del puente de la avenida Chacabuco sobre el arroyo Mártires.

La causa, “latrocinio” o “homicidio en ocasión de robo” prevé condenas de diez a 25 años de cárcel. El expediente tiene seis acusados, cinco de manera directa con la autoría y participación y uno como encubridor.

Para los investigadores no quedan dudas de que Achingo fue víctima de un grupo de delincuentes que, bajo engaños, lo llevó hasta una vivienda de avenida Santa Cruz casi San Martín, donde fue atacado a golpes con fines de robo.

Según fuentes de este Diario, el expediente podría estar en condiciones a fin de año de ser elevada a juicio oral y público, resta la incorporación de las últimas testimoniales.

En el caso de la muerte de Samaniego, el análisis fiscal deberá determinar si cambia la calificación de “homicidio calificado” por “femicidio”, ambas figuras comprenden la prisión perpetua como pena posible.