Verde fuga

El cepo generó costosas consecuencias para las empresas. El FMI, la Justicia y el desembolso postergado. La inflación profundiza la pobreza en el NEA. El bono para privados sin definiciones tras las críticas.

15/09/2019 08:29

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La economía argentina muestra una “dólar-dependencia” que, ante cada escalada cambiaria, conlleva una de la inflación en todos los rubros. En la cadena de comercialización, mayoristas y comerciantes de venta al público variaron los precios de los productos según se movió la moneda norteamericana, aunque el peso sea la oficial del país y que muchos de los artículos no tengan componentes importados.

Desde la instalación del cepo cambiario, hace un par de semanas atrás, cobraron fuerza cotizaciones del dólar por fuera del precio oficial, como “huecos” al freno -que intentó ponerle el Gobierno nacional- a la salida de dólares, que exprimen las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Es más usual hablar del “dólar blue” y ahora también sobre el “dólar contado con liquidación” al que se lo popularizó como el “dólar fuga” o “rulo”, cuyas cotizaciones acumulan subas de entre 15 y 25% por encima del mayorista. Solamente el viernes pasado este se cotizó un 8% arriba desde su aparición.

Para entender la incidencia, el economista José Piñeiro Iñiguez (MBA de Harvard, EEUU y exvicepresidente del Citibank) aseguró que “El cepo impuesto al dólar días atrás empezó a tener consecuencias en la vida real de la gente y de las empresas. Empezó a hacerse bastante más compleja la operatoria del día a día. (…) Lo que se empezó a ver para las empresas es la imposibilidad de efectuar determinados pagos. (…) Por un lado están las empresas que tienen los dólares en efectivo en Argentina y que tienen que darle esos dólares al banco agente que, a su vez, en el exterior le va a pagar a un montón de tenedores de bonos. Por el otro lado, las que tienen pesos y, con esos pesos, deberían comprar dólares y entregarlos a los bancos agentes para que paguen los compromisos en el exterior. Y se dieron cuenta ahora, que esa operación no la pueden hacer”.

Así, apareció “la solución para las provincias y las empresas: ir por la operación de contado contra liquidación. (…) Cuando esta medida se implementó valía lo mismo que el billete físico. Pero, el mercado al ver este dólar restringido empieza a tomar una brecha en el contado con ‘liqui’ contra el dólar spot que está en la ventanilla de los bancos”, explicó Piñeiro Iñiguez. “Esa brecha va ir creciendo con el tiempo. Nació con un 5%, se fue a un 10%, en el corto plazo superó los 20%, hoy -por el viernes pasado- cerró en 74 pesos y quizás para octubre o noviembre tengamos una brecha superior al 40%. (…) Cuando vas al día a día, empresas y provincias se encuentran que tienen que comprar un dólar que ya no vale 58 pesos para pagar los compromisos, va a valer 73 pesos o más, lo que valga en el momento de efectuar el pago”, explicó el economista.

Aunque el consumidor final lo ve alejado de su -de por sí dura- realidad del día a día, otro economista advirtió la gravedad que significará si las empresas que deben operar con alternativas al dólar oficial, empiezan a actualizar los precios de los productos al valor contado con liquidación. “En el día a día, uno todavía se maneja con el dólar oficial, pero el problema es cuando la diferencia se va ampliando. (…) Se empieza a correr el riesgo de que los precios comiencen a ajustarse por otros tipos de cambio y no por el oficial”, aseguró el también diputado nacional Marco Lavagna.

 

El desembolso no llega

El problema sigue siendo que Argentina dispone cada vez de menos dólares y la gestión Cambiemos se sigue debatiendo entre más controles o el riesgo de no tener con qué salir a contener las cotizaciones. Para colmo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) postergó el desembolso de los US$ 5.400 millones que se esperaban para este mes a la espera de una reunión con el ministro Hernán Lacunza para analizar las últimas medidas adoptadas por Mauricio Macri.

En paralelo, las reservas internacionales del Banco Central experimentaron acumularon una merma de US$ 4.015 millones durante septiembre. Según datos oficiales, el viernes pasado finalizaron en US$ 50.085 millones, con una pequeña porción de “físico” para salir al mercado a intervenir.

Así, desde que se realizaron las elecciones PASO tuvieron una caída acumulada de US$ 15.651 millones (tres veces más que el monto que Argentina espera del FMI).

A principios del mes se dieron caídas de casi US$ 1.000 millones en una sola jornada por la crisis financiera. Durante la semana pasada acumularon una caída de US$ 3.151 millones, con el nuevo esquema de restricciones cambiarias. El viernes la cifra descendió, en un contexto de continuos retiros de depósitos que expuso una caída de 30% de los mismos en moneda extranjera, desde las PASO.

 

La Justicia y el dólar

El Poder Judicial tiene otra mala noticia para los funcionarios del Gobierno nacional y para el presidente Mauricio Macri. Esta semana, el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, y el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron imputados por “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje”, en una causa iniciada por el sindicato de trabajadores viales, bajo la investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano.

Hasta el cómico y excandidato a gobernador del PRO en Santa Fe, Miguel del Sel tuvo su revés judicial de la Cámara Electoral, que ratificó la condena a seis meses de inhabilitación del ejercicio de cargos públicos por irregularidades en la rendición de balances de su partido.

Pero, otro juez federal, decidió avanzar en una denuncia pública para saber si Macri propició la disparada del dólar y devaluación después de las PASO. Consecuentemente, Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar al pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa para investigar los acuerdos entre el Gobierno y el FMI.

Entre las medidas que solicitó la Fiscalía se encuentra el otorgamiento por parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del Fondo y funcionarios argentinos.

 

Inflación y pobreza

Las advertencias se fueron convirtiendo en realidad pos-PASO. La inflación de agosto llegó al 4% en el promedio del país, acumulando en ocho meses del año un 30%. El rubro que tuvo el impacto más inmediato, y que se reflejó en los precios del mes pasado, fue el de alimentos y bebidas, que registró un alza del 4,5%; aunque la categoría que más subió fue Equipamiento del Hogar, con 6,1%. Si se observa la diferencia entre agosto 2018 y el mismo mes de 2019, la inflación trepa al 54,5%

Sin embargo, en el NEA donde se ubica Misiones, la inflación se duplicó con respecto a julio de este año: alcanzó 4,5%. Los economistas coinciden que en septiembre, habrá una suba igual o algo mayor tras la corrida cambiaria de fines de agosto pasado. Con lo cual, el impacto en la pobreza se sentirá con mayor fuerza en este postergado Norte argentino, donde vivir no sólo cuesta más caro sino que se va dificultando sobrevivir a la crisis mes tras mes.

 

Emergencia Alimentaria

Una importante reacción política dio la totalidad de los bloques que componen la Legislatura misionera, al declarar el jueves pasado la Emergencia Alimentaria en Misiones por unanimidad. Los sectores más vulnerables socioeconómicamente requieren de una presencia mayor del Estado y, para ello, la provincia necesitaba un instrumento legal que le permita responder con la mayor celeridad posible a los pedidos de asistencia.

Además de un programa específico de atención, se creó un Consejo de seguimiento de las acciones gubernamentales donde estarán, además de Ministerios a cargo, las organizaciones sociales con sus representantes para monitorear.

 

Él decide, otros pagan

En cuanto al -reiteradas veces anunciado- bono de $5.000 para los trabajadores privados, decidido por la Nación para que paguen los empresarios, se viene postergando el instrumento legal tras las duras críticas que realizaron las cámaras y federaciones a la medida.

Como acuse de recibo, el ministro de la Producción y Trabajo Dante Sica, comenzó a testear con los empresarios si en octubre podrán hacer frente a esa erogación. Se reunión con el sector Comercio y seguirá con otros en los próximos días.

La principal crítica de los privados fue que se trató de una decisión inconsulta, decidida por el Estado que no afrontará el pago. Por eso, pidieron que sea a cuenta de futuros aumentos o en compensación a aportes impositivos.

Por ahora, la última señal del Gobierno hacia los empresarios fue que no habrá decreto sino que esperan consensuar la implementación para octubre. No descartaron que se “libere” la decisión del monto a pagar a los trabajadores.