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Cámaras empresariales de Misiones alegan que será difícil pagar el bono

11 septiembre, 2019
(Imagen ilustrativa de archivo)

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El Gobierno nacional anunció un bono para el sector privado. Si bien no está definido el monto y quedará establecido después de que se conozcan los índices de inflación de agosto, se especula que sería de 5.000 pesos -al igual que el fue otorgado al sector público-.

Sin embargo, desde las cámaras empresariales de Misiones no dan el visto bueno a la medida, ya que se trataría de un esfuerzo que deberían hacer las firmas para afrontar el pago. Aunque consideraron que “sería algo justo para los trabajadores”.

En este contexto, Román Queiroz, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), dijo en conversación con PRIMERA EDICIÓN que “desde el sector estamos muy preocupados, porque si de verdad ese bono alcanza a las industrias, las cuales tienen una mano de obra intensiva ya que se requiere de mucho personal para producir; va a ser un golpe muy duro”.

Agregó que “me parece que el Gobierno le tira la pelota a los privados, en vez de resolver los problemas”.

Asimismo, indicó que “no estamos de acuerdo con los industriales, pero seguro se acatarán las medidas que tome el Gobierno. Seguro será inviable para las industrias”.

“Hay empresas que no pueden pagar los sueldos, cómo podrían abonar 5.000 pesos más”, recalcó.

A su turno, el presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), Guillermo Fachinello, manifestó que si bien no es oficial el pago del bono, está prevista una reunión en la jornada con todos los empresarios de distintas provincias, que integran la Federación Argentina Industria Maderera y Afines (FAIMA), para adoptar una postura oficial al respecto desde el sector.

“Tenemos una reunión en la Federación y vamos a dar nuestro punto de vista porque sabemos de las necesidades de nuestros obreros, pero las empresas estamos tratando de no cerrar y aguantar como podemos”, consideró.

A pesar de este panorama, señaló que “si llega a salir un bono vamos a tener que pagar” aunque para hacerlo necesitarán “algo por parte del Estado también”, apreció.

 

Construcción

El presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (CAMECA), Juan Carlos Butiuk, señaló que “habría que tratar de ser conscientes que el poder adquisitivo del salario ha caído fuertemente y que de alguna manera hay que encarar esta situación”. “Nos tocará a las empresas asumir este costo, más allá de si estamos o no en condiciones de aceptar el pago de un bono, es innegable la necesidad que existe por parte del trabajador”, advirtió.

Reiteró, además, que “cualquier solución es menor y ese bono es mínimo a los efectos de paliar la caída del salario real de nuestros obreros, pensamos que es poco en definitiva”.

Contó que las PyME constructoras en Misiones conocen a sus trabajadores con quienes forman una gran familia. “Creo que hay que tenderle una mano, esa es la postura general de nuestras empresas”, expresó.

También, observó que “la caída del empleo ha sido tremenda, de acuerdo a los datos oficiales en la provincia de Misiones teníamos a fines del 2015 alrededor de 14.640 obreros en blanco, formalmente incorporados al sistema, mientras que a mediados de julio de este año no llegaban a 6.500”.

Agregó que “la devaluación influyó en los costos de los materiales porque la relación de algunos insumos con la moneda extranjera es muy estrecha”.

Para finalizar, apuntó que en algunos casos “los materiales e insumos sufrieron incrementos de entre el 25 y 35 por ciento”, y destacó que “hubo proveedores que no han querido entregar material en los últimos meses”.

 

Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Carlos María Beigbeder, señaló que “la idea es correcta, pero no es el momento”. Subrayó que “el comercio está pasando por una situación delicada en sus finanzas, por lo que afrontar un bono sería difícil”.

Recordó que el año pasado 800 comercios cerraron sus puertas. Explicó que “estamos de acuerdo en que corresponde, pero no tenemos la posibilidad económica de hacerlo”. Afirmó que “todos estamos con la soga al cuello y esto lo que hace es seguir ajustándola”.

Asimismo, manifestó que “el sector no tuvo ningún beneficio”. Añadió que sería bueno que el Gobierno permita que “se realice el descuento de las cargas patronales. Así no le pagaríamos al Estado, pero sí a los empleados”.

Tags: BonoComercioConstrucciónGobierno nacionalMaderaMisionessector privado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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