Stornelli le pidió al juez federal Sebastián Casanello que envíe la causa a juicio oral y público por los delitos de administración fraudulenta y cohecho.
La constructora Skanska, tal cual se investiga, habría pagado sobornos a funcionarios públicos y para encubrir esos pagos ilegales habría utilizado facturas truchas.
En su hipótesis, Stornelli sostuvo que la empresa “le habría entregado dádivas ilegítimas a funcionarios públicos”, justificando dichas erogaciones mediante facturas falsas “compradas a Infinity Group SA”.
En ese sentido, el fiscal estimó que la suma del pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa rondaría los 14 millones de pesos.
Además, se investiga paralelamente el pago de comisiones indebidas y sobreprecios en la ampliación de gasoductos, tanto de Transportadora Gas del Norte como del Sur, en 2005, siendo éste caso es uno de los primeros hechos de corrupción que marcó al kirchnerismo.
La contracara es el beneficio que obtendría la empresa “en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur”.
Según la investigación, la diferencia entre los precios presupuestados inicialmente para las obras y lo pagado fue más de 185 millones de pesos.
Si bien el caso iniciado en 2006 estaba casi archivado, pues la Cámara Federal había sobreseído a todos los acusados, en tercera instancia, la Casación reabrió la investigación, al considerar como prueba válida una grabación obtenida en un allanamiento en la que el gerente comercial de Skanska Javier Azcárate le reconocía al auditor interno Claudio Corizzo que se habían pagado sobornos a Enargas y a Nación Fideicomisos.
Junto con De Vido y López están incluidos en el pedido de juicio oral el ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, y los responsables de las empresas que participaron de las negociaciones, entre ellos directivos de Skanska.
Fuente: Agencia de Noticias NA