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Reactivan estudios para nueva hidroeléctrica sobre el Uruguay

14 julio, 2019

La reactivación de los estudios de factibilidad para la construcción de la Usina Hidroeléctrica Itapiranga, que se ubicaría en esa ciudad del estado de Santa Catarina (Brasil), generó la reacción de grupos ambientalistas y de funcionarios pertenecientes a los diferentes municipios que se verían afectados en caso de concretarse esta obra sobre el río Uruguay, donde siguen atentamente la evolución del proyecto Garabí-Panambí, retomado por los presidentes Mauricio Macri (Argentina) y Jair Bolsonaro (Brasil).

Pasaron tres años desde que la empresa que tenía a su cargo los estudios ambientales para la construcción de la nueva central hidroeléctrica, cesó sus actividades por motivos que no quedaron del todo claro y que le costó varios millones de reales al Gobierno brasileño.

Al asumir Bolsonaro la presidencia, una de sus premisas fue apoyar todo tipo de proyectos que generen energía y rentabilidad, por lo que no resulta extraño que apoye la construcción de usinas hidroeléctricas en distintos puntos de ese país.

El diario “gaúcho” Tres Passos News, fue uno de los tantos en reflejar la reunión que mantuvieron días atrás los principales referentes del “Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB)” de los municipios de Pinheiro do Vale, Caiçara y Vicente Dutra (todos de Río Grande Do Sul), como así también de Mondaí, São João do Oeste e Itapiranga (Santa Ctarina), en las instalaciones del antiguo Colégio Agrícola en Itapiranga.

En esa oportunidad, uno de los que se refirió al tema fue el coordinador nacional de los MAB, Pedro Melchiors, quien señaló que el motivo de la nueva movilización del movimiento se produjo “en razón de que una nueva empresa fue autorizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) a efectuar el estudio de viabilidad técnica de la usina. La antigua empresa que estaba realizando ese estudio terminó desistiendo después de ser investigada en la operación Lava-Jato”.

Más adelante, Melchiors recordó que “desde 2016 no hubo ningún movimiento más, pero con todo este panorama nuevo resolvimos reunirnos nuevamente para alertar a los municipios sobre cualquier acción que pueda llegar a realizarse en pos de la continuidad de ese proyecto”.

 

Garabí-Panambí, también en la mira de toda la región

Otra noticia que mantiene en vilo a los líderes regionales del lado brasileño es el retome del proyecto de la hidroeléctrica Garabí-Panambí, también sobre el río Uruguay.

Independientemente de lo que puede llegar a impactar la usina de Itapiranga, se estima que Garabí-Panambí sumergirá cerca de 63 hectáreas del parque Saltos del Moconá o bien como lo denominan los brasileños, “Parque Estadual do Turvo”, incluyendo los saltos (Salto do Yucumã), considerado la mayor caída de agua longitudinal del mundo, con 1,8 km de extensión, que así podrían quedar completamente tapados.

El proyecto que data de varios años, se reactivó en los últimos meses y figura en la agenda de los presidentes de ambos países como una de las prioridades para esa zona fronteriza.

El tema fue discutido en la reunión de la “Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa (AMGSR)” donde participaron también los intendentes Das Missões (AMM) e da Região Celeiro (Amuceleiro).

El intendente del municipio de Derrubadas, Alair Cemi, no ocultó su preocupación con los prejuicios ambientales y económicos que produciría la construcción de la usina en todo lo conocido como “Rota do Yucumã” o bien Saltos del Moconá. “Con todos los estudios nuevos que se vienen desarrollando a nivel mundial sobre energía solar y eólica, que serán el futuro de la generación de la energía eléctrica en el mundo, ¿no sería conveniente que esa inversión de 15 billones de Reales sea en ese sentido, donde nada de nuestro medio ambiente sea perjudicado? Se debería repensar el tema de construir más usinas”, resaltó Cemi.

 

Impacto en Misiones

Consultado por PRIMERA EDICIÓN, sobre si la posible construcción de la Usina Hidroeléctrica de Itapiranga, podría afectar de alguna manera a El Soberbio, el intendente de esa localidad, Roque Soboczinski, dijo que “teniendo como antecedente lo que ocurre actualmente con la represa Foz de Chapecó, que está mucho más lejos pero genera un impacto ambiental cuando se producen copiosas lluvias en la región, se estima que de alguna manera sí podría traer algún tipo de complicaciones. Se trata de una zona donde el río baja más rápido y, por ejemplo, las especies que todavía sobreviven en el agua sufrirían mucho con esto”.

Sin embargo el alcalde fue cauto al decir que “habrá que conocer más en profundidad los detalles técnicos pero si se reactivó eso también podrán avanzar con Garabí-Panambí, donde en toda la región del sur de Brasil están mirando con preocupación ese tema, más nuestros vecinos. Incluso estuvimos en una reunión la semana pasada en el municipio de Derrubadas para ver ese tema. Supuestamente hay un convenio firmado entre Bolsonaro y Macri para activar este tipo de represas sobre el río Uruguay”.

Tags: #BrasilMisionesRepresasRío Uruguay
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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