La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió recientemente un documento en el que advierte que Argentina es el país que aplica las políticas agropecuarias más “extractivas y distorsivas” del mundo.
Al mismo tiempo, en un apartado, sugiere que el Fondo Especial del Tabaco (FET) debería ser “reformado, para que haya una reconversión productiva en las áreas tabacaleras”.
Las observaciones de la OCDE están contenidas en el documento “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019”, disponible en el sitio web del organismo.
El mismo señala que “el Fondo Especial del Tabaco (FET) proporciona un pago adicional a los precios del mercado como parte de un acuerdo de política más amplio”.
Tras realizar una amplia descripción del origen del FET, la OCDE señala que “proporciona un ingreso adicional a los productores de tabaco ubicados en las provincias del norte de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca”. El trabajo indica que en estas provincias los pequeños productores enfrentan “dificultades económicas y sociales”.
A partir de esa y otras descripciones es que la OCDE recomienda que “el Fondo Especial para el Tabaco (FET), con un presupuesto similar al del INTA, debe reformarse. Los pagos de producción a los productores de tabaco deben ser eliminados y los recursos deben utilizarse para financiar un programa para el desarrollo de áreas pobres productoras de tabaco mediante la inversión en capital humano y físico. La reforma debe incluir un sistema de monitoreo y evaluación de todas las iniciativas implementadas por las provincias”.
Ya en marzo de este año en un informe en el que sugería eliminar retenciones y otras reformas para el agro, la OCDE recomendaba “hacer una evaluación y reforma el Fondo Especial del Tabaco (FET), mediante la eliminación de los pagos basados en la producción e invertir dichos recursos en capital humano y físico (infraestructura) en zonas tabacaleras. El FET debe centrarse en facilitar la transformación económica de las regiones de producción de tabaco. El primer paso debería ser eliminar el apoyo al precio del tabaco, que fomenta la oferta y fiscaliza la demanda. El segundo paso debería ser invertir los ingresos fiscales del impuesto sobre el tabaco en infraestructura y educación de las regiones productoras”.
“Extractivas y distorsivas”
“Argentina extrae recursos al sector agropecuario principalmente a través de derechos de exportación que deprimen los precios recibidos por los productores. En el período 2016- 2018 esa extracción fue estimada en un promedio de 15,3%”, señala el documento.
Sostiene que la extracción de recursos más alta se concentra en la soja, el principal commoditie de exportación del país, con “transferencias de los productores hacia los consumidores y contribuyentes argentinos estimadas en un 38% del ingreso bruto de los agricultores”.
“Los derechos de exportación generan distorsiones e incertidumbre y la reducción de los mismos implementada a fines de 2015 fue una medida adecuada. De todas maneras, a causa de la crisis macroeconómica, fueron reintroducidos en septiembre de 2018 para todas las exportaciones del país”, sostiene el reporte de la OCDE.
Asegura que “en el actual contexto sería crucial poder encontrar el balance correcto entre la eliminación progresiva de los derechos de exportación con la necesidad de incrementar ingresos fiscales”.
“Históricamente, las políticas argentinas destinadas al sector agropecuario fueron impredecibles y sistemáticamente discriminatorias. El Gobierno debería establecer una política de largo plazo gradual hacia la eliminación de esa tendencia para promover un entorno más neutral, estable y predecible para el sector”, recomienda la OCDE.
Sobre la OCDE
Es un organismo internacional de carácter intergubernamental del que forman parte 37 países miembros. Fue creada en 1960 con sede en París, para dar continuidad y consolidar el trabajo realizado por la antigua Organización Europea de Cooperación Económica (OECE).
Los trabajos que realiza la OCDE se materializan en informes y recomendaciones para los Estados miembros, así como para un gran número de Estados no miembros que siguen con interés el trabajo del organismo.
