Alumnos de las escuelas de Misiones tuvieron a partir del 1 de abril un aumento en el valor del convenio por contrato de seguro de accidentes personales. El dictamen, publicado en el Boletín Oficial el 1 de abril pasado, estipula un piso y un techo del capital asegurado y es el mismo para todos los casos contemplados: 16 mil pesos por fallecimiento en accidente, invalidez permanente o temporaria, según las clausulas de las pólizas.
Se trata del Decreto 291, mediante el cual se reseña que desde el año 2011, el Poder Ejecutivo Provincial aprobó el convenio con una aseguradora con el objeto de contar con la prestación de un seguro de “Accidentes Personales” a todos los alumnos regulares que cursan sus estudios en las escuelas e institutos vinculados al Estado Provincial, aprobada aquel año por Decreto 1751/11.
En 2018, y tras algunos accidentes que protagonizaron alumnos de distintas escuelas de la provincia, y cuyos padres habían contado públicamente algunos de los inconvenientes suscitados, ahora la Provincia eleva el capital asegurado por considerar que los 7.500 pesos anteriores “quedaron desactualizados”. La propuesta de la aseguradora, aceptada por la Provincia, representa un aumento en las prestaciones de un 113% y una suba de la prima, por asegurado, de 1 a 2 pesos.
La medida, en tanto, se materializa en el marco de otro reclamo que todavía no tiene respuesta concreta, referido a la exigencia de una aseguradora de riesgo de trabajo (ART) para los docentes y el personal que se desempeña en los establecimientos educativos misioneros.
El caso que hizo pública esta última polémica tuvo como protagonista al preceptor Roberto Blanch, apuñalado en marzo pasado por un alumno mientras cumplía funciones en el CEP 6. La situación desnudó que no cuenta con los beneficios de tener una ART como cualquier trabajador.
Su abogado, Jorge Zabulanes, contó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que se está tratando de ver cómo alcanzar a su cliente con los beneficios de un seguro, porque ha tenido gastos de tratamiento y curaciones con los que ha tenido que responder desde el ataque.
Por su parte, los gremios docentes también reclamaron al Estado que se haga cargo de los accidentes laborales de sus afiliados.
Para docentes
Consultado al respecto de los seguros de riesgo de trabajo para docentes, la UDNAM anticipó que realizará una presentación judicial porque, con respecto a los maestros de la provincia, “no se aplica la Ley de riesgos de trabajo”.
“De acuerdo a esta ley, todos los trabajadores públicos y privados bajo relación de dependencia deben estar cubiertos por una aseguradora de riesgo de trabajo (ART) abonada por el empleador. El Estado tiene la posibilidad de autoasegurarse, lo que significa crear una propia ART para los empleados estatales con el objeto de cumplir los objetivos de la ley: prevención de riesgo y mejoramiento de las condiciones de trabajo, prestaciones médico-sanatoriales, ortopedia ante accidentes laborales y reparación pecuniaria de las incapacidades definitivas producto de los accidentes de trabajo”, explicó a PRIMERA EDICIÓN la titular de UDNAM, Estela Genesini.
Sin embargo, prosiguió la dirigente sindical, “en la actualidad el Estado incumple con toda la ley porque no cuenta con un organismo destinado a cubrir los accidentes y enfermedades laborales. No existe un organismo que desempeñe el rol de prevenir los riesgos del trabajo en materia de higiene y seguridad”.
Caso Blanch: “Sólo ofrecen paliativos”
El representante de Roberto Blanch, Jorge Zabulanes, contó a este Diario que las negociaciones para que su cliente pueda cobrar un seguro, tras el ataque sufrido mientras trabajaba, se empieza a descomprimir. De hecho, esta semana tendrá una reunión con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Mauricio Maidana, para avanzar en ese sentido.
“En principio, si mi cliente cobra un seguro, es algo que le va a venir bien para cubrir una parte de los gastos que tuvo que afrontar, pero un seguro de escolaridad para este tipo de accidentes no cubre, por ejemplo, incapacidades que le puedan quedar”, advirtió.
Para Zabulanes, es primordial entender que “un seguro no tiene los alcances de una ART, el capital es mínimo y tiene un límite escueto que ya no cubre si quedaran secuelas, supongamos un tratamiento psicológico de dos años o una operación. Para tener un panorma: para pagar a una enfermera para cuidarlo requiere, con suerte, un sueldo por mes”, apuntó.
“La ventaja del seguro es que es de pago rápido, que ayuda, pero no aplica para este caso, porque todavía no está determinado el daño a largo plazo, que en la ART si está cubierto”, insistió.
“El CGE nos contestó que ellos tienen autoseguro, que lo permite la ley, sin embargo no cumplen con ninguno de los requisitos que pide la ley, por ejemplo la asistencia, porque no tienen la estructura para intervenir, sólo ofrecen paliativos”, cuestionó.
