Nunca imaginó que los dolores de los golpes de su madre podrían transformarse en algo peor. No, nunca se le cruzó, ni por sus peores pesadillas, que el hogar donde la enviarían para ponerla a salvo se convertiría en su infierno mayor, donde abusarían sexualmente de ella y tampoco le creerían lo que estaba sufriendo hasta que se lo gritó a una psicóloga en un Centro de Atención Primaria de la Salud.
La víctima de esta historia dramática tiene 16 años y desde mediados de 2018, a su alrededor sólo se trasluce violencia, física, mental y sexual.
El derrotero habría encontrado final en noviembre cuando ante el juez de Instrucción 3, Fernando Verón, fueron denunciados los responsables del Centro de Atención Integral (CAI) de la avenida Bouchardo, entre López Torres y Rademacher, porque en ese lugar fue ultrajada, en varias ocasiones, una menor de 16 años, que había sido destinada allí por orden del juez de Violencia Familiar, Alfredo Olmo Herrera, tras las denuncias de violencia familiar que la tenían involucrada también como víctima.
Fue enviada allí, la alejaron de su progenitora tras los seguimientos y relevamientos realizados por las profesionales de la Línea 137, que confirmaron que en su casa la madre la golpeaba y sometía a maltrato psíquico. La denuncia en este caso se inició en la escuela, donde la víctima confesó y pidió ayuda.
Pero lejos del alivio estuvo. Según fuentes judiciales, en el CAI la menor habría sido violada por un promotor de salud encargado no sólo de la integridad de ella, también de la decena de niñas y adolescentes que también vivían en ese lugar.
Para poder escapar de este sufrimiento no fueron suficientes sus insistentes confesiones a los demás responsables y empleados del mismo hogar.
Tuvo que pedirle ayuda desesperada a una psicóloga del CAPS ubicado al lado del Hogar de Día sobre la avenida López Torres, a pocas cuadras del centro integral.
Esta profesional de la salud no sólo le creyó sino que activó de inmediato su rescate. Se contactó con la Línea 137 y desde allí se denunció lo sucedido ante la Justicia Penal.
La primera reacción fue detener al promotor de salud señalado y la puesta a salvo de todos los menores que estaban bajo su responsabilidad. Se remarcó además ante la Justicia, la responsabilidad que podría caber sobre los organismos a cargo del CAI, en este caso la Dirección de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social provincial.
En este sentido, los alcances de la tutela y resguardo que debieron preservar los demás empleados y directores del CAI quedó bajo investigación, ya que la víctima habría sido contundente en la denuncia y se hizo hincapié en que después del primer abuso sexual en el hogar de Bouchardo se lo comunicó a sus cuidadores, incluye una trabajadora social y dos promotores de salud más, pero o minimizaron lo que les contó o no directamente no le creyeron. Y esto facilitó que los ultrajes de repitieran.
