Por su parte, el Senado resolvió incluir el proyecto en el temario de la sesión prevista para este miércoles a las 14, con predisposición a convertirlo en ley.
La “Ley Micaela” propone la capacitación en género y violencia contra las mujeres “para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
Anualmente, el Instituto publicará en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas y elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual.
De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.
“El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres”, agrega la iniciativa.
La diputada de Cambiemos, Silvia Lospennato remarcó que el Congreso debe “legislar por la equidad de género porque es un mandato constitucional” y que “la obligación de legislar con perspectiva de género está explícitamente señalado en la Constitución Nacional en varios artículos”.
Entre ellos, citó el 37, que señala que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez del Frente para la Victoria destacó que “los padres de Micaela no pidieron más penas, que llegaran hasta el techo como en este recinto, sino más educación”.
El proyecto fue incorporado por el Gobierno en la convocatoria a sesiones extraordinarias por pedido de la oposición, en medio de la fuerte instalación de la agenda de género.
Fuente: Agencia de Noticias NA
