En el Prosol 1 viven seis familias desde hace diez años en tierras privadas. En noviembre del 2017 comenzaron a ser hostigadas por un abogado que representaba a un propietario, con la amenaza de desalojarlos con la anuencia de un juez.
Un grupo de familias que el año pasado fue censado por el Registro Nacional de Barrios Populares, obtuvo el Certificado de Vivienda Familiar que las ampara, acompañados por el Movimiento Evita de Misiones.
Aún así, hace dos semanas volvió al barrio el abogado que representa al propietario advirtiendo que tenían un mes para abandonar el terreno, porque iban a ser desalojados el próximo 2 de diciembre.
A partir de ahí el Partido Agrario y Social (PAyS) junto con la coordinadora regional del RENABAP, Charo López del Valle, iniciaron gestiones ante la Nación, que accionó rápidamente para que se hiciera cumplir la ley. Así, la Justicia ordenó suspender el desalojo.
La resolución firmada por la titular del Juzgado Civil y Comercial 3, Georgina López Liva, especifica, entre otras cosas que “de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nacional 27.453, se suspende el cumplimiento del mandamiento del desalojo del inmueble antes mencionado”.
Las seis familias con más de quince niños que viven en el barrio, en situación de pobreza, se asentaron hace muchos años en esas tierras, y todo este tiempo fueron permanentemente amedrentados con que los iban a expulsar, varias veces con órdenes de desalojo firmadas por funcionarios judiciales.
La mayoría de esos jefes de hogar están desocupados y realizan changas, sobreviven en viviendas precarias y con instalaciones de servicios de agua potable y energía eléctrica de manera irregular.
