Muy pocos días les duró la sonrisa al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y a su equipo de funcionarios más cercanos.
Ellos creían que había pasado la tormenta, y que con la suspensión (eliminación) del diferencial cambiario que beneficiaba a la industria aceitera alcanzaría para neutralizar al coro de quienes pedían un regreso de las retenciones.
Recordemos: en un primer tramo de este proceso devaluatorio, el dólar primero subió de 18 a 26 pesos. Entonces, frente al déficit fiscal eterno y en el marco del acuerdo con el FMI, hubo un conjunto de funcionarios y analistas que hizo fuerza para detener el cronograma de reducción de los derechos a la exportación de la soja.
Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y el encargado de hacer el ajuste, se puso a la cabeza de quienes impulsaban esa alternativa, que era resistida por Mauricio Macri, quien muchas veces manifestó su desacuerdo con la filosofía de las retenciones (“Ningún país serio castiga a quienes exportan”, solía repetir) y se negaba a alterar sus promesas de campaña a los productores.
Fue en el medio de esta puja que Etchevehere y su equipo encontraron una fórmula que dejó más o menos conformes a todos en el Gobierno, pues finalmente se eliminó el diferencial histórico de 3 puntos de retenciones que castigaba las exportaciones del poroto de soja y “premiaba” las ventas de los derivados de la molienda.
Fue una solución política, porque esa medida era pedida por un sector de la dirigencia rural (que consideraba que la industria aceitera era subsidiada por los productores) y a la vez porque permitía a Dujovne recaudar algunos pesos más sin alterar las promesas de Macri, su jefe.
Esa decisión se anunció -junto a la reducción de los reintegros y la eliminación del fondo sojero- hace apenas diez días. Pero ya quedó vieja, porque en un segundo tramo de esta devaluación, el dolar pasó a valer 31, 32 y hasta 40 pesos en algún momento de esta alocada semana. Los precios de la soja rápidamente superaron los 8.000 pesos por tonelada, reflejando la mejora del tipo de cambio. Todos volvieron a mirar para ese lado.
Las devaluaciones funcionan así: encarecen el precio local de los bienes exportables que cotizan en dólares, y eso permite a los productores licuar parte de sus costos, en especial los de insumos de producción nacional y los salariales. Pero los costos de insumos o servicios que cotizan en dólares también se elevan de inmediato. Y en la agricultura hay mucho de eso. Por eso hay que analizar cada actividad agropecuaria con un prisma particular. Hay algunas que sienten un impacto favorable. Pero otras pierden, porque tienen costos en dólares pero venden su producto final en pesos. La lechería es el ejemplo más frecuente.
Como sea, lo que hemos estado viviendo en la Argentina en los últimos dos meses es un proceso de fuga de grandes capitales (que salen de posiciones en bonos o papeles de deuda para refugiarse en el dólar, que sacan sin escollos del país) financiado por los propios argentinos, a costa de un mayor endeudamiento (muchas de las reservas vendidas por el Banco Central corresponden a préstamos externos, en especial los del FMI) y un severo empobrecimiento, por el impacto de la propia devaluación sobre los salarios en pesos.
Enfrente puede haber sectores productivos que se beneficien con la mejoría del tipo de cambio, pero son los menos en el amplio mosaico productivo que ofrece la Argentina. Es cierto que los precios de los granos como la soja sienten el impacto de inmediato.
De todos modos, recién los productores están por comenzar a sembrar la soja de la campaña 2018/19.
Es decir que de entrada enfrentarán una suba de los costos, antes de ver las mieles de este proceso económico con la cosecha de mediados del año que viene.
Como sea, ya hay un coro de economistas, políticos y analistas que afirman que debe volver a revisarse el esquema de retenciones agrícolas. Voces amigas del campo lo piden, como la del economista Carlos Melconián, a quien Macri escucha con atención. Voces “enemigas” también lo piden, como la del extitular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren. La presión sobre la soja vuelve a ser visible.
Etchevehere y su equipo íntimo sólo pudieron disfrutar de su pequeño éxito contando los días con el dedo de una mano.
En agosto, las retenciones a la soja bajaron 0,50% -según el cronograma de baja implementado por el Gobierno- y a partir del 1° de septiembre deberían ubicarse en 25,5%. Si todo siguiera igual, a fin de año las retenciones a la soja deberían bajar a 24%, confluir en febrero con los 23 puntos pagados por los derivados (harina y aceite), y a partir de allí seguir descendiendo para cerrar el gobierno de Macri, en diciembre de 2019, en 18%, en todos los productos. Todo eso, si seguimos igual.
Pero ese esquema quedó de nuevo bajo revisión. La devaluación llegó de nuevo, violenta e injusta. Se está produciendo una nueva y masiva fuga de dólares del país, que será pagada por la gilada, pues a los argentinos de carne y hueso se les dinamitará el poder adquisitivo del salario y además quedarán más endeudados, financiando con créditos externos los caprichos del mercado.
Y en el medio, desde la horfandad en la que nos deja este proceso, todos vuelven a mirar hacia los productores, los únicos empresarios argentinos que no pueden fugar, porque tienen los pies atados a sus campos. No pueden llevárselos.
A los políticos que esquivan su propio ajuste poco les importará que no sea lo mismo cosechar soja en Salta que en Pergamino, o que no sea igual el resultado de un pequeño chacarero de 200 hectáreas que los balances de los grandes grupos de siembra.
Poco importa que las retenciones sean filosóficamente un impuesto “retrógrado”, que se cobra a unos (los exportadores) pero terminan pagando otros (los productores).
Tampoco importa que el mundo esté en guerra comercial, que Estados Unidos vuelva a subsidiar a sus propios productores como en los peores días de la guerra de subsidios en los años 80, o que los precios de la soja estén en los niveles más bajos de los últimos diez años, ya que se acercan peligrosamente a los 300 dólares por tonelada, muy lejos de los 600 dólares que llegaron a tocar durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Tampoco importa discutir un esquema impositivo superador, que le cobre más a quien más gana. No importan ni los productores y ni las circunstancias del negocio agrícola. Al parecer, de nuevo los argentinos nos quedaremos sin margen como para decidir las cosas con buenos fundamentos.
Escribe:
Matías Longoni
