Adopción de Misiones.
Hace dos meses, de un día para otro y sin aviso previo, la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) prohibió el acceso desde los registros provinciales a la base de datos nacional. En consecuencia, sumó instancias burocráticas para que las provincias conozcan a los postulantes de las otras jurisdicciones del país.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la responsable del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM), María Elena Quelas, habló sobre las consecuencias que ésto tiene en su trabajo diario de buscar postulantes para los niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados.
Según explicó, “cuando los jueces decretan el estado de adoptabilidad de un niño, tienen dos opciones: ingresar al RUAAM y elegir ellos los postulantes; o cuando no hay postulantes de la provincia, nos llaman para pedirnos que busquemos nosotros. Hasta hace dos meses, los registros provinciales podíamos acceder a la base nacional, con nuestro usuario y contraseña, para conocer los postulantes de todo el país. Nosotros seleccionábamos los postulantes, enviábamos al juez la estructura que son los primeros datos que se tienen de esas personas, comunicábamos a la dirección nacional y solicitábamos los legajos que se pedía desde la Justicia. Eso permitía al juez ahorrar tiempo y trabajo”.
Pero esa tarea ya no puedan cumplirla, “hace dos meses, sin aviso ni explicación alguna, los registros provinciales no pudimos entrar más a la base nacional. De este modo, dejamos de ser una red federal de registros. Si bien todas las provincias aportamos al registro nacional, el Gobierno central se vuelve a adjudicar la llave o el control de la base de datos. Nos parece que esto es avasallar las autonomías provinciales. Nos frena y ata de pies y manos, por lo menos a nosotros por nuestra forma de trabajo”, explicó la titular del RUAAM.
A espaldas del Consejo Consultivo
Según Quelas, desconocen las razones de este cambio. El tema no fue discutido en el Consejo Consultivo Nacional, donde cada provincia tiene un representante. En el caso de Misiones, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza es vocal titular y Quelas la vocal suplente.
“El Consejo Consultivo se reúne periódicamente, analiza y resuelve muchas cuestiones referentes a cómo trabajar en conjunto y un sinnúmeros de cuestiones que se van generando en el proceso de las adopciones. Pero este tema no se discutió, ni siquiera nos hicieron partícipes de una norma o circular sobre el tema”, ratificó.
Según recordó, el primer día que no pudo entrar a la base de datos nacional, creyó que no funcionaba su contraseña. Después, pensó que podían estar arreglando el sistema desde Buenos Aires.
“Al tercer día que no pude entrar, llamé y me dijeron que ya me iban a avisar, que les diera unos días para que me llegara el aviso. Esperé quince días y luego solicité una explicación por escrito para poder transmitirla al Superior Tribunal y a los jueces de la provincia. Finalmente, en un texto de cinco renglones, me dijeron que se debía a ‘cuestiones operativas’”, recordó.
La funcionaria, que desde hace diez años se desempeña en el área de adopciones, no ocultó sus emociones, “esto nos tiró el ánimo abajo porque no sabemos qué está pasando, hoy no podemos buscar postulantes para los expedientes. Tenemos que desnudar nuestras causas a la dirección nacional para que ésta, cuando abra el correo, vea lo que estamos pidiendo, nos respondan a la semana o diez días que encontraron para tal expediente tales legajos correspondientes a tales postulantes de tales provincias. Una vez que nos llega esa respuesta, nosotros la reenviamos al juez y, en el caso que éste esté interesado en uno o más legajos, volvemos a dirigirnos a la dirección nacional para que ésta solicite los legajos completos a cada provincia. Todo ese proceso puede llevar dos o tres meses, cuando antes lo hacíamos en pocos días”.
La niñez y el tiempo perdido
La funcionaria expresó su preocupación por la cantidad de años que los niños pasan en los hogares convivenciales. “La ley establece un plazo máximo de seis meses como el tiempo que puede estar un niño en un hogar hasta que se decrete el estado de adoptabilidad. Si en esos seis meses, ese chico no fue asistido por su madre, su padre o su familia ampliada, el estado de adoptabilidad tiene que estar decretado. Entiendo que cada situación es dura y para nada sencilla, pero mucho más duro es dejar a los chicos viviendo en un hogar convivencial, a merced de la vida. Tenemos que tratar de que se cumplan los plazos de la ley, para que los chicos salgan antes”, advirtió.
“Mientras todo eso pasa, el tiempo es el principal enemigo y los chicos se hacen grandes para las expectativas que tienen los aspirantes a adopción. No obstante, antes los aspirantes pedían casi todos bebés y ahora hay una mayor apertura, te dicen que aceptarían a niños de hasta 4 a 5 años… pero la verdad es que tampoco hay chicos de esa edad en condiciones de ser adoptados. Los chicos que están en estado de adoptabilidad son cada vez más grandes. Y si no son muy grandes son tres o cuatro hermanitos, a veces se los puede separar y otras el juez no quiere separarlos porque es el único vínculo que tienen”, señaló.
Cuanto más pasa el niño en un hogar convivencial, más se institucionaliza, “sienten que esa es su familia, su casa y su arraigo; esto es muy difícil cortar y, cuando se trata de varios hermanos, los menores quedan a merced de la decisión de sus hermanos mayores que ya no quieren irse”, reflexionó.
El tiempo que la Justicia demora en declarar la adoptabilidad del niño no es el único que se pierde. Incluso una vez que esto sucede, una de las cuestiones que frenan las adopciones es que existe un registro de postulantes que quieren adoptar pero no un registro de niños en condiciones de ser adoptados.
“Más de una vez, cuando se analizó la posibilidad de crearlo, se dijo que era inconstitucional porque exponía a los niños”, señaló Quelas para quien, mientras se discute su inconstitucionalidad o no, “se producen sobre el niño un montón de inconstitucionalidades, de las que nadie dice nada”.
En defensa de la creación de un registro de niños en condiciones de ser adoptados, argumentó que “cuando las cosas están bien hechas y son cuidadas, no creo que afecten ninguna garantía mayor que encontrar un hogar para los niños”.
El juez puede o no recurrir al RUAAM para buscar postulantes de adopción, por lo que muchas veces ocurre que desde ese organismo recién se enteran de un proceso de adopción cuando se ordena la guarda con fines de adopción. “Nosotros participamos de la búsqueda pero no de los finales felices, por eso siempre pido a los padres adoptivos que me cuenten si todo salió bien, muchas veces necesitamos ese estímulo para mantenernos con fuerza en nuestro trabajo”, confió Quelas.
Largo y difícil
La funcionaria describió el proceso de adopción “como largo y difícil”. Los postulantes tienen que venir y quedarse quince días para compartir con los niños, lo que implica gastos de alojamiento y comida, además de no trabajar en ese período. Estos días son importantes para que el juez vea si los chicos se integran a esa familia.
Al ser consultada sobre los criterios que tiene en cuenta en la elección de los postulantes, indicó que “busco en función de los niños, sus particularidades y edades, si es uno solo o son hermanos. Tenemos en cuenta lo que los niños te indican, a veces ellos te cuentan que sueñan con tener una mamá y un papá; entonces, si tenemos la posibilidad, por ejemplo en este caso, no consideramos los postulantes monoparentales. Otro factor es la intuición y la experiencia”.
