POSADAS. Como si se tratara de un asunto de Estado prioritario, el gobernador Maurice Closs firmó el decreto 1120/2012 a través del cual encomendó al Fiscal de Estado, Fidel Duarte, “promover las acciones legales pertinentes a efectos de iniciar el procedimiento por daños y perjuicios ocasionados al patrimonio Provincial” contra un ciudadano domiciliado en el Barrio Itaembé Miní de Posadas, que había protagonizado un accidente en el que se vio involucrado un vehículo oficial el 9 de marzo pasado.Hay otras cuestiones que podrían ser más beneficiosas para el total de la población misionera a los que el mandatario, al parecer, no le da la importancia que si le da a este tema: por ejemplo el millonario juicio que la Provincia inició a la Nación hace una década por el régimen de Promoción Industrial y que podría significar una ganancia de tres mil millones de pesos.Hay otras provincias que iniciaron la demanda a Nación y cuando estaban a punto de ganar acordaron beneficios para su población, en cambio, desde Misiones no se le estaría dando la importancia necesaria. O al menos el Fiscal y el Gobernador no informaron nada, a pesar de un proyecto aprobado en la Legislatura donde se le reclamó que informe esta cuestión.Pero al parecer, para Closs es más importante enjuiciar a un vecino de Posadas, por ello en el decreto 1120/2012, del 7 de agosto, se indica que el 9 de marzo el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo de la provincia se encontraba al mando del vehículo Chevrolet Aveo Dominio JNX-062, propiedad del Ministerio de Trabajo, “cuando fue impactado en la parte trasera del rodado por el camión Ford 350 (…) provocando serios daños materiales al vehículo oficial”.“A fin de perseguir el cobro de la suma presupuestada para la reparación del vehículo siniestrado, el Departamento Patrimonio, Compras y Suministros del Ministerio de Trabajo y Empleo, remitió sendas Cartas Documento al titular registral, al conductor del camión y a la compañía aseguradora denunciada por el conductor”, se indica.Pero “únicamente se han recibido respuestas evasivas, sin que se haya efectivizado el pago por los daños ocasionados al vehículo perteneciente al Estado Provincial”, describe Closs en el decreto.Por esta razón y amparado en lo dispuesto en el artículo 128° de la Constitución Provincial y a la Ley 1 N° 18 (antes Ley 456), el mandatario promueve “las acciones que por derecho sean procedentes para el logro de los extremos mencionados”.Es así que en el artículo 1 del decreto se instruye “al señor Fiscal de Estado de la Provincia a promover las acciones Legales pertinentes a efectos de iniciar el procedimiento por Daños y Perjuicios ocasionados al patrimonio Provincial”.
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