De los doce empleados de Aduanas involucrados en la investigación por supuestos cobros de coimas en la cabecera argentina del puente Posadas-Encarnación, a cuatro se les dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, y a uno se lo desvinculó de acusación por “falta de mérito”.Las determinaciones fueron tomadas este viernes por la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, quien deberá resolver durante los próximos días el encuadre para los siete sospechosos restantes.En cuanto a los cuatro procesados por “asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, podrán recuperar la libertad, aunque condicionada, una vez que acrediten una de 300 mil pesos, cada uno.De estos cuatro, dos están bajo el régimen de arresto domiciliario por enfermedad. Sobre los siete aduaneros restantes, todos están libres pero supeditados a la causa con presunto menor grado de participación.Cabe señalar que los cuatro imputados por “asociación ilícita”, fueron apresados en la mañana del 10 de octubre en una serie de procedimientos realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina.Con el paso del tiempo se transformaron en doce los funcionarios del organismo imputados, ocho nunca estuvieron presos, al parecer, en razón de que las pruebas en su contra no serían contundentes.La investigación se inició en julio del año pasado, cuando las autoridades de la Aduana Posadas informaron a la Fiscalía Federal sobre una serie de extraños sucesos que se daban en el puente. Una serie de escuchas telefónicas permitió establecer una relación entre algunos de los aduaneros imputados y “paseros” paraguayos que pagaban coimas para entrar al país productos de contrabando. De los cuatro aduaneros detenidos, dos dijeron no reconocer sus teléfonos celulares ni sus firmas en los sobres de secuestro, tal como este Diario informó días atrás.FundamentosLa jueza Skanata remarcó ayer en su decisión que: “Los cuatro aduaneros y un número indeterminado de personas no identificadas, habrían formado parte de una organización criminal que tenía como objetivo principal permitir el ingreso al país, en forma ilegal, de mercadería a través del puente San Roque González de Santa Cruz, generalmente a cambio del pago de una suma de dinero”. “Para lograr este cometido, los nombrados en su calidad de funcionarios públicos, con incumplimiento o en falta de sus deberes innatos a sus cargos, presuntamente entablaban previamente contacto telefónico con personas de nacionalidad paraguaya, ‘paseros’ y/o particulares de esta región y acordaban el día, la hora y el carril de control aduanero por el que debían cruzar la frontera, a efectos de ingresar mercadería prohibida o evitar el pago de los tributos con que es gravado todo artículo de procedencia extranjera que ingresa al país, obteniendo de este modo un beneficio económico, ya que cada una de las personas que transportaba (ya sea en auto, moto o a pie) objetos de esas características les entregarían en contraprestación una determinada suma de dinero, la cual ingresaba al patrimonio de cada uno de los integrantes”. Skanata afirmó: “En algunos casos, permitían el ingreso de personas, sin recibir dinero a cambio, por ser amigos, conocidos, parientes de los involucrados o integrantes de alguna fuerza de seguridad”.
Discussion about this post