POSADAS. “Los comerciantes del interior nos expresaron que cada producto que se vende en Misiones tiene un 9% de aumento por encima de lo que cuesta en otras provincias por la recarga de Ingresos Brutos. Nos dijeron que están al borde del desabastecimiento porque los proveedores extraprovinciales no quieren venderles para no pagar el excesivo costo del ‘pago a cuenta’ del anticipo, y entonces el costo recae sobre el comerciante local y sobre el consumidor. A partir de allí, nos propusimos ahondar en el tema porque es grave”. El testimonio corresponde al titular de la bancada del Partido Agrario y Social (Pays) en la Legislatura misionera, Héctor Bárbaro, quien impulsó -junto a otros diputados de la oposición- dos pedidos de informes sobre las medidas fiscales que aplica el gobierno de Maurice Closs.En el sector comercial, cada vez es menor la capacidad de los pequeños y medianos empresarios para soportar la fuerte carga impositiva, la presión fiscal que Misiones aplica y que lidera los rankings de la materia entre las provincias.Para los impulsores de los proyectos legislativos, “los efectos de la ‘Aduana paralela’ de Rentas y la pesada carga impositiva están haciendo estragos en un sector que es genuino empleador”. A los comerciantes no sólo les cuesta pagar los impuestos al día (sin recibir descuento o incentivo a cambio), sino también conseguir que sus proveedores (mayormente de otras provincias) envíen mercaderías a Misiones, por las múltiples trabas que se aplican en la “Aduana interna” que funciona en los controles de El Arco y Centinela.Al punto que algunos de esos proveedores solo garantizan la llegada de las provisiones hasta Ituzaingó o Gobernador Virasoro, en Corrientes, quedando el ingreso a Misiones a cargo de los solicitantes, lo que genera mayores costos de flete. Y, en el caso que acepten traerlas a la provincia, terminan cobrando más caro.Los pedidosEl primero de los pedidos de informes busca que el Ministerio de Trabajo informe sobre el despido de casi 300 empleados que habrían estado en blanco, sin recuperarse. Esos despidos habrían ocurrido en los últimos tres meses en los rubros afectados. En ese proyecto se piden todos los datos que clarifiquen “los verdaderos alcances de la crisis”.“Sabemos que no todos los despidos son registrados en esta dependencia, pero con los datos del Ministerio y los datos que vamos a solicitar a la Afip y a la Anses sobre las altas y bajas, vamos a poder tener un panorama mucho más concreto sobre la afectación. Con los datos es imposible que se siga negando la realidad y que se continúe aumentando la presión fiscal, porque quedará probado que el costo social es demasiado alto”, argumentó Bárbaro.En cuanto al segundo, se solicita que se informe “si existen respuestas al reclamo del comercio por los efectos de la ‘Aduana paralela’ establecida por la DGR y por la fuerte presión fiscal que determina la pérdida de empleos, el encarecimiento de los productos que compra y consume el ciudadano común y la pérdida de la capacidad de compra de los empleados públicos”.En especial, solicitan que el Ejecutivo informe sobre qué medidas se adoptaron en relación a los reclamos de disminución urgente de impuestos y tasas provinciales y municipales que impactan en el precio final de todos los productos y servicios; la simplificación de la burocracia para liquidar impuestos que encarecen la gestión de las empresas y le quitan competitividad; la eliminación inmediata del Régimen de Pago a Cuenta de Rentas de Misiones, que genera graves perjuicios económicos a empresas misioneras por la burocracia en la aplicación y gastos administrativos que los proveedores están trasladando a sus precios y que afecta directamente al bolsillo del consumidor final. Finalmente, se apunta la necesidad de mejorar de manera urgente las condiciones salariales de los empleados públicos provinciales y municipales, a través de la racionalización del gasto público, para que puedan tener mayor poder adquisitivo.
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