BUENOS AIRES (Medios digitales). Seis ex policías federales y un agente penitenciario fueron procesados, acusados de haber violado en dependencias públicas a dos hermanas que vivían en la calle, una de las cuales quedó embarazada y tuvo un bebé de uno de los efectivos, informaron fuentes judiciales. La medida fue dictada el pasado viernes por la jueza de instrucción Vilma López, que decidió que los imputados continúen en libertad, pero les endilgó “abuso sexual agravado por acceso carnal y por ser cometido por personal de seguridad en cumplimiento de sus funciones”, que tiene una pena de 8 a 20 años de cárcel. Según dijeron los voceros, la magistrada consideró que no hay peligro de fuga y por eso decidió que los acusados no vayan a la cárcel, en tanto, dictó el sobreseimiento para un efectivo de la PFA y otro de la Policía Metropolitana inicialmente implicados y la falta de mérito para otro miembro de la primera fuerza. En la investigación, impulsada por el fiscal Fernando Fiszer, se determinó que los abusos se cometieron entre 2009 y 2011, cuando las hermanas, de 13 y 15 años, viajaban en tren hacia la Capital Federal desde el conurbano. Un grupo no determinado de policías, pero que serían más de veinte, captó a las chicas y las sometió a continuas violaciones, las cuales se cometieron en diferentes reparticiones, especialmente en la Policía Montada, ubicada en Cavia 3302 de la Capital Federal. De acuerdo con allanamientos realizados, los abusos también se cometieron en el Cuerpo de Policía de Tránsito, la División San Martín del Ferrocarril y una pensión de cadetes de la PFA situado en la avenida Warnes. Las “disfrazaban” de policíasSegún contaron las víctimas, que recibieron contención por parte de un quipo del Programa de Asistencia y Patrocinio de la Defensoría General de la Nación, tras violarlas les daban dinero y algo de comida. En algunas ocasiones, las obligaban a quedarse varios días en los destacamentos y también sufrieron violaciones en automóviles de la fuerza, donde les colocaban o tapaban con uniformes para que pasaran inadvertidas. Una fuente explicó que “la jueza también sospecha que empleados del ferrocarril San Martín pudieron estar implicados en el hecho”, por lo que ordenó que se extraigan testimonios para investigarlos. Los abusos llegaron a su fin cuando un policía de la Montada invitó a otro a encontrarse con las hermanas, le dio un teléfono de ellas y éste aceptó, pero habló con las víctimas y las convenció de concurrir a la Justicia a realizar la denuncia. Entonces, de a poco, las adolescentes comenzaron a contar su odisea, a relatar cómo los policías se las pasaban entre ellos y describieron los lugares adonde eran llevadas, por lo cual la jueza López ordenó allanamientos y verificó que los sitios eran tal cual los habían descripto las hermanas. La mayor de las chicas contó que tenía dos hijos y en el marco del expediente se determinó que uno de los niños es hijo de uno de los policías. En principio fue dificultoso para los investigadores identificar a los uniformados que habían cometido los abusos, porque las menores los conocían sólo por sus apellidos y había varios con el mismo. A esto se sumó que el primer fiscal de la causa había pedido su archivo, pero desde la Procuración General de la Nación asignaron el expediente a Fiszer, quien logró avanzar en la pesquisa e identificar a siete policías que fueron detenidos y pasados a disponibilidad el 14 de marzo pasado. En un comienzo, se pensó que las chicas también eran obligadas a prostituirse, pero luego se comprobó que no y que los abusos siempre eran cometidos por miembros de la fuerza y en sus instalaciones.
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