El test de estrés del relato y la trampa de la tasa forward

Una fragilidad empieza a gobernar el tablero económico y político argentino a medida que se recortan los tiempos hacia el proceso electoral de 2027. La baja del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella -con una caída intermensual del 5,9% en septiembre que lo hunde a 1,94 puntos, el piso de la era libertaria- no opera solo como un barómetro de opinión pública. En simultáneo, las pantallas de las mesas de dinero comenzaron a reflejar esa misma fatiga a través de una señal tan fría como inapelable: la disparada de la tasa forward entre el bono soberano con vencimiento en 2027 y su par de 2028.

Ambos fenómenos exponen el dilema central de la actual administración: un programa de saneamiento macroeconómico y fiscal que logró contener la hiperinflación, pero que choca, sistemáticamente, contra las restricciones de la macroeconomía política y la paciencia social.

Con un acumulado negativo del 21,4% desde fines del año pasado, el ICG deja de ser una fluctuación estacional para transformarse en un diagnóstico estructural. El retroceso más violento se anidó en la dimensión “Preocupación por el interés general” (-12,3%), lo que evidencia un desgaste acelerado en la percepción de equidad del ajuste.

Los datos demográficos de la encuesta de Equipo Mide profundizan esta lectura. La desaprobación de la gestión trepó al 59%, mientras que el 52% considera que el mandatario no merece un segundo mandato. En palabras de un destacado analista del mercado financiero consultado para este análisis: “El Gobierno subestimó la elasticidad del bolsillo. La baja de la inflación es una condición necesaria, pero el votante de centro y los sectores medios que aportaron a la coalición gobernante en 2023 empiezan a exigir convergencia entre precios y salarios reales. Cuando eso no se materializa, el contrato electoral entra en zona de renegociación”.

La pérdida de cohesión se vuelve quirúrgica al analizar el comportamiento de la base electoral de Patricia Bullrich. El 31% de aquellos votantes ya dictamina que el oficialismo no merece la reelección, un dato que explica los recurrentes reclamos públicos de la actual senadora pidiendo “mayor velocidad” en los beneficios de la economía real. La tensión latente con la mesa política que encabeza Karina Milei no es un capricho partidario, sino el reflejo de un electorado bisagra que evalúa retirar su aval si el horizonte de bienestar personal sigue postergado.

Mientras la Casa Rosada confía en que el relato de confrontación contra “el modelo de la decadencia” logre polarizar el escenario hacia el 2027, el mercado financiero opera con otra lógica. El ensanchamiento de la brecha de tasas entre el bono que cancela compromisos antes de las elecciones y el AO28 -que transfiere el riesgo de repago al período del hipotético sucesor- elevó la llamada tasa forward implícita hasta la zona del 20% en dólares.

Esta prima por riesgo político no es una abstracción teórica; ya obligó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a suspender la colocación del bono AO29, clausurando temporalmente una vía de financiamiento doméstico que hasta hace pocos meses absorbía con comodidad la liquidez en dólares de los bancos locales. Un operador de la City porteña lo resume sin ambigüedades: “El Tesoro podía convalidar un 5% o un 6% de tasa cuando el mercado creía en la ininterrupción del programa a mediano plazo. Pero exigirle a un inversor un rendimiento del 12% o más en dólares para colocarse a 2029 implica que el sistema ya está priceando un evento de reestructuración o un giro político radical. Los capitales no miran encuestas; miran flujos y gobernabilidad futura”.

Desde el Palacio de Hacienda se insiste en adjudicar gran parte de este movimiento a factores exógenos, señalando el impacto internacional de las tasas de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, la divergencia de rendimientos entre los títulos cortos y largos desarma ese argumento: si el shock fuera exclusivamente externo, la compresión de tasas afectaría por igual a toda la curva soberana. El sobreprecio que penaliza al bono largo es, por definición, un impuesto a la incertidumbre doméstica.

El Gobierno transita un sendero estrecho. Con un 58% de la población afirmando que su situación personal empeoró y un 48% anticipando que la economía será el fiel de la balanza en su voto, la estrategia oficial de apostar exclusivamente a la división de la oposición (repartida entre un kirchnerismo en el 17% y un peronismo no kirchnerista en el 16%) y a la polarización extrema choca contra los límites de la macroeconomía cotidiana.

Si la tasa forward actúa como el termómetro anticipado de la política, los inversores ya están votando. Resta saber si la administración económica logrará romper la inercia recesiva y reencauzar las expectativas antes de que el costo de financiarse -tanto en las urnas como en el mercado de capitales- devenga inalcanzable.

Mientras la superestructura política debate elecciones y “accidentes” judiciales, las terminales técnicas miden el pulso real de la economía. Tras el desplome de actividad registrado en julio y el incremento de la pobreza en el primer semestre, el temor central en el ala política del Gobierno es que el indicador mensual de actividad (EMAE) de agosto confirme el ingreso a una fase de contracción estructural, rompiendo la lógica del serrucho con la que el oficialismo justificaba los baches transitorios.

Este interrogante no es ajeno al sistema financiero internacional. El informe del JP Morgan -un actor tradicionalmente benévolo con el programa ortodoxo de Milei- recortó de manera drástica sus proyecciones, encendiendo luces amarilla en Wall Street y entre los inversores locales.

Un estrecho colaborador del ala política lo admitía con franqueza bajo condición de anonimato: “La política y los mercados nos están midiendo el aceite. Esperamos que el EMAE dé para arriba; no queremos que se verifique una recesión técnica que invalide el relato de la recuperación en V”.

A este diagnóstico se suma la escalada persistente del riesgo país desde mediados de julio, un termómetro que desoye las explicaciones oficiales sobre factores exclusivamente exógenos y que enlaza directamente las dudas financieras con la fatiga de la economía real y la erosión de la imagen presidencial.

El fallo de la Corte y el fantasma del DNU

La sutil y frágil coreografía que define por estos días el pulso del poder en Argentina dejó marcas. Mientras el gabinete nacional empacaba para buscar oxígeno político y diplomático en París -en una postal que la ironía interna bautizó como “El Colo in Paris”-, el rubro judicial interrumpió el descanso estival del relato oficial con un movimiento de ajedrez tan técnico como políticamente disruptivo.

El fallo unánime de la Corte Suprema que revocó el amparo del CECIM contra el artículo 154 del DNU 70/2023 no solo clausuró una vía procesal; abrió de par en par la caja de Pandora institucional. Al señalar explícitamente en su considerando 9 que el mega decreto fundacional jamás fue tratado por la Cámara de Diputados en el marco del control parlamentario previsto constitucionalmente, la máxima instancia judicial del país devolvió la pelota pesada al terreno de la política.

Para un Gobierno que transita el año preelectoral bajo la tensión de demostrar sustentabilidad económica y blindaje político, la advertencia cayó como un baldazo de agua fría.

La reacción en el Congreso no se hizo esperar. Sin tiempo material para procesar la novedad judicial, los bloques opositores -desde el peronismo hasta sectores dialoguistas y de izquierda- comenzaron a tejer los consensos necesarios para intentar la derogación total del DNU 70/2023. Lo que nació como una herramienta de desregulación masiva ideada en los albores de la gestión por Federico Sturzenegger se transformó, paradójicamente, en el talón de Aquiles jurídico de la administración libertaria.

En Balcarce 50 intentan articular una defensa de emergencia. Martín Menem, obligado a interrumpir su agenda por el luto parlamentario en La Rioja, explora una salida lateral: suturar el flanco abierto mediante la reactivación de la demorada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con media sanción del Senado, incorporando allí regulaciones específicas sobre la extranjerización de tierras que vacíen de contenido y urgencia la derogación completa del decreto matriz. Sin embargo, en un contexto donde las terminales aliadas muestran fisuras, el éxito de esa ingeniería es, por lo menos, incierto.

La voz crítica de Bullrich expone con crudeza este vértigo legislativo. Desde su espacio no dudan en señalar los costos de la improvisación: “Hay un tema de aprendizaje”, advirtió la senadora en su círculo íntimo. “Si nosotros teníamos un DNU y ese decreto aún estaba en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada con el capítulo de tierras fue apresurado”.

La tensión interna no es menor: mientras la mesa chica de la senadora cuestiona la “estabilización amesetada” del equipo económico que conduce Caputo y reclama un golpe de timón para atender la reactivación, las fricciones presupuestarias -como el áspero debate por los fondos de Discapacidad y su impacto fiscal resistido por Hacienda- demuestran que la coalición oficialista opera bajo un delicado equilibrio de incentivos encontrados.

Se vota en Brasil, se siente en Argentina

Los matices y la atención del cono sur vuelven a desplazarse hacia el coloso vecino. Los comicios brasileños que enfrentan al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, ponen en “modo observador” a la política argentina que mira el proceso no solo como un testeo de humor regional, sino como un prisma donde se proyectan -con distorsiones propias- los dilemas del tablero local de cara al 2027.

A la hora de desmenuzar el fenómeno electoral en FM 89.3 Santa María de las Misiones, la consultora en comunicación política Julieta Waisgold introdujo una prevención analítica fundamental: el error de leer la región bajo la premisa de un péndulo ideológico lineal e implacable.

Si bien a nivel global subsiste una predominancia de los universos simbólicos vinculados a la derecha -donde la seguridad opera como eje vertebrador en el caso de los Bolsonaro, frente a un Lula que replantea su eje en las urgencias inflacionarias y del costo de vida-, la experiencia histórica reciente demuestra que las urnas latinoamericanas resisten las lecturas monolíticas.

La alternancia pendular entre Estados Unidos y el propio derrotero brasileño evidencian que el descontento social canaliza expectativas transversales antes que fidelidades dogmáticas.

Para Waisgold, el verdadero síntoma estructural del progresismo actual radica en su fragmentación de la oferta política, una dispersión que obtura la construcción de relatos con la transversalidad de antaño y facilita la consolidación de escenarios marcadamente binarios.

¿Cuánto impacta el resultado de Brasil en la disputa doméstica que administra Javier Milei? Para la especialista, la respuesta exige cautela analítica: el influjo internacional opera con fuerza en el plano discursivo y simbólico, pero carece de un correlato mecánico sobre los comportamientos electorales locales.

Una eventual victoria del espacio opositor en Brasil no constituye, por sí misma, un certificado de defunción ni un espaldarazo automático para las aspiraciones reeleccionistas de la Casa Rosada. En última instancia, la suerte electoral de 2027 en Argentina dependerá de la dinámica interna, de la pericia de las alianzas opositoras y, centralmente, de la evolución tangible de las variables macroeconómicas cotidianas.

Sin embargo, el comicio brasileño deja una lección metodológica ineludible: la polarización extrema como ordenador sistémico deja márgenes exiguos para la emergencia de terceras vías o expresiones de centro, obligando a los oficialismos y a las oposiciones a medir el pulso de frentes electorales dinámicos donde los indecisos y los votos en blanco vuelven a erigirse como el botín decisivo de una eventual segunda vuelta.

Defensa de la tierra y Presupuesto 2027

Por estas horas, la geografía misionera deja de ser un mero accidente físico para transformarse en una declaración de principios.

Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única y un modelo económico anclado en la centralidad del pequeño productor, Misiones decidió no asistir como espectadora al desmembramiento normativo que opera a nivel nacional. La firma del Decreto 1935 por parte del gobernador Hugo Passalacqua, instruyendo a la Fiscalía de Estado a accionar judicialmente contra los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, marca un hito en la defensa de la autonomía provincial frente a la desregulación de la Ley de Tierras.

La decisión del Ejecutivo misionero llega tras el fallo de la Corte Suprema que, al revocar el amparo del CECIM por cuestiones de legitimación procesal, dejó sin efecto el paraguas que frenaba la aplicación de la derogación de la Ley Nacional 26.737. Aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión constitucional, los efectos prácticos reabren el fantasma de la extranjerización irrestricta de los recursos naturales.

Para Passalacqua, la postura es un mandato histórico e irrenunciable que ya se había manifestado en julio y agosto pasados -respaldado por los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut- bajo la premisa de que “lo que amamos no se vende”. Los fundamentos del decreto provincial advierten sobre un escenario de “absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional”, alertando que la flexibilización impacta de lleno no solo en la propiedad del suelo, sino en la seguridad, la sustentabilidad ambiental y las finanzas públicas provinciales.

En un contexto donde la Casa Rosada prioriza la liberalización económica absoluta, la ofensiva judicial de Misiones anticipa un auténtico federalismo de trinchera, donde los distritos con fronteras calientes y economías regionales frágiles buscan blindar sus activos estratégicos ante el repliegue normativo nacional.

Si el frente judicial muestra firmeza en la defensa de los recursos, el plano legislativo expuso una madurez política indispensable para los tiempos que corren. Con erogaciones proyectadas por más de $5,53 billones y un 63,25% de los recursos destinados a la inversión social (23,64% a Educación, 23,58% a Salud y 16,03% a Bienestar Social), la sanción del Presupuesto 2027 se convirtió en la prueba de fuego del nuevo esquema parlamentario provincial.

Ante la falta de una mayoría absoluta propia, el oficialismo -respaldado en la arquitectura política impulsada por el mandatario provincial y valorada por legisladores como Arabela Soler- optó por abrir el juego. Tras más de un mes de debate en comisión conducida por José Luis Pastori, el proyecto original incorporó modificaciones sustanciales. Se creó una Comisión Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Pública, integrada por diversos bloques para auditar las operaciones de crédito semestralmente.

Se acotaron las facultades delegadas al Ejecutivo para la reestructuración de partidas, limitándolas estrictamente a las erogaciones de personal en lugar del gasto corriente global. Se incrementaron las asignaciones para coparticipación municipal, subsidios al agua potable, el Fondo del Pueblo Guaraní y el FOPID.

Como señaló a PRIMERA EDICIÓN el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, la norma refleja una necesidad imperiosa: ante la poda sistemática de fondos nacionales -como la eliminación del FONID, la reducción de programas sanitarios como el Remediar, la interrupción del Fondo Compensador del Transporte y la paralización de la obra vial, Misiones se ve obligada a absorber con recursos propios y financiamiento internacional de organismos como el BID, FONPLATA y la CAF (unos $380 mil millones proyectados) el costo de sostener los servicios esenciales. El voto negativo de los bloques opositores más inflexibles -los cuatro diputados de La Libertad Avanza, junto a Ramón Amarilla y Analía Labandoczka- contrastó con el amplio respaldo transversal que alcanzó el 99% de representación parlamentaria en su votación general.

Lejos de la debilidad que algunos analistas vislumbraban ante la ruptura del verticalismo tradicional, la gestión demostró que la gobernabilidad en tiempos de crisis no se decreta. La nueva realidad legislativa descansa sobre algo mucho más concreto: la normalidad.