Crainer Odyllie Abauna, el surinamés de 37 años, que rechazó el 31 de agosto un juicio abreviado de siete años de prisión como miembro de una red narco que traficaba cocaína en cápsulas a Europa en los estómagos de jóvenes que salían de Argentina a través de Bernardo de Irigoyen y regresaban con drogas sintéticas o de diseño, ayer cambió radicalmente de parecer en el inicio de la segunda audiencia de debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOCF) de Posadas.
Aceptó firmar el acuerdo ofrecido por el fiscal Pablo Ricardo Di Loreto y por Martín Uriona, cofiscal por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), por el mismo monto de pena: “Entendí que es lo mejor para mí”, se defendió.
Abauna está imputado como principal eslabón de la cadena de tráfico de estupefacientes, cuyo cabecilla Johan Bodji de 52 años -en la primera audiencia- ratificó una condena de 11 años de prisión efectiva por organizar y financiar la banda.
El acuerdo de juicio abreviado de Bodji fue firmado como “organizador y financista” de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio, agravado por haberse llevado a cabo con la intervención de más de tres personas” (artículos 7 en función del 5, inciso C, y 11, inciso C, de la ley 23737; 45 del Código Penal de la Nación) pero también como presunto “partícipe necesario” de “falsificación de documentos públicos, falsificación agravada y falsedad ideológica y desobediencia”(artículos 45, 55, 239, 292 y 293 del CPA).
Ahora, con el acuerdo de Abauna, el debate quedó con solo dos imputados que rechazaron el juicio abreviado. En total, fueron cinco los que prefirieron admitir culpas, entre ellos los argentinos Jorge Antonio Sandoval (47), Karen Aldana Guzmán y Carla Luján Grondona (misionera de 23 años).
El porteño Ricardo Francisco Bruno y Jackeline Polo Carlo (peruana de 41 años), continuarán el proceso de juicio oral con la nueva fecha fijada para el 23 de octubre, ambos por la presunta comisión de los delitos de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio, agravado por haberse llevado a cabo con la intervención de más de tres personas, en calidad de coautores” (artículos 5, inciso “c”, y 11, inciso “c”, de la ley 23737; artículo 45 del CPA).
Como lo publicó PRIMERA EDICIÓN, Sandoval, de oficio conductor de Uber pero con antecedentes por contrabando agravado de estupefacientes, acordó una condena de ocho años de prisión, penalmente responsable como autor de “tráfico de drogas”, pero que aumentó a nueve con el cómputo de la condena anterior.
La chaqueña Karen Aldana Guzmán, aceptó seis años y seis meses de prisión y la misionera Carla Luján Grondona, cuatro.
La joven eldoradense, actualmente cumple detención domiciliaria en Santiago de Liniers y cuida a sus dos hijos de cuatro y ocho años.
“Soy carpintero”
Crainer Abauna no solo es conocido por estar involucrado en este expediente 1758 iniciado en 2023. En 2011 fue investigado en la causa de la “narcomodelo” Daiana Antivero por tráfico de cocaína a Holanda. Tras su rechazo inicial hace 24 días a un juicio abreviado porque no podía incluir su expulsión del país, como él lo exigía, se esperaba que ayer se iniciara el juzgamiento ante los jueces Fabián Cardozo, Ruth María Ponce de León y Enrique Jorge Bosch (subrogante e integrante del TOCF-Resistencia).
Sin embargo, Mariano Romero, su defensor oficial, abrió la audiencia ayer con el cambio de decisión. Los jueces realizaron de inmediato la audiencia de visu y Abauna con una traductora de inglés ofrecida por el tribunal relató que antes de ser detenido “me ganaba la vida como carpintero” en Capital Federal, pero que sus ingresos mayores los obtuvo mediante “los bitcoins” y sus habilidades como comerciante. “Mensualmente ganaba tres mil dólares, aproximadamente, pero siempre reinvertía en criptomonedas”. La acusación en este expediente describe que Abauna y Bodji lideraron en Argentina una estructura criminal asentada, al menos, desde mayo de 2023 hasta el 22 de octubre de 2024, con operaciones en diferentes lugares como: Misiones, Chaco, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El plan tendría como finalidad el contrabando de cocaína desde este país, Paraguay o Brasil hacia países de Europa occidental, tales como España y Francia, mediante la utilización de “mulas” o “camellos” que trasladarían la droga en su cuerpo mediante la ingesta de los estupefacientes contenidos en cápsulas.
Como contraprestación de la entrega en destino de cocaína, los integrantes de la organización obtendrían a cambio estupefacientes sintéticos, como MDMA, para ser distribuidos en diferentes lugares de Argentina.
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