La arquitectura del Estado provincial continúa en una fase de reingeniería política, fiscal y administrativa. A través de una serie de movimientos en el Ejecutivo, la Legislatura y los ámbitos de negociación federal, la administración que lidera Hugo Passalacqua busca un reordenamiento y la redefinición de los equilibrios del poder político en Misiones.
Una de las marcas políticas más relevantes se conoció mediante los decretos 1764, 1766 y 1818, firmados por el gobernador, normativas que modificaron sustancialmente la estructura de conducción del Parque de la Salud, el organismo más importante del sistema sanitario provincial.
Si bien la Fundación preserva su autonomía administrativa, financiera, patrimonial y de recursos humanos, la nueva normativa subordina su actuación a las directrices sanitarias impartidas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.
La renovación del Consejo de Administración y de la Comisión de Fiscalización descripta en el Decreto 1766 materializó un profundo desplazamiento político. Con la asunción de Daniel Rubén Hassan como presidente y Daniel Román Silva como vicepresidente, junto al ingreso de los ministros Silvana Giménez (Trabajo) y Matías Vilchez (Acción Cooperativa) como vocales, se incrementó de manera directa la presencia del Gabinete provincial en la mesa de decisiones. Quedaron formalmente fuera de la conducción figuras históricas como Leonardo “Lalo” Stelatto, Martín Cesino y Orlando Franco. Asimismo, el Decreto 1818 instruyó al nuevo Consejo a dejar sin efecto la figura de Presidente Honorario, cargo que ocupaba Carlos Rovira.
Esta secuencia consolida una intervención más directa de la Gobernación sobre los resortes estratégicos de la salud pública, un área especialmente sensible tanto por el volumen presupuestario que administra como por la necesidad de transparentar procesos contractuales tras cuestionamientos previos, tales como la contratación de la plataforma de telemedicina Alegramed y su reciente reemplazo por el desarrollo estatal Misiones Salud.
En el plano de la vinculación con el Estado nacional, Misiones avanza en la concreción de un reclamo histórico vinculado a las asimetrías en el costo y consumo de energía eléctrica. La sanción en el Senado de la modificación al régimen de Zonas Frías destrabó la condición política previa exigida por Nación para avanzar con un tratamiento diferencial enfocado en las provincias de altas temperaturas, estructurado durante la última cumbre de gobernadores del Norte Grande en Posadas.
El entendimiento contempla para la provincia un bloque subsidiado de hasta 500 kWh mensuales durante el período estival (noviembre a abril), momento en el cual se registra la mayor demanda por el uso de equipos de refrigeración, frente a los 300 kWh previstos para el resto del año.
La bonificación nacional opera sobre el volumen delimitado por el bloque; todo consumo excedente debe abonarse sin asistencia estatal. El reclamo misionero se fundamentó en la ausencia de una red de gas natural en el territorio provincial, lo que genera una hiperdependencia de la matriz eléctrica tanto en hogares como en sectores productivos.
Para que el nuevo límite impacte de forma efectiva en las facturas, resta que la Secretaría de Energía de la Nación formalice los bloques definitivos, las categorías climáticas y los umbrales socioeconómicos de acceso -vinculados preliminarmente a un tope de tres Canastas Básicas Totales-, permitiendo su posterior bajada operativa a través de Energía de Misiones y las cooperativas eléctricas locales.
En tanto y frente a un escenario macroeconómico complejo, el Gobierno provincial instrumentó la Resolución Nº 77/26, firmada por el ministro de Industria, Federico Fachinello, que pone en marcha un Régimen Simplificado de Radicación y Habilitación de Pequeñas Industrias. La medida aborda uno de los principales cuellos de botella administrativos que enfrentan las PyMEs y emprendedores locales: la demora en los plazos de habilitación. A partir de ahora, la Dirección General de Industria cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para verificar los recaudos formales y emitir la Disposición de Habilitación Industrial mediante el uso de Declaraciones Juradas, eximiendo a los proyectos de menor escala de la presentación anticipada de exigencias técnicas complejas.
Este esquema modifica la matriz de control estatal: la fiscalización previa es sustituida por auditorías posteriores directamente en planta, garantizando que el cumplimiento de las normativas de seguridad, higiene y protección ambiental no se traduzca en una paralización operativa inicial. La medida actúa como un puente normativo transitorio mientras la Legislatura debate una nueva ley integral de radicación industrial.
La contracción de la actividad industrial y su impacto sobre el empleo formal también escaló al ámbito legislativo nacional. Durante una reunión de la Comisión de Economía de Diputados, Gustavo Melgarejo, delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), expuso la crítica situación generada tras el cierre de la planta de Dass en Eldorado.
Melgarejo interpeló directamente al diputado nacional de La Libertad Avanza Diego Hartfield -cuyas declaraciones previas sobre los costos sociales del ajuste habían generado fuerte controversia-, cuestionando el impacto de la apertura importadora sobre una unidad productiva que llegó a emplear a 1.500 trabajadores y que, según el sector sindical, mantiene la capacidad instalada para reactivar su producción si se modifican las variables macroeconómicas y se gestionan respuestas institucionales directas ante el Ejecutivo nacional. “Diego Hartfield te dice: ‘algunos van a sufrir’; que sufra él, ¿por qué tenemos que sufrir nosotros?”, lanzó Melgarejo.
Lo que avanza es la pobreza
• Relato… “Toto” Caputo en abril de 2026: “Entramos en un proceso virtuoso en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.
• Realidad: Según señaló días atrás el INDEC, el 32,3% de las personas quedó bajo la línea de pobreza en el primer semestre, contra 28,2% del segundo semestre de 2025. La indigencia trepó de 6,3% a 7,5%. Proyectadas al total del país, las cifras equivalen a unos 15 millones de pobres y 3,5 millones de indigentes. La explicación figura en el propio informe oficial: los ingresos crecieron menos que las canastas. El ingreso per cápita familiar subió 11,5%; en el mismo período, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 21,4% y la Total, 19,6%.
• Relato: tras su discurso ante la asamblea general de Naciones Unidas, el presidente Javier Milei señaló en una entrevista que la prioridad es “que la economía siga creciendo, que la inflación siga bajando y que así la pobreza siga cayendo. Eso lo estás viendo. Llevamos 28 meses seguidos creciendo. Si trabajamos con el EMAE desestacionalizado, para poder tener frecuencia mensual, el primer año nos expandimos al 6,7% y el segundo a casi 4%. Si mantenemos las proyecciones de mercado, no las nuestras, estaríamos entre 18% y 20% de crecimiento en los cuatro años”.
• Realidad: según los datos informados por el INDEC en la semana que culminó, la economía argentina sumó una nueva señal de alerta, ya que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio en términos desestacionalizados y 1,4% interanual. El número adquiere mayor relevancia porque la entidad ya informó que el Producto Interno Bruto (PBI) retrocedió 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente al primero. Aunque todavía se encuentra 2% por encima del mismo período del año pasado, los resultados instalan la pregunta de qué tan cerca está la economía de una recesión.
El Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella estimó en agosto una probabilidad del 82% de ingresar en una fase recesiva durante los próximos seis meses. La recesión implica la contracción generalizada de la actividad junto con la producción, el consumo, la inversión y, como consecuencia, el empleo.
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