La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciada por el presidente Javier Milei podría contribuir a ordenar las reglas monetarias y reducir la posibilidad de financiamiento del déficit mediante emisión. Sin embargo, su efectividad dependerá de factores que exceden el contenido de una ley, entre ellos el consenso político, la estabilidad macroeconómica y la confianza de la sociedad en la moneda. Así lo planteó Darío Díaz, economista, estadístico y científico de datos, quien analizó con FM 89.3 Santa María de las Misiones el paquete de proyectos presentado por el Gobierno nacional.
“Las leyes, en nuestra historia argentina, no garantizan el cumplimiento sostenido, la capacidad de supervisión ni la estabilidad macroeconómica. Son condiciones necesarias, pero no suficientes”, advirtió.
Díaz aclaró que el anuncio presidencial no se limita a una sola iniciativa, sino que comprende cuatro proyectos separados que deberán ser analizados de manera individual cuando se conozca su redacción completa. El primero apunta a reformar la Carta Orgánica del Banco Central y pretende que la entidad tenga una misión central: preservar el valor de la moneda. También procura impedir que el organismo financie al Estado mediante emisión y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.
Según señaló, el planteo retoma un esquema similar al vigente durante la década de 1990, cuando la estabilidad monetaria era el objetivo prioritario. Esa estructura cambió en 2012, cuando se incorporaron otras finalidades, como la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico y la equidad social.
El argumento del Gobierno es que una multiplicidad de metas termina diluyendo las prioridades del organismo. Díaz reconoció que existen antecedentes internacionales de bancos centrales con objetivos únicos o jerarquizados. Mencionó a Perú, cuya autoridad monetaria concentra su misión en preservar la estabilidad de la moneda; a Chile, que suma el normal funcionamiento de los pagos; y a Brasil, donde la estabilidad de precios ocupa el primer lugar, seguida por el pleno empleo y la estabilidad financiera.
De acuerdo con el especialista, entre 1923 y 2003 se registraron 370 reformas de cartas orgánicas en 155 países, lo que muestra una tendencia internacional a revisar periódicamente las funciones de los bancos centrales y, en muchos casos, a reducir la cantidad de objetivos simultáneos.
La inflación no depende únicamente de la emisión
Díaz explicó que la lógica económica del paquete anunciado parte de una idea central: si el Estado mantiene equilibrio fiscal, disminuye la necesidad de financiar el gasto mediante emisión monetaria. Bajo esa interpretación, una menor cantidad de pesos en circulación contribuiría a reducir la presión inflacionaria. No obstante, advirtió que presentar la emisión como la única causa de la inflación implica adoptar una explicación “monocausal”.
“Es cierto que la causa primaria aparece cuando hay un exceso de pesos, pero ese exceso no se produce solamente cuando se emite de más. También ocurre cuando la gente deja de confiar en la moneda”, sostuvo.
En términos económicos, esa pérdida de confianza se traduce en una caída de la demanda de dinero. Cuando las personas anticipan una devaluación, desconfían del tipo de cambio o prefieren preservar sus recursos en otras monedas o activos, comienzan a desprenderse de los pesos. Esa conducta puede alimentar la inflación aun cuando la emisión monetaria permanezca bajo control.
Por ese motivo, Díaz consideró que la reforma podría contribuir a recuperar credibilidad, aunque aclaró que no reemplaza la necesidad de consolidar un programa económico consistente.
“Creo que puede ayudar, pero en la Argentina, más que sancionar leyes, se requiere consenso político”, resumió.
La misma advertencia se extiende a la autonomía del Banco Central. El economista diferenció entre la independencia formal, establecida mediante una ley, y la independencia efectiva que el organismo logra ejercer frente a las presiones de cada gobierno.
Como muestra de esa fragilidad institucional, señaló que en 83 años pasaron 61 presidentes por el Banco Central, con una permanencia promedio cercana a un año, y que solamente uno habría completado íntegramente su mandato.
La propuesta del Ejecutivo establece que la remoción del titular de la entidad requiera una mayoría de dos tercios en el Congreso. Sin embargo, el economista observó que el sistema podría quedar desequilibrado si la salida de las autoridades queda fuertemente protegida, mientras el mecanismo de designación continúa siendo comparativamente más flexible.
“Se puede tener una independencia legal y, sin embargo, que en los hechos esa independencia no exista. Ese es un aspecto que habrá que trabajar”, explicó.
El “grillete fiscal” y el desafío político
El segundo proyecto anunciado por Milei es el denominado “grillete fiscal”. La propuesta contempla que, si el Estado registra déficit durante varios meses consecutivos y el Congreso no corrige el desequilibrio, se suspendan automáticamente determinadas actividades consideradas no esenciales. Mientras ese mecanismo permanezca activo, tampoco cobrarían sus salarios el Presidente, los ministros, diputados y senadores, según lo anticipado durante la cadena nacional.
Para Díaz, este punto será uno de los más difíciles de implementar porque requiere algo más que una mayoría legislativa circunstancial. “No puede ser solamente una ley que llegó para quedarse. Tiene que convertirse en un cambio cultural y político que llegó para quedarse”, sostuvo.
El economista vinculó los déficits fiscales persistentes con la inflación crónica que atravesó la Argentina durante décadas, pero advirtió que una regla de esta magnitud solo puede sostenerse si existe un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas.
“El Gobierno va a necesitar músculo y cintura política para lograrlo. Lo veo complicado”, reconoció.
Los otros dos proyectos apuntan a modificar el mercado de capitales y el régimen de seguros. En el primer caso, el objetivo sería reducir trámites para que las empresas puedan emitir deuda y captar ahorro local con mayor facilidad. La intención oficial es que los recursos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero o se destinan al exterior puedan canalizarse hacia inversiones productivas.
En cuanto al mercado asegurador, la propuesta prevé que las compañías puedan diseñar y vender nuevos productos sin autorización previa, mientras el Estado concentraría sus controles en la solvencia de las empresas y la prevención del fraude.
Díaz remarcó que todavía no es posible realizar una evaluación definitiva porque no se conoce el texto completo de las iniciativas. “Por ahora son anuncios. Todavía no tenemos la letra chica de los proyectos y eso es clave”, señaló.
El especialista manifestó especial interés por las reformas de los mercados de capitales y seguros, debido a que allí deberán precisarse los controles, las garantías para los usuarios y las condiciones bajo las cuales se flexibilizarán las operaciones.
“Habrá que ver qué reforma del mercado de bonos y acciones tiene en mente el Gobierno y cómo funcionará el cambio en los seguros. Tenemos que estar atentos a la letra chica”, concluyó.
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