A través de la Resolución Nº 08, la Secretaría de Estado de Cambio Climático de la provincia oficializó la creación del “Registro Provincial de Proyectos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático”. La medida establece la implementación de un formulario digital obligatorio que concentrará la información de todas las iniciativas ambientales que se desarrollen en el territorio misionero.
Según los considerandos de la normativa, la iniciativa se fundamenta en las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios (Ley XVI – Nº 139), la cual encomienda a dicha Secretaría la planificación y fiscalización de las estrategias vinculadas al cambio climático en la provincia. Las autoridades señalaron que la incorporación de herramientas tecnológicas busca agilizar la gestión pública, optimizar los recursos del Estado y acortar los plazos administrativos para los ciudadanos y las organizaciones.
El nuevo registro funcionará como un paso técnico previo y obligatorio a nivel local. Toda la información recopilada por la provincia será remitida posteriormente al Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático (RENAMI), con el objetivo de coordinar las acciones locales con las exigencias y compromisos ambientales asumidos por la República Argentina.
En el aspecto práctico, el área ambiental diseñó e implementó este registro a través de la plataforma digital Google Forms. Los responsables de los proyectos deberán completar el formulario con carácter de Declaración Jurada, asumiendo la responsabilidad legal sobre los datos aportados.
Entre los requisitos obligatorios solicitados en el aplicativo se encuentran:
- Los datos identificatorios del presentante y del titular de la iniciativa.
- La descripción detallada del proyecto, especificando si corresponde a acciones de mitigación -orientadas a reducir gases de efecto invernadero o capturar carbono- o de adaptación al cambio climático.
- La localización georreferenciada exacta del área de ejecución dentro de la provincia.
Con esta disposición, el Gobierno provincial busca centralizar y estandarizar el control de las actividades sustentables y de conservación que llevan adelante empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y particulares en la región.










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