El Gobierno nacional mantiene activa la revisión de estructuras dentro del Estado y prepara una nueva etapa de recortes para la segunda mitad del año. Tal como había anticipado el presidente Javier Milei, la administración libertaria analiza, ministerio por ministerio, dónde puede profundizar el ajuste, con el foco puesto en la cantidad de trabajadores, las funciones que cumplen y la posibilidad de reducir dotaciones sin afectar -según la mirada oficial-el funcionamiento de las áreas.
En las últimas semanas funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, recorrieron distintas carteras nacionales con el objetivo de evaluar estructuras internas. La tarea apunta a identificar cuántas personas se desempeñan en cada organismo, qué funciones cumplen, si esas funciones son consideradas necesarias y, sobre todo, si pueden realizarse con menos personal.
La presencia de equipos vinculados a Sturzenegger en los ministerios encendió señales de alerta dentro de la administración pública. Según describió un ministro en estricto off the record, cada vez que funcionarios del área de Desregulación aparecen por las distintas dependencias se transmite una misma orientación: continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad del año, en lo posible en cada área estatal.
En la Casa Rosada consideran que la llamada “motosierra” no se apagará y que todavía existe margen para avanzar con nuevas reducciones. Funcionarios de primera línea estiman que no habrá mayores dificultades para cumplir con las metas de ajuste fijadas por el Gobierno. Sin embargo, dentro de la propia administración libertaria también hay miradas menos optimistas: algunos advierten que una nueva ola de despidos podría generar dificultades operativas y afectar la gestión cotidiana de áreas sensibles.
La estrategia oficial se inscribe en la política de reducción del gasto público que el Gobierno presenta como uno de los pilares de su programa económico. Desde esa mirada, la revisión de estructuras busca eliminar superposiciones, achicar planteles y “eficientizar” el funcionamiento estatal. Pero para los gremios del sector público, el proceso implica una profundización del ajuste sobre trabajadores que, en muchos casos, tienen años de antigüedad y cumplen tareas específicas dentro de los organismos nacionales.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon que habrá resistencia si el Gobierno avanza con nuevos despidos. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que el sindicato no permanecerá en silencio ante una nueva etapa de recortes. “No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, sostuvo.
Aguiar también reclamó la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias y vinculó la discusión salarial con el clima de conflicto que podría crecer en la administración pública durante los próximos meses. “Las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado”, señaló el dirigente estatal.
En la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que conduce Andrés Rodríguez, también observan con preocupación los planes oficiales, aunque por el momento evitan anticipar si impulsarán medidas de fuerza. Desde el sindicato plantearon una mirada crítica sobre la política del Gobierno y advirtieron que el ajuste viene golpeando con fuerza al Estado nacional.
“Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado nacional”, señalaron desde UPCN. Además, remarcaron que ya fueron desvinculados trabajadores con más de diez años de antigüedad, muchos de ellos con formación y experiencia dentro de la administración pública.
Desde el gremio también cuestionaron que los despidos hayan alcanzado a empleados que habían atravesado las evaluaciones impulsadas por el propio Gobierno. Según indicaron, se trata de trabajadores “muy formados y muy preparados”, que incluso aprobaron el examen realizado a empleados estatales, con un nivel de aprobación que, de acuerdo con UPCN, llegó al 95%.
A la preocupación por las desvinculaciones se suma el deterioro salarial. “Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales está lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa”, plantearon desde el sindicato.
El debate de fondo vuelve a poner en tensión dos miradas sobre el rol del Estado. Para el Gobierno, el achicamiento de estructuras es parte de una política destinada a reducir el gasto, ordenar las cuentas públicas y limitar el peso de la administración nacional. Para los gremios, en cambio, el ajuste amenaza con debilitar áreas de gestión, precarizar el funcionamiento estatal y dejar sin respuesta a sectores que dependen de políticas públicas.
“Para el futuro creemos que el Estado debe ser una entidad que sirva con justicia social a la sociedad que, verdaderamente, se la está descuidando mucho actualmente. Esto tiene que cambiar porque el Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno”, remarcaron desde UPCN.
En esa línea, el gremio sostuvo que puede discutirse la eficiencia del Estado, pero no su desmantelamiento. “Podemos hablar de eficientizarlo todo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado”, indicaron.
Con ese escenario, la segunda mitad del año asoma como un período de mayor tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales. Mientras la administración de Milei prepara nuevas revisiones internas y sostiene que continuará con el ajuste, ATE y UPCN advierten que el costo social, laboral y operativo de los recortes puede derivar en un aumento de la conflictividad dentro del Estado.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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