“La moral como política de Estado” duró exactamente lo que le llevó al presidente Javier Milei leer ese discurso el 1º de marzo pasado. De aquella autodenominada “masterclass” oficialista a estos días, el relato quedó más expuesto que nunca.
Así como las valijas de José López en el convento o la montaña de billetes de Lázaro Báez se convirtieron en lápidas para el relato kirchnerista, hoy Javier Milei enfrenta otro enorme “monumento” a la contradicción después de fenomenales polémicas como $LIBRA, Diego Spagnuolo (amigo y abogado del presidente, a cargo de ANDIS) o la relación de José Luis Espert con un empresario acusado de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. En menos de tres años de gobierno, La Libertad Avanza acumuló más escándalos que cualquiera antes.
La “cascada” de sospechas que envuelve hoy a Manuel Adorni, acaso el funcionario más importante del Gobierno después del Presidente, ya no se reduce a una cuestión judicial, es algo mucho más letal para el ecosistema político argentino y su implacable memoria visual. Es, lisa y llanamente, la fenomenal devaluación de la ejemplaridad de un gobierno que se pretendía disruptivo y distinto a todo lo que hubo antes.
En campaña y ya en el poder, el discurso oficialista se cimentó sobre un pilar de hierro: la honestidad como frontera infranqueable entre “nosotros” (los ciudadanos de bien) y “ellos” (la casta impune). Pero la acumulación de polémicas hace dudar hasta al más “chupamedias”… y se nota en el ida y vuelta en las redes.
La opacidad de Adorni para explicar su patrimonio y las refacciones de su vivienda en un country rompe el cristal que instaló el propio Gobierno y da de lleno contra los datos duros de la realidad. La imagen de la “cascada” funciona como un recordatorio visual de que, mientras el ajuste “duele” en el bolsillo de las familias, en los pliegues del poder el confort sigue su curso.
El error del Gobierno no fue solo el hecho estético, sino el empecinamiento en la negación. Al intentar acallar a la prensa y victimizarse ante el Congreso, Adorni activó el efecto boomerang: transformó una sospecha patrimonial en un espectáculo de soberbia.
Entonces, ¿por qué Milei sostiene a Adorni? Algunos ven en él un pararrayos que absorbe el odio para proteger al Jefe; otros lo ven como un peón en la guerra fría entre Karina Milei y Santiago Caputo. Pero la dinámica historia de este Gobierno marca que nadie es indispensable en el universo libertario. La lista de caídos en desgracia es larga, desde Victoria Villarruel, pasando por Nicolás Posse, hasta José Luis Espert y el reciente Demian Reidel (Nucleoeléctrica).
Dato anexo para la “catarata” de quilombos: la Justicia imputó por estas horas al extitular de Nucleoeléctrica, el mismo hombre que, junto al presidente Javier Milei, esperaba obtener el premio Nobel de Economía. El caso vuelve a colocar bajo sospecha el manejo de fondos públicos en áreas sensibles del Estado y expone un patrón cada vez más recurrente: organismos estratégicos atravesados por gastos opacos, controles débiles y rendiciones incompletas.
La investigación judicial no solo apunta a posibles consumos ajenos a la función institucional mediante tarjetas corporativas, sino también a una presunta cadena de omisiones dentro del directorio y la sindicatura, encargados precisamente de garantizar transparencia y supervisión.
El caso vuelve a exponer la fuerte contradicción política de este mandato: mientras se exige sacrificio social, la Justicia intenta determinar si dentro de una empresa estatal clave se utilizaron recursos públicos sin trazabilidad clara ni controles efectivos.
Así las cosas, entre Spagnuolo, Espert, Adorni, Reidel (yo todo lo que hubo en el medio), en lo que va del mandato y con la anticipada intención de ir por otro, el Gobierno ya no logra formalizar su discurso de transparencia y ve jaqueada de muerte su propia “batalla cultural”. Con la microeconomía siempre en terreno fangoso, Milei debe decidir si su gestión se medirá por la eficacia económica o por la integridad moral. Al fin y al cabo, al día de hoy, reprueba en ambas. El famoso “riesgo kuka” que Luis “Toto” Caputo menciona para justificar las tasas de interés, ya no es solo una amenaza financiera; es una posibilidad política real alimentada por los escándalos propios.
La paradoja de la libertad
Dato 1: Otro tema cruzó la semana y expuso la crudeza y la contradicción del modelo económico. La libertad, cuando se aplica sin anestesia a los mercados de servicios esenciales, suele arrojar resultados matemáticos tan fríos como crueles. Los datos recientes del Instituto Argentina Grande (IAG) son el acta de defunción del acceso a la salud para cientos de miles de argentinos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las prepagas aplicaron un incremento del 417%, superando con holgura la ya asfixiante inflación del 293%.
El resultado era previsible: la “mano invisible” del mercado terminó empujando a 742.000 personas fuera del sistema privado, dejando a más de 10 millones de ciudadanos dependiendo exclusivamente de un sistema público que hoy cruje bajo el peso de la demanda y el desfinanciamiento. Resulta una ironía trágica que un gobierno cuya bandera principal es el achicamiento del Estado termine, por impericia o dogma, agrandando la carga sobre el sector público.
Al liberar los precios de las prepagas -que funcionaron durante meses como un oligopolio sin frenos- y permitir la caída de 206.000 empleos registrados, el Ejecutivo dinamitó los dos pilares que sostenían la cobertura privada en Argentina: el ingreso y el empleo.
Un aumento que supera por 124 puntos porcentuales a la inflación general es una transferencia de recursos que torna a la salud un bien de lujo. Al caer la cobertura del 67,5% al 65,4%, el Estado -ese que se pretende reducir a su mínima expresión- se ve obligado a absorber a los “caídos” del sistema.
Lo más alarmante de esta radiografía es el estado del refugio final. Mientras el sistema público recibe a los miles de argentinos que ya no pueden costear sus cuotas o que perdieron su trabajo, el Gobierno mantiene una política de asfixia presupuestaria. El grito de auxilio de los hospitales universitarios es el síntoma de una enfermedad terminal.
El dogma libertario choca de frente con la realidad hospitalaria. Se pretende achicar el Estado, pero se lo termina congestionando con pacientes que antes se atendían por su cuenta; se busca fortalecer lo privado, pero se lo vuelve prohibitivo. Gobernar es fijar prioridades. Si el objetivo era la eficiencia, el resultado actual es el opuesto. El modelo actual está logrando lo impensado: que el camino hacia la “libertad” termine, obligatoriamente, en la ventanilla de un Estado que el propio Gobierno desprecia.
Dato 2: Durante décadas, Argentina discutió cómo industrializarse. Hoy, en cambio, empieza a discutir cuánto daño puede soportar antes de desindustrializarse definitivamente. Un dato de la consultora Audemus ubica al país junto a Hungría como la economía con peor desempeño industrial del planeta en los últimos dos años. No es solamente una estadística incómoda: es una señal de alarma estructural.
El informe traza un deterioro transversal, profundo y persistente. Catorce de dieciséis ramas industriales en caída, dieciocho de diecinueve perdiendo empleo y casi 80 mil puestos registrados destruidos desde noviembre de 2023. La industria textil, la metalmecánica y la cadena automotriz aparecen entre las más golpeadas por un modelo económico que eligió abrir importaciones, atrasar el tipo de cambio y retirar al Estado de cualquier política productiva.
El Gobierno insiste en que la estabilidad macroeconómica es condición indispensable para crecer. Y seguramente tenga razón. El problema es que la estabilidad, cuando se transforma en un dogma financiero sin red productiva, puede terminar generando una economía ordenada en los papeles, pero vaciada en su capacidad de producir trabajo, valor agregado y mercado interno.
La paradoja argentina es brutal. Mientras el mundo avanza hacia nuevas formas de proteccionismo, subsidios industriales y defensa estratégica de sus cadenas productivas, Argentina decidió recorrer el camino inverso.
Estados Unidos subsidia tecnología, China protege su aparato manufacturero, Europa redefine su política industrial frente a la crisis energética y Asia concentra más del 40% del valor agregado global. Argentina, en cambio, instaló la idea de que la industria nacional debe sobrevivir sola, librada a la competencia internacional, aun cuando compite con economías que subsidian energía, financiamiento y producción.
Por supuesto que la industria argentina arrastraba problemas históricos: baja competitividad, presión tributaria, costos logísticos, inflación crónica y falta de financiamiento. Pero el informe de Audemus plantea otra cuestión: lejos de corregir esas debilidades de manera gradual y estratégica, el actual esquema aceleró el proceso de exposición y deterioro en medio de una economía recesiva. El resultado empieza a verse con crudeza.
Siempre de espaldas
Mientras tanto, en otro capítulo de desconexión con la calle, el ministro Luis Caputo atribuyó el incremento de la mora a una mala interpretación macroeconómica por parte de la gente. El funcionario alegó que muchos argentinos se endeudaron creyendo que la inflación terminaría licuando sus deudas, pero el nuevo escenario económico les cambió las reglas de juego. La definición, aunque técnicamente ordenada, revela mucho más de lo que intenta ocultar: para el Gobierno, el problema central no sería la pérdida de ingresos, sino la mala decisión de quienes pidieron crédito para sobrevivir.
Los datos privados, desde donde se apalancaba Caputo cuando era oposición, trazan un panorama bastante distinto al relato oficial. Tanto Empiria como Equilibra muestran que el deterioro del poder adquisitivo no es una percepción ni un fenómeno aislado, sino un proceso sostenido que ya lleva meses. El ingreso disponible -es decir, lo que queda después de pagar luz, gas, alquiler, expensas y otros gastos inevitables- volvió a caer y hoy está claramente por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.
Ahí aparece el verdadero corazón del problema. Básicamente la mora crece porque el dinero ya no alcanza. Porque el ajuste de precios relativos, celebrado por el Gobierno como una corrección necesaria, se tradujo en hogares donde los servicios básicos consumen una porción cada vez mayor del salario.
Según Empiria, los gastos fijos ya representan cerca del 24% de los ingresos familiares, ocho puntos más que a fines de 2023. Y mientras la inflación general desacelera lentamente, los rubros que más pesan en los sectores populares -alimentos, vivienda y tarifas- siguen corriendo muy por encima.
El contraste es todavía más fuerte cuando se observan los números por nivel social. Los hogares más pobres enfrentan una inflación superior a la de los sectores altos porque destinan más recursos a comida y servicios esenciales. En otras palabras: la desaceleración inflacionaria existe, pero no se siente igual en todos los bolsillos. Para una parte importante de la sociedad, la estabilidad todavía es un gráfico.
Caputo insiste en que marzo habría sido el pico inflacionario y que desde abril comenzaría una recuperación del salario real. Pero incluso las consultoras que reconocen cierta mejora futura advierten que el rebote todavía no aparece. El ingreso disponible acumula seis meses consecutivos de caída y algunos sectores, como trabajadores públicos y jubilados, siguen muy por debajo de los niveles que tenían antes de la llegada de Milei al poder.
La paradoja hiere cuando se la expresa correctamente: el Gobierno celebra la recuperación del crédito y la baja de tasas, mientras las familias usan tarjetas para cubrir gastos corrientes y luego no logran pagar los vencimientos.
Y mientras la Casa Rosada apuesta toda su legitimidad al orden macroeconómico (ya no a la inflación, la lucha contra la corrupción o la casta), las provincias empiezan a advertir otra señal de alarma: caída de recaudación, desplome de la coparticipación y menor actividad económica. El ajuste nacional logró enfriar la inflación, pero también enfrió el consumo, la circulación de dinero y la capacidad fiscal de los distritos.
Efectos
En esa línea también se instala el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien describió el escenario económico como una recesión de “alta intensidad”, con un impacto sobre la provincia que, según afirmó, supera incluso el registrado durante la pandemia. “El problema radica en que la economía nacional está deprimida, atravesando un proceso de recesión”, sostuvo el funcionario, al vincular la caída de la actividad económica con el deterioro de la recaudación y las dificultades fiscales que enfrentan las provincias.
En ese marco, Safrán defendió el cálculo presentado por el gobernador Hugo Passalacqua el 1 de mayo sobre el aporte mensual de Misiones a la Nación, estimado en $476 mil millones en impuestos nacionales. Explicó que la metodología utilizada no se basa en la recaudación formal registrada por ARCA, sino en la actividad económica efectivamente generada en territorio misionero.
“Muchas empresas tienen domicilio en CABA y declaran impuestos allá, pero la riqueza se genera en Misiones”, indicó, al señalar que grandes firmas de sectores como la forestoindustria, la energía o la producción centralizan administrativamente sus tributos fuera de la provincia. Para estimar el aporte real, el Gobierno provincial toma las ventas declaradas por cada sector y aplica parámetros de Valor Agregado Bruto similares a los utilizados por ARCA.
La cifra adquiere relevancia frente a los aproximadamente $170 mil millones mensuales que Misiones recibe por coparticipación federal, evidenciando una fuerte asimetría entre lo que la Provincia genera y lo que retorna desde la Nación. En esa línea, Passalacqua cuestionó el retiro del Estado nacional de programas de infraestructura, transporte, educación y salud, y criticó el actual esquema de federalismo fiscal.
“La Nación no nos envía recursos, nos devuelve lo que nos corresponde”, afirmó el Gobernador, quien además insistió en que “es fundamental guiarnos por los datos”.
En paralelo a esa discusión económica, Misiones empezó a mover sus propias fichas políticas. En un país en el que el discurso moral del oficialismo nacional empieza a mostrar grietas, la Provincia decidió ocupar parte de ese terreno simbólico con una agenda de control institucional y endurecimiento de requisitos para ejercer cargos políticos.
Ficha Limpia provincial, eliminación de las PASO, revisión de la Ley de Lemas y exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios y agentes estatales conforman un paquete político que mezcla demanda social de transparencia, lógica de control y búsqueda de legitimidad en un escenario nacional atravesado por el descrédito.
Por un lado, el oficialismo intenta mostrarse alineado con un humor social que exige mayor rigor ético hacia la dirigencia. Pero, al mismo tiempo, busca diferenciarse del deterioro moral que empieza a rodear a la experiencia libertaria nacional. Mientras Milei enfrenta denuncias, sospechas patrimoniales y conflictos internos, en Misiones se intenta instalar la idea de una política sometida a filtros, controles y requisitos cada vez más estrictos.
En definitiva, la política argentina parece haber entrado en una nueva etapa donde la discusión ya no gira solamente alrededor de la economía. La ejemplaridad -real o discursiva- volvió a convertirse en un activo de poder. Y después de años donde la moral pública parecía un accesorio retórico, hoy vuelve a ocupar el centro de la escena. El problema, como siempre en Argentina, es cuánto tiempo logra sobrevivir el relato antes de chocar contra la realidad.
